Acoso escolar: una nueva ley, redes sociales, violencia y niños y adolescentes en medio
La respuesta legal y la actuación de las autoridades ha sido cuestionada, no solo porque expone a niños, niñas y adolescentes, sino porque la regulación no se enfoca en las complejidades que implica el fenómeno del acoso en el entorno escolar
Una seguidilla de anuncios oficiales a través de su cuenta en Twitter, por parte del fiscal general Tarek William Saab y el Ministerio Público (MP) sobre varios casos de adolescentes imputados, directivos de colegios en investigación y procesos abiertos por situaciones de acoso escolar han puesto de nuevo en el foco un problema de larga data que ha sido invisibilizado por años: el acoso escolar, bullying o también popularmente conocido como «chalequeo», que forma parte de las dinámicas escolares como un problema estructural, muy desatendido y marcado por la violencia como forma de respuesta.
Todo esto ocurre a propósito de la presentación y discusión legislativa del Anteproyecto de Ley para prevenir el acoso escolar, emanado por la Asamblea Nacional de 2020, una propuesta normativa de la cual ya instituciones especializadas en el tema de protección a la infancia como Cecodap alertaron que el documento “resulta ambiguo, impreciso y con vacíos legales”.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización, dijo que el pasado 28 de marzo, el vicepresidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, Rubén Limas, le solicitó las observaciones al anteproyecto de ley. “Hicimos anotaciones sobre el objeto de la ley, el por qué y para qué. Vemos que la redacción está planteada de forma general y no va de la mano con las complejidades que encierra el fenómeno del acoso escolar”, explicó Trapani.
Además de la Ley, la preocupación desde distintas organizaciones apuntó a la manera en la cual inicialmente procedió el titular de la Fiscalía: la exposición a través de redes sociales con nombres y apellidos de menores de edad presuntamente involucrados. Un caso en Guayana, otro en Zulia y otro en Distrito Capital en menos de una semana.
A través de videos, Saab denunció los casos ocurridos en los colegios Loyola Gumilla en Puerto Ordaz, luego en el Teresiano de El Paraíso, en Caracas, y en Los Angelitos en Maracaibo, en los cuales se registraron hechos de violencia y acoso contra estudiantes de estas instituciones por parte de otros compañeros.
VIDEO| Rector de @colegioloyola cuestiona que fiscal @TarekWiliamSaab exponga imagen de adolescentes en sus redes. “Tendrá todo el poder, pero tenemos que decir nuestra verdad, y es que agredió a dos menores y a una maestra”, dijo @arperaza65.pic.twitter.com/qvCqbzwxMC
— Carlos Suniaga G. (@CarlosSuniagaG) May 7, 2022
Atacar un problema con otro problema
Arturo Peraza, rector del Colegio Loyola Gumilla, explicó que «lo que hizo el Fiscal es un atropello porque saca de quicio un proceso educativo y lo pone en un proceso de criminalización. Desde el principio expone a los dos menores lo que supone una violación del artículo 65 de la Lopnna porque los expone al escarnio público y no contento con ello reincide en la conducta poniendo el nombre y apellido de uno de los menores que aparece como imputado y además de ello, la ubicación de ese menor, lo que es un agravante».
Peraza expresó que esta acción revela que: «para cuidar una situación de bullying, el mismo fiscal general de la República comete una situación que supone agresiones morales y verbales sobre los dos menores».
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Cecodap manifestó a través de un comunicado que la difusión de esta información vía redes sociales promueve que el involucrado se convierta en víctima, sea estigmatizado, o se juzgue a priori sin conocer realmente lo que sucedió. En el video grabado por alumnos de la institución, se observa cómo un estudiante le da patadas a otro que está en el piso. Pero otra versión de testigos indica que quien aparece como presunto agresor, es un joven que tiene una condición dentro del espectro autista e inicialmente era la víctima.
