Censurados, por Teodoro Petkoff
El artículo 58 de la Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura” y el artículo 143, en concordancia con el anterior, dice que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados o interesadas y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Así mismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos (…) No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”.
Como tantas otras cosas de esta Constitución, (que cada vez más es “la bicha esa”, “el estorbo ese que en mala hora aprobamos cuando creíamos que la luna es pan de horno y que jamás habríamos de tener oposición, hasta tal punto habíamos vuelto polvo a los causahabientes de la Cuarta” ), todo esto es letra muerta.
La Administración Pública, que es una de las fuentes principales de información en el país, es muda (aparte de ciega y sorda, pero esta es otra historia), no informa, y sus funcionarios están censurados por las altas instancias del poder. No hay funcionario alguno, de ministro para abajo, que se atreva a romper la ley del silencio que se les ha impuesto. No hay manera de lograr que un funcionario (o funcionaria) declare sobre los asuntos que le competen y sobre los cuales los ciudadanos (y ciudadanas) tienen derecho, según el artículo 58, ya citado, a ser informados. En este diario, donde hemos venido informando sobre distintos casos de violación de derechos humanos, hemos perdido la cuenta de todas las veces que hemos solicitado entrevistas al “defensor” del pueblo, para contrastar las informaciones que damos con su versión de los hechos, sin que siquiera se excuse. Hemos querido informar sobre la marcha de la Misión Robinson, pero ni Otaiza, ni Aristóbulo, pero tampoco ningún funcionario de rango inferior, acceden a declarar sobre el asunto. No hay manera de que, en este caso, los funcionarios (y funcionarias) implicados (e implicadas) accedan a participar de un escrutinio público sobre el desempeño de sus responsabilidades.
Y así podemos citar innumerables casos en los cuales el deseo y la necesidad de informar tropiezan con la muralla de silencio que ha construido el régimen sobre sus ejecutorias. Nuestra última tentativa ha sido en relación con los planes de vivienda. Ni en Conavi, ni en Inavi, ni en Minfra hemos podido encontrar nadie que se preste a informar. La idea sobre “información” que tiene el gobierno es la de los programitas radiotelevisados en cadena del ministerio del ramo o los inefables shows dominicales del Presidente y las entrevistas complacientes que realiza el canal 8 a los funcionarios gubernamentales.
Información unilateral, que nadie puede contrastar y sobre cuyos detalles no hay modo de llevar a cabo una verificación independiente. Nunca había sido tan opaco el poder en Venezuela
