72 oenegés piden garantizar elecciones y frenar la persecución oficial a voces disidentes
Para las 72 organizaciones firmantes, las inhabilitaciones políticas de opositores, amenazas e intimidación a candidatos a las primarias, además de la intervención judicial a partidos políticos, limitan unas elecciones auténticas, «ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país»
72 organizaciones de la sociedad civil solicitaron el jueves 31 de agosto frenar la persecución oficialista contra las voces disidentes, así como garantizar la integridad de los procesos electorales futuros en Venezuela.
En un comunicado, las organizaciones expresaron su rechazo ante el aumento y «perfeccionamiento» del sistema represivo del Estado venezolano en un contexto preelectoral. «El patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene las restricciones, ya de larga data, sobre el espacio cívico y democrático en el país».
Señalaron que, durante el mes de agosto de 2023, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir. Adicionalmente, el día 15 la señora Yosida Vanegas, madre del sargento Juan Carlos Monasterios, quien fue juzgado y condenado por intento de magnicidio, fue detenida sin orden judicial en una alcabala y desaparecida en el estado Táchira.
Según la información difundida por sus familiares en el momento, la señora Vanegas fue trasladada a Caracas por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se fue presentada en tribunales por los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo y asociación. Hasta el momento, sus familiares desconocen su sitio de reclusión y no han podido tener contacto con ella.
Más de 70 ONG de Venezuela rechazan el aumento de la represión y la persecución política
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— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) August 31, 2023
Por otra parte, el 21 de agosto fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el enfermero y dirigente José Cádiz frente a su casa, y el día 23 del mismo mes, el exancla del canal de televisión Globovisión Seir Contreras fue despedido tras haberse cuestionado al diputado del PSUV Ramón Magallanes durante una entrevista.
Asimismo, las dirigentes políticas Delsa Solórzano y María Corina Machado han recibido amenazas a su integridad física en el contexto de los recorridos en diferentes estados del país, a propósito de sus candidaturas a las primarias.
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Además, mencionaron las inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que procuran incentivar la participación política a través de las primarias, junto a la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y organizaciones políticas como el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
«Es esta una forma de disuadir y condicionar al electorado en Venezuela, lo que junto a los obstáculos institucionales y fácticos que se han impuesto desde el Estado, limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país», afirmaron.
Recordaron que es deber del Estado «garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos».