Además, en el caso del Colegio Loyola Gumilla, el Ministerio Público imputó a Sara De Freitas, directora de la institución, y el tribunal asignado admitió contra ella la presunta comisión del delito de lesiones personales intencionales leves, en comisión de omisión.
Todos los casos tienen designadas fiscalías para el proceso. En el caso de Caracas, Tarek William Saab designó a la Fiscalía 117 de Sistema Penal de Responsabilidad de los adolescentes en el Área Metropolitana de Caracas. El 4 de mayo anunció que se designó a la Fiscalía 31° con competencia en Responsabilidad Penal Adolescente para sancionar a estudiantes del Colegio Los Angelitos, en Maracaibo, estado Zulia.
Esta sucesión de imputaciones ha generado en docentes y personal educativo, una especie de temor por enfrentar posibles represalias en medio de situaciones que ni siquiera han sido investigadas previamente.
«Es verdad que muchos docentes y escuelas no tienen herramientas suficientes para abordar casos de bullying pero eso no quiere decir que no se atiendan y ahora peor por el miedo de que podemos ir presos los maestros y los directivos, cuando ni siquiera se averigua cuál es el procedimiento a seguir», expresa una docente y psicopedagoga que laboró hasta 2019 en un colegio en El Paraíso, en Caracas.
La educadora agrega que se está planteando solo desde la sanción, criminalizando, sin considerar que la escuela ha estado muy abandonada en cuanto a herramientas necesarias para el manejo del problema. «Hay que preguntarse ¿Cuántas escuelas tienen psicopedagogos o profesionales con capacidad para atender estos casos? Si los mismos funcionarios del Sistema de Protección de NNA trabajan con limitaciones, y en casos extremos los docentes no contamos con el apoyo ni la atención de los padres que son responsables directos en esta situación. Antes de juzgar que la escuela no hace nada, pregunten cuántas veces se cita a los padres o representantes y ni siquiera acuden».
Linchamiento digital
Discutir estos temas en medio del debate -muchas veces hostil- que se genera a través de redes sociales implica otro factor que complica el problema: en todos los casos se trata de niños y adolescentes.
Según cifras del servicio de atención psicológica de Cecodap durante 2021, 25% de los jóvenes expresó haber sufrido de acoso escolar y en lo que va de año han atendido a 20 pacientes adolescentes, de los cuales 17 han sufrido o sufren de bullying.
Luisa Pernalete, educadora de Fe y Alegría dedicada al trabajo de Convivencia y Ciudadanía, explicó a través de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) que lo importante es que la ley no sea “meramente punitiva” y que se debe analizar el problema para identificar causas y poder prevenir.
“No se puede publicar una ley que sea meramente punitiva porque de puro castigo no se resolverá el problema. Por supuesto que hay que proteger a la víctima y amonestar al victimario, pero no puede ser solo para castigar. Hay que tener mucho cuidado con esa ley porque lo ideal es trabajar en la resolución de los problemas, de forma pacífica”, dijo Pernalete.
Otro factor lo plantea la docente y psicopedagoga que laboró en un colegio de El Paraíso, de acuerdo a la experiencia que enfrentó al atender dos casos de bullying en la institución: «Llevar esto al terreno de buenos y malos, de adultos contra niños es muy peligroso, considerando que el mensaje y la ‘solución’ que se envía desde casa es que la violencia se resuelve con violencia. Si nos sinceramos ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Si te pegan, usted le pega. ¿Y si en esos videos solo estamos viendo la reacción de alguien que ha sido víctima? ¿Y si es mi hijo o mi hija que golpea porque cumplió con lo que se le dijo en casa?», apunta.
Y agrega que el trasfondo del problema sigue sin atenderse. «La violencia no sale de la nada. Dentro de un niño agresor hay un niño que ha sido agredido. Y en la escuela solo estamos viendo el detonante. La escuela está para formar, para que los niños se sientan seguros y ahora la respuesta que vemos por parte del Estado no es la prevención, sino en sí misma una amenaza».
