957 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante gobierno de Iván Duque
La ONG Indepaz precisa, en un informe que consolida los datos del cuatrienio entre 2018 y 2022, que en cinco departamentos de Colombia se concentraron la mayoría de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la guerrilla. De los 10 focos de violencia ubicados en el territorio colombiano dos corresponden a la frontera con Venezuela: en la zona de Catatumbo y en el Arauca. En general, durante el período, hubo en Colombia 50.179 homicidios
En un informe titulado Cifras durante el gobierno de Iván Duque. Balance de la violencia en cifras, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una organización no gubernamental colombiana fundada en 1984, determina que en ese país «hacen presencia al menos 53 estructuras armadas en los 32 departamentos del país entre grupos residuales, estructuras narcoparamilitares y ELN».
De los 10 focos ubicados en el territorio colombiano, según esta organización que analiza el conflicto armado interno, dos corresponden a la frontera con Venezuela: en la zona de Catatumbo y en el Arauca.
Entre las cifras consolidadas entre el 7 de agosto de 2018 y el 1 de agosto de 2022, destacan los 957 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. También indican que hubo en el período 313 masacres en las que perdieron la vida un total de 1.192 personas.
Las cifras de homicidios en general, según Indepaz, suman 50.179, siendo el año 2021 el que hubo más muertos por esta causa en el cuatrienio analizado.
«Los responsables materiales de los asesinatos, masacres, amenazas y desplazamiento forzado son en su mayoría grupos armados ilegales. Entre los presuntos responsables se ha señalado, en primer lugar, a los narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo, en segundo lugar a los grupos disidentes y residuales del proceso de paz con las FARC-EP, en tercer lugar al ELN y en cuarto lugar a la fuerza pública», dice el estudio estadístico que fue divulgado este martes 2 de agosto.
Sin embargo, Indepaz también señala a «agentes económicos y políticos legales e ilegales» como los autores intelectuales de estos crímenes.
La ONG también reclamó al gobierno saliente de Duque haber incumplido con lo pactado en el acuerdo de paz, en temas como la reforma rural integral y la política de drogas, lo que habría permitido la «recomposición de grupos armados, de mafias con conexiones en empresas lavadores de activos y con agentes del Estado» y la explosión de la violencia territorial.
El informe es muy crítico con la gestión del presidente saliente, Iván Duque, quien entregará el poder este domingo 7 de agosto al izquierdista Gustavo Petro.
Recuerda Indepaz que «la responsabilidad política» del gobierno de Duque «ha sido señalada en el Congreso de la República y en pronunciamientos de organismos internacionales, quienes se encuentran preocupados por la no implementación integral del Acuerdo de Paz. Es un grave hecho el que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, CNGS, en cinco años no haya dotado al Estado de la política pública para el desmantelamiento de conductas y organizaciones que atentan contra la paz».
Si el Estado comete atrocidades deja de ser legítimo.
Lo que creo el constituyente del 91, fundamento de toda legitimidad, fué un Estado Social de Derecho, no un Estado Atroz.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2022
En cinco departamentos se concentraron la mayoría de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex combatientes.
El mayor número de estos homicidios se reportaron en Cauca (suroeste) con 340 hechos, seguido de Antioquia (noroeste) con 194, Nariño (sur) con 151, Valle del Cauca (suroeste) con 117 y Putumayo (sur) con 103.
La población costera de Tumaco, en el departamento de Nariño, fue el sitio del país en el que más asesinatos de defensores comunales y exFARC se reportaron con un total de 73 casos, según los registros de Indepaz.
El 43,33% de los perpetradores de estos crímenes no fueron identificados, el 17,92% fueron atribuidos al Clan del Golfo, una estructura criminal de origen paramilitar, seguida de los disidentes de las FARC con el 16,23%.
A las organizaciones narcotraficantes se les atribuyeron el 11,09% de estos crímenes, el 10,71% al grupo guerrillero ELN y el 0,72% a miembros de la fuerza pública.
Indepaz aclara que los datos de 2021 sobre grupos armados ilegales se publicarán este próximo mes de septiembre.
«Se estima que en el cuatrienio la mayor recomposición militar se dio en los grupos residuales o disidentes exFARC y en el ELN. Esto no implica fortalecimiento político o estratégico en la misma proporción. Son grupos con capacidad de daño a la población, de mantener conflictos armados regionales, pero no están en una dinámica de escalamiento de una nueva guerra con un carácter nacional. Por su parte, los narcoparamilitares no confrontan al poder estatal y se dedican al lucro y así mismo ocurre con la mayoría de los residuales ex-FARC».
Con información de Ansa.
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