Voló Caldera de Fogade, por Teodoro Petkoff
Tal como comenzó a hacerse previsible desde hace varios días, el presidente de Fogade, Jesús Caldera Infante, fue defenestrado. “Presentó su renuncia”, informó el ministro de Finanzas, pero es obvio que tal renuncia le fue solicitada. Su presencia en el organismo que dirigía ya era insostenible. Caldera fue centro de una tormenta, en la cual le llovieron acusaciones desde distintos lados y por distintas razones. Desde quienes le reclamamos un especial celo macarthysta en el uso de la “listascón”, que seguramente fue el elemento que menos pesó (si es que pesó algo) en su destitución, hasta quienes, desde las filas del “proceso”, le achacaron su preferencia por designar funcionarios sin “carta de nobleza” revolucionaria, pasando por señalamientos concretos sobre nepotismo e irregularidades administrativas.
Es en este punto donde queremos detenernos. Caldera fue destituido, pero ¿qué pasa con las imputaciones sobre malos manejos administrativos? El gobierno nuevamente muestra su peculiar concepción acerca de la lucha contra la corrupción. Se llega hasta la destitución, pero el presunto corrupto no es llevado a juicio, de modo que nunca hay sanción —si ella procediera— o declaración de inocencia —si no fueren comprobados los cargos que se le hacen al acusado. Esto, por supuesto, consagra el reinado de la impunidad. Cualquier aspirante a ladrón de los dineros públicos puede actuar con toda tranquilidad, seguro como está de que nunca será penalmente castigado.
La destitución, después que el indiciado se ha forrado de billetes, lo que le permite es el cómodo disfrute de su “pensión de retiro”. Por supuesto que en el caso de que el posible corrupto no lo sea en verdad, la inexistencia de un juicio y de la eventual declaración de inocencia, deja al interfecto “rayado”, sobre todo en un país donde todo funcionario público es sospechoso por definición.
No es la primera vez que se da un caso como el de Caldera Infante. A lo largo de estos seis años han sido numerosos los funcionarios públicos, militares y civiles, destituidos bajo sospecha de corrupción, sin que se haya producido el juicio que debería seguir a su salida del cargo. Recientemente, Rafael Ramírez anunció el “descubrimiento” de una red de corrupción en Pdvsa Occidente y la consiguiente destitución de una treintena de gerentes medios. ¿Era verdad? ¿Era mentira? Nadie lo sabe porque no hay juicio alguno y más bien los destituidos han retrucado apuntando que todo fue una cortina de humo lanzada por el ministro-presidente de Pdvsa para entaparar verdaderos casos de corrupción, que involucrarían a funcionarios de mucho mayor nivel que los expulsados de sus cargos.
Lo cierto es que al lado de promesas emblemáticas como la que Chávez hiciera sobre los “niños de la calle”, aquella en la cual es mayor la distancia entre las palabras y los hechos es la de librar una lucha a fondo contra la corrupción. En esta materia, tal como lo reconociera el presidente en la de vivienda, la “revolución” también está raspada.
Esta “batalla”, para decirlo en su jerga, la viene perdiendo Chávez de calle.
