Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Las hostilidades que han ocasionado numerosas bajas entre los militares venezolanos y miles de desplazados en el eje La Victoria-Arauquita podrían extenderse a otras localidades. Organizaciones no gubernamentales piden una rápida mediación de la ONU
Twitter: @javiermayorca
Desde el 21 de marzo, el trecho entre Guasdualito y La Victoria se ha convertido en una zona de combates, con todas las características de lo que sería un conflicto asimétrico. De un lado, fuerzas regulares del Ejército venezolano, complementadas por el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Y del otro, combatientes de las llamadas «disidencias» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos últimos son individuos que nunca reconocieron ni acataron el contenido del acuerdo de paz firmado en La Habana, en 2016, y que se han reagrupado en torno al liderazgo de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, comandante del frente 1 que opera en el departamento colombiano de Arauca.
Según el subdirector e investigador de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, Botache aglutina a 16 de los 28 grupos que se declararon en desacuerdo con la pacificación. Por lo tanto, es el mayor contingente.
Por otra parte, en las llamadas Nuevas FARC o Segunda Marquetalia hay cinco estructuras armadas, que salieron a la vida pública cuando Luciano Marín (Iván Márquez) y Seuxis Paucías Hernández (Jesús Santrich) hicieron un llamado a retomar el conflicto, en agosto de 2019. Las siete agrupaciones restantes están más dedicadas a actividades netamente criminales.
Con la invitación a Márquez y a Santrich para que permanecieran en territorio venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro tomó parte en el conflicto originado tras el desconocimiento de lo convenido en la capital cubana. Y lo hizo en favor del sector menos numeroso, si se toma en cuenta lo señalado por el investigador colombiano.
Esta cuadratura ya le ha costado por lo menos seis muertes y más de 16 heridos a las fuerzas venezolanas, si se suman los saldos conocidos extraoficialmente en tan solo tres enfrentamientos, reportados desde septiembre de 2020, en Apure y Amazonas.
Las disidencias de las FARC han dado muestras de su capacidad para infligir el mayor daño con la menor cantidad de bajas propias. En esto ha jugado un importante papel el uso de dispositivos explosivos improvisados, que ocasionaron las primeras dos muertes durante la jornada del 21 de marzo, e inutilizaron posteriormente un blindado del Ejército. Igualmente, mediante explosivos destruyeron el puesto aduanero de La Victoria.
«Están enviando mensajes a Maduro: ‘Sentémonos y acordemos’. Y, mientras tanto, piden a los pobladores de las áreas de conflicto que se retiren», afirmó Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha investigado la violencia en el área limítrofe.
Según Tarazona, el grupo de Gentil Duarte, liderado en ese sector por Ferley González, alias Fabián, estaría «pidiendo una tregua con el régimen, para convivir». Lo que hasta ahora no ha sido posible.
En este contexto, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ordenó la remoción del comandante de la 92 brigada Caribe del Ejército, general de brigada Carlos José Rojas Abreu, y su inmediato reemplazo por el GB Tito Gómez Avila. Según Tarazona, la decisión fue consecuencia de la imposibilidad del anterior jefe militar de eliminar la amenaza que representaban los disidentes de las FARC en ese sector.
«Es una tarea que no cumplió», sentenció.
Desplazamiento sin precedentes
Las hostilidades han ocasionado una creciente oleada de desplazados desde territorio venezolano. Para el momento de la redacción de esta nota, Migración Colombia reconocía la existencia de 4.741 refugiados en 19 albergues improvisados.
El fin de semana anterior, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, solicitó al gobierno de Iván Duque la declaratoria de una «calamidad pública» en el área de Arauquita.
La expectativa es que la cifra se incremente con el desarrollo del conflicto. Y, de acuerdo con el representante de Provea, Marino Alvarado, no habrá una tregua en el corto plazo.
«Esto va para largo (…) Si se aplica la teoría de la guerra de guerrillas, los disidentes tienen la táctica de atacar, replegarse y luego volver. Ellos dejarán que la Fuerza Armada tome confianza y la volverán a atacar», advirtió.
Alvarado indicó que el desplazamiento humano ha representado un incremento de 15% en la población de Arauquita. La migración forzada también sería desde la frontera hacia otros estados de Venezuela.
Según sus registros, desde que Hugo Chávez llegó al poder han ocurrido cinco episodios que podrían ser calificados de «movilizaciones masivas» ocasionadas por violencia armada. Comenzaron en 1999 en el área de Catatumbo. Pero la de este año ha sido la de mayor magnitud.
Para el momento de la redacción de esta nota, representantes de Provea y otras organizaciones no gubernamentales de Venezuela y Colombia solicitaban la intervención de la Organización de Naciones Unidas.
«Es una petición genérica que hacemos al secretario general, porque no hay una perspectiva de colaboración entre autoridades de ambos países para atender el problema. No solo en lo referido a los refugiados sino también en cuanto a la seguridad. Esto complicará aún más la situación. La ONU puede servir como intermediario para que haya un diálogo», explicó.
Pero el discurso oficialista no apunta hacia un entendimiento. Por el contrario, desde el Ejecutivo y el Parlamento elegido el 6 de diciembre han emitido mensajes que culpan al gobierno de Iván Duque por la crisis en la frontera. Según Alvarado, de continuar con esa actitud el conflicto también podría extenderse hacia otras localidades.
Breves
*Pocas novedades contiene el reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado, por lo menos en lo que respecta al caso venezolano. Y era lógico: este documento es el resultado de un largo proceso. Su primer borrador generalmente está listo en octubre y desde entonces solo dan algunos retoques. Además, otros informes fueron divulgados en los días previos, como el de Human Rights Watch y la actualización del primer reporte de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU. Aun así, hay señalamientos reveladores en torno a lo que califican como «interferencias ilegales y arbitrarias a la privacidad». En primer lugar, se da por sentado que las «compañías de telecomunicaciones» del país están asistiendo al gobierno en el monitoreo de las comunicaciones de los opositores políticos. Un llamado de atención a estas empresas. Luego de esta advertencia, queda abierta la posibilidad de sanciones. Pero la afirmación más contundente tiene que ver con el suministro de tecnología para «monitorear el comportamiento social, político y económico de la ciudadanía», a través del llamado Carnet de la Patria. Este sistema, indica el informe, fue suministrado por la empresa china ZTE, con el respaldo de Huawei y la Compañía Nacional China de Importación y Exportación de Material Electrónico. «Esencialmente, los ciudadanos no tienen otra alternativa que obtener y usar la tarjeta, a pesar de sus conocidos métodos de rastreo».
*Lea también: A la morgue de Bello Monte cada día ingresan hasta 50 fallecidos por covid-19
*Hay un acelerado incremento en el número de muertes como consecuencia del Covid-19, por lo menos en el Distrito Capital. Desde la semana anterior, el cálculo hecho por personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) es que están ocurriendo entre 35 y 50 decesos de personas que con certeza estaban contagiadas por este virus, y de otras que, sin haberse hecho las pruebas correspondientes, perdieron la vida con síntomas asociados que desencadenaron infartos o paros respiratorios. Esto vendría a confirmar el señalamiento del infectólogo Julio Castro, en el sentido de que las cifras oficiales se caracterizan por un «subregistro importante». Otra evidencia tiene que ver con la cantidad de personas que acude a las oficinas de la morgue de Bello Monte para obtener alguna orientación. En su mayoría son familiares que buscan «asesoría para la disposición final de los cuerpos», tal y como fue ofrecido en un anuncio público del servicio de medicina forense. Se trata, por cierto, de una ayuda que en teoría es gratuita.
Javier Ignacio Mayorca es Periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
