¿Y la jueza que?, por Teodoro Petkoff
En el caso de Puente Llaguno todavía hay mucha tela que cortar. La Fiscalía ha identificado a siete presuntos pistoleros, de los cuales cuatro están detenidos, pero, obviamente, faltan más porque 18 muertos y más de 100 heridos no los producen tan sólo siete pistoleros. Esto significa tanto que la investigación debe continuar como que es importante y urgente que sea designada la Comisión de la Verdad imparcial y autónoma, para que la averiguación culmine de un modo creíble para todos.
Pero hay un cabo que no puede quedar suelto porque atañe a la credibilidad de la administración de justicia. Es el de la jueza que sobreseyó a los presuntos pistoleros. No se trata de ensañarse con ella, sino de sancionar a una persona que tiene la altísima responsabilidad de hacer justicia y, sin embargo, se comportó de un modo absolutamente inapropiado en relación con esa responsabilidad. Tanto el magistrado Angulo Fontiveros como el fiscal emitieron una opinión exculpatoria de la jueza Sandoval, pero se equivocan. Y esa exculpación, si quedara establecida, es grave porque consagraría esta vez la impunidad para las actuaciones sesgadas o dolosas de los jueces. Estos tienen que saber que o se ajustan al Derecho o serán sancionados. Porque no puede ser que un juez prevarique y se quede luego tan tranquilo, incluso si su sentencia fuere anulada por un tribunal superior. No se trata, pues, de la jueza Sandoval sino de que los fueros de la administración de justicia y de la credibilidad y respetabilidad del Poder Judicial tienen que ser protegidos ahora por una nece-saria e inevitable intervención de la Dirección de la Magistratura para la cual, no hay ni que decirlo, las opiniones de Angulo Fontiveros y de Isaías no son ni pueden ser vinculantes.
Un juez no hace evaluaciones políticas para sentenciar. No le tocaba a ella decir que hubo una marcha que manifestó sin permiso y unos canales de televisión que dividieron la pantalla y luego, nada sutilmente, apuntar que de no haber sido por eso los pistoleros nada hubieran hecho y, peor aún, sugerir, que no se puede descartar que hubieran disparado en legítima defensa. Aun si, por lo pronto, no estuviere demostrada la relación entre las balas de las armas de los indiciados y las que se encontraron en los muertos y heridos, la intención de dañar e incluso de matar es evidente porque el que dispara un arma no está propiamente en plan de hacer el amor. La jueza no fue objetiva porque estableció argumentos de carácter personal fuera de su alcance, fuera de lo que existía como alegado y probado en autos; la jueza no fue imparcial porque existiendo serios indicios de la responsabilidad y peligrosidad de unos individuos prefirió dejarlos en libertad. La jueza fue injusta porque ordenó la libertad de unas personas a quienes el mundo entero vio disparando.
La Fiscalía, que apeló su sentencia rápidamente y el magistrado Angulo Fontiveros al anular aquella, dieron un buen paso en el sentido de ponerle una curita a nuestro averiado Poder Judicial, pero ahora falta la investigación sobre la actuación de la jueza y su eventual sanción por lo que a primera vista fue una actuación dolosa. El TSJ no puede archivar el expediente de do-ña Norma.
