Academia de Economía: Salario, pensiones y prestaciones podrían desaparecer por inflación
A través de un comunicado, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) indicó que, en la medida que el bolívar se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo, que sigue marcado en bolívares, se irá reduciendo, lo que conducirá, eventualmente, a la desaparición del mismo como figura de protección
Ante el ajuste en las remuneraciones de los trabajadores activos, jubilados y pensionados anunciados por el mandatario Nicolás Maduro el pasado 1º de mayo, y la decisión del Ejecutivo nacional de mantener el salario mínimo congelado, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) alertó sobre el riesgo de desaparición que corre el salario mínimo, las pensiones y las prestaciones sociales, tres de los principales componentes del sistema de protección social de los venezolanos.
«La decisión de mantener el salario mínimo congelado, apelando a la fórmula de ajustar sólo el bono de alimentación y asignando una transferencia de naturaleza discrecional (“bono de guerra”) como mecanismos de compensación de cara a un fenómeno de galopante inflación, pone en evidencia, no sólo la crítica situación fiscal que atraviesa la República, sino que compromete gravemente, además, la existencia del sistema de protección social en Venezuela, ya muy frágil», resalta la Academia.
A través de un comunicado, la institución explica que, «en la medida que la moneda soberana, el bolívar, se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo (que sigue marcado en bolívares), como su expresión en otras monedas se irá reduciendo, lo que conducirá, eventualmente, a la desaparición del salario mínimo como figura de protección».
*Lea también: Academia de Economía: Situación es «angustiosa» y salario mínimo perdió 80% de su valor
De acuerdo a lo expuesto por la Academia, se supondría también la desaparición de las pensiones, un beneficio que por ley se otorga en montos iguales al salario mínimo, así como los beneficios conquistados por los trabajadores venezolanos, como lo son la indemnización por cesantía y las utilidades, que se calculan en función del salario mínimo.
La institución resalta que de no ser detenido el proceso de inflación que viene azotando a la sociedad venezolana y de instalarse este diseño en las remuneraciones, estos tres importantes componentes del sistema de protección social venezolano corren peligro de quedar eliminados en poco tiempo.
Asimismo, advirtió que el diseño que está detrás del ajuste y asignación de los bonos de alimentación y el bono de guerra «es claramente discriminatorio, sin que las razones que puedan pensarse para esa discriminación tengan mérito alguno». Destaca que los jubilados y pensionados del país no son beneficiarios del bono de alimentación, sólo los trabajadores activos, y el llamado bono de guerra se otorga en montos muy diferentes, sea el beneficiario trabajador activo (US$ 30), jubilado de la administración pública nacional (US$ 49) o pensionado de la seguridad social (US$ 20).
*Lea también: Academia de Ciencias Económicas de Zulia pide respeto a la autonomía tributaria
Con relación a las bonificaciones en divisa, la Academia destaca que, «si bien reporta alguna ventaja a los beneficiarios, se constituye en una restricción adicional al gasto público, haciendo más rígida la prociclicidad de la gestión fiscal; y de aplicarse una política cambiaria de apreciación real de la moneda, igualmente presionaría a la baja la capacidad de compra del trabajador».
En éste sentido, advierte, una vez más, que «ante el disminuido tamaño de la economía y la drástica reducción de la renta de origen petrolero, se hace imperioso el redimensionamiento del Estado venezolano, la eficiencia en la gestión de sus recursos, y el combate al reparto de sus activos y a la corrupción».
Por último, la Academia dijo que lo que no parece admisible es apostar a la desaparición del sistema de protección al que se debe el Estado, en un país con graves carencias y un altísimo grado de vulnerabilidad social, por lo que resaltan la importancia de que «estos importantes desafíos no pueden ser abordados sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas y sociales del país, para llegar a fórmulas consensuadas que permitan abrirles el camino a los objetivos de desarrollo sostenible».
