«Ya no los quieren…», por Gregorio Salazar
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Cuando estamos a poco más de un mes del 10 de enero, fecha en la que Edmundo González Urrutia debe tomar posesión de la Presidencia de la República de Venezuela, cargo para el cual fue electo por casi el 70 % de los votos el pasado 28 de julio, la situación de los derechos humanos en Venezuela es de pleno deslave.
Prácticamente no hay un ámbito para el ejercicio de las libertades ciudadanas que no se encuentre bajo un alarmante estado de vulneración, restricción o amenaza. La Constitución nacional y con ella el Estado de Derecho siguen en suspenso y la ciudadanía observa y resiste esos zarpazos en condiciones de angustia, crispación e indignación.
La respuesta del oficialismo contra la sociedad venezolana tras su aplastante derrota en los comicios donde Nicolás Maduro Moros buscaba a toda costa su inconcebible reelección, ha sido desplegar una seguidilla de precipitadas iniciativas políticas, parlamentarias y de permanente represión que, hoy por hoy, constituyen el preámbulo para la concreción el 10 de enero del robo electoral que perpetraron en julio.
La Asamblea Nacional ha trabajado a todo vapor para aprobar, después de una larga e inescrupulosa maceración, la ley que controlará todos los aspectos de las organizaciones no gubernamentales y las de sin fines de lucro, lo que sin lugar a dudas apuntan hacia el máximo constreñimiento de su funcionamiento, cuando a su extinción.
También dio curso a las leyes de jueces de paz, instancias difusas, que obviamente funcionarán bajo control del partidismo oficialista. En tiempo récord aprobaron la ley orgánica Simón Bolívar, con penas de inhabilitación hasta por 60 años, que ya ha sido calificada por varios juristas como inconstitucional y discriminatoria.
La virtual desaparición de una de los mayores conglomerados mediáticos del continente, como lo fue el de Venezuela hasta los primeros años del siglo XXI, no ha impedido que la opinión pública venezolana y la comunidad internacional se mantenga al día sobre la trituración de las libertades en Venezuela. Para mencionar un ejemplo reciente, los ecos de las madres y familiares de casi dos mil detenidos durante la represión del 28 y 29 de julio y días subsiguientes.
Y sin embargo, en medio de ese clamor, el fiscal general, Tareck William Saab, quien está obligado como nadie por la Constitución a velar por el respeto de los derechos humanos, mediante una actuación equilibrada e imparcial, acaba de afirmar que en Venezuela no hay presos políticos, sino criminales y terroristas.
Bien pudiera decirse que en miles de estos casos no son ni lo uno ni lo otro, sino gente inocente que fue arrastrada a prisión en la razzia indiscriminada con la cual se inauguró el régimen de terror postelectoral los días 29 y 30 de julio. Los testimonios rebosan las redes sociales y los dolientes familiares están en la calle luchando por su libertad.
Desde varios organismos internacionales para la defensa de los derechos humanos llegan las exigencias al régimen venezolano. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, mantiene abierto el caso Venezuela I, que documenta la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de la administración de Nicolás Maduro, con más intensidad desde 2014.
Kham reiteró que no se han aplicado de forma concreta el conjunto de leyes y prácticas que esperaba que ocurriera. Se sumó a la exigencia de la liberación de los niños y demás presos políticos. Y así se sigue alargando la expectativa sobre la aplicación de la justicia que no llega.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Pedro Vaca, ha pedido a la comunidad internacional redoblar la observación a la situación de los derechos humanos en Venezuela. En su criterio, la nueva ley para el control de las organizaciones no gubernamentales «pavimenta el camino para silenciar voces críticas y restringir aún más la participación social en Venezuela».
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alerta por enésima vez sobre la gravedad de la situación para lo que resta de medios y periodistas en Venezuela. En el último mes, la ONG venezolana Espacio Público registró al menos 27 casos de intimidación y censura hacia la ciudadanía y medios de comunicación.
El asedio a la embajada de Argentina, bajo protección del Estado brasilero, donde se mantiene restringido el acceso de agua, alimentos y suministro de energía eléctrica a seis refugiados del equipo partidista de María Corina Machado, exhibe al régimen en toda su impúdica falta de escrúpulos.
En este clima creciente de opresión, la opinión pública fue conmovida por el testimonio de, Mariana González, de 16 años, una de los más de cien adolescentes detenidos luego de las elecciones, quien en una carta a su mamá expresaba las condiciones a las que ha sido injustamente reducida: «Cuatro meses sin estar con ustedes, sin asistir a mis estudios, sin mi vida. Me quitaron todo, y la verdad, no merezco esto…». «¿Por qué vivir?¿ Para qué?, si no tengo nada..»
Su liberación ha acrecentado las voces para la liberación de más de 60 adolescentes que aún permanecen detenidos, entre ellas Chelsea Correa Venero, de 16 años su compañera de reclusión, quien fue brutalmente golpeada para obligarla a grabar un video en el que se autoinculpara. Son centenares los casos similares.
A la luz de este dramático cuadro de injusticia y represión, se explica la reciente afirmación del presidente colombiano Gustavo Petro, refiriéndose a quienes hoy (des) gobiernan Venezuela: «Ya no los quieren..». El pueblo venezolano no los quiere al frente de la nación venezolana. No quiere que se apoderen ilegítimamente del poder el próximo 10 de enero.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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