Vocación caníbal y autoritarismo comunal, por Rafael Uzcátegui
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A raíz de la promoción acelerada de un batiburrillo electoral, regionales y legislativas mezcladas, se ha instalado un duro debate dentro del campo democrático venezolano, cuyos contornos anuncian el inicio de una temporada de canibalismo entre nosotros. La discusión, estéril y cargada de simplificaciones, cumple exactamente los propósitos para los que el oficialismo se ha apurado en anunciar una nueva convocatoria comicial: Implosionar los mecanismos de construcción de consensos dentro del liderazgo opositor y minar la confianza de su mayoritaria base de apoyo.
El objetivo táctico sería desgastar la posibilidad de contestación a la imposición de una autocracia con el adjetivo «comunal», lo más grave que pudiera pasar luego del inicio de un gobierno de facto.
En política el orden de los factores altera el producto. Luego del 10 de enero nos preguntábamos la secuencia del esfuerzo normalizante de las autoridades. Cuál de las dos, elecciones regionales o la reforma de la Carta Magna, estaría de primero en una agenda que promete copar la discusión endógena para todo el 2025. Si el autoritarismo quería evitar las sorpresas del 28 de julio (el voto castigo de los propios y el entusiasmo de participación ajeno) tenía sentido poner la reforma constitucional de primero, jerarquizando el protagonismo de lo «comunal», revirtiendo la descentralización e incluyendo mecanismos de elección de segundo grado. No obstante, se han anunciado primero los comicios bajo una intención evidente: Estimular la fractura opositora para, luego, lograr imponer –sin mayor tensión– un nuevo modelo de Estado y de gobierno.
Haremos una sentencia para continuar: Tras el inicio de un gobierno de facto las elecciones regionales y de diputados son una anécdota. El evento sustancial post 10E del año 2025 será la instalación de los cimientos de una «dictadura comunal» en el país. El modelo de gobernabilidad descrito en la Ley de Comunas resta competencias a gobernaciones y alcaldías. Y hace irrelevante la existencia de un parlamento «burgués», herencia de la IV República.
Todo esto se ha venido vendiendo como el inicio de una «nueva democracia». Ante ello uno de los problemas, para un correcto posicionamiento, es pensar que estamos frente a una repetición inercial de hechos anteriores, ocurridos entre 1999 y 2024, y no ante el comienzo de una fase diferente, con sus propias rupturas y especificidades respecto a lo anterior. Y esto como consecuencia de no entender la profunda gravedad de lo ocurrido el 28 de julio, que no se puede comparar a ninguna decisión tomada por el oficialismo en los 25 años anteriores.
Frente al canto de sirena electoral los principales actores políticos han reaccionado tan veloz como mecánicamente, sin mayor discusión interna entre sus propios iguales, un lapso y un intercambio que les hubiera dado mayores elementos de compresión. Una segunda sentencia: Dado el nuevo escenario, el inicio de un gobierno de facto, el votar o no votar no tiene una fácil resolución –dado la cantidad de variables nuevas–, pero precisamente el esfuerzo de responder colectivamente a la pregunta puede transformar el dilema en oportunidad.
Si en la configuración de un modelo que dé sustento a la gobernabilidad de facto, se entiende que las estructuras parlamentarias y locales tienen fecha de caducidad, rápidamente uno concluye que cualquier opinión respecto al 27 de abril debe ser necesariamente parte de una decisión estratégica que la supere.
No serán los nuevos gobernadores, alcaldes o diputados los determinantes en lo que viene, sino la instalación formal de un modelo de dominación maquillado de «comunal». Entonces, el camino que se escoja para responder al dilema debería ser para recomponernos para enfrentar, en las mejores condiciones posibles, la verdadera amenaza existencial futura: La dictadura comunal.
Luego de dos décadas y media de conflicto hay heridas abiertas y profundos desgastes dentro de la alternativa democrática. Un sector importante de la oposición ha sido obligado a asumir la clandestinidad, teniendo en la actualidad Vente Venezuela un centenar de presos políticos y estando un candidato presidencial, Enrique Márquez en situación de desaparición forzada. Otros actores han sufrido menos la represión, y todavía pueden expresarse con relativa permisividad, en medios de comunicación.
Estas realidades, inocultables, pudieran aprender no de lo que ocurrió entre 1999 y 2023, en una situación diferente, sino de la única realidad medianamente comparable: La dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En los dilemas para antagonizarla, casi 10 años duraron los enfrentamientos intestinos entre los diferentes partidos de la época, un relato por cierto oculto y edulcorado por la historiografía oficial, hasta que en 1957 se logró la creación de la «Junta Patriótica» como dispositivo político de coordinación unitaria.
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Aquel ejemplo de generosidad, o pragmatismo, es necesario retomarlo ahora. Quienes se enfrentaron a aquella dictadura consiguieron la manera de superar diferencias irreconciliables y un pasado reciente lleno de desencuentros, duros epítetos y enconos personales; a pesar de los muertos, los torturados, los presos políticos y exiliados.
Transitar el camino contrario, persistir en canibalizarlos entre nosotros, será amanecer el 28 de abril en el mismo punto en el que estamos ahora, pero con todos los puentes dinamitados para enfrentar la amenaza del inicio de la dictadura comunal en el país. No se si usted vota o no lo hace lo «mejor para Maduro». El sueño de la ignominia es que usted se distancie de sus propios pares y le impida hacer resistencia al vendaval «comunal» que viene.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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