ONU exige al gobierno de Maduro erradicar bandas criminales en minas de Guayana



Derechos Humanos Bachelet
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TalCual | julio 15, 2020

La actualización del #InformeBachelet ahonda en la falta de independencia que tiene el sistema judicial venezolano y la persistente violación de derech

Este miércoles fue publicado el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, en el que se hace hincapié en la situación de la justicia en nuestro país y las irregularidades que ocurren en el Arco Minero del Orinoco con la minería ilegal y los grupos irregulares que ahí hacen vida.

Lea también: Bachelet: Persiste un patrón de detenciones forzosas y torturas en Venezuela

El texto debido a factores como la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales, así como otras áreas en las que alerta acerca de la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política.

También manifiesta su preocupación por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia legislativa que, abrogándose las cualidades de la Asamblea Nacional, «han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales».

A su juicio, esta situación afecta la capacidad del Poder Judicial venezolano para ser independiente y promover la protección de los derechos humanos, al igual que propicia la impunidad en el país. Dijo que a pesar de que existen esfuerzos por parte del Ministerio Público para investigar estas anomalías en DDHH que han cometido los cuerpos de seguridad, la determinación para establecer penas no ha sido la más idónea, en especial en casos sobre los asesinatos de personas durante protestas ciudadanas, denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género.

Refieren que las personas que han sufrido violaciones a sus DDHH tienen que superar varias barreras para poder tener acceso a la justicia, en especial las mujeres, quienes se enfrentan a desigualdades por el género donde el covid-19 ha sido una excusa para impedir el acceso a ella.

«Hago un llamado al gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos «, dijo la alta comisionada de la ONU para DDHH, Michelle Bachelet.

«También instó a que se detengan de inmediato todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan justicia», agregó. «Las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y no ser acosada y revictimizada por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos».

Arco Minero

Respecto al tema de la minería ilegal y el Arco Minero del Orinoco, el informe de DDHH denuncia que las personas que trabajan en esa zona de Venezuela son explotadas y viven en un alto contexto de violencia por las acciones de los «sindicatos» y otros grupos que ejercen en el lugar por el control de las minas.

El informe describe que estos grupos irregulares llamados sindicatos, «deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección», al igual que refiere que estas organizaciones se mantienen allí pagándole a los militares para que los dejen operar.

Indicó que muchas personas, hombres y mujeres, acuden a estas zonas para obtener dinero debido a la crisis económica y el deprimido mercado laboral que hay en Venezuela, donde deben trabajar por 12 horas en las minas sin protección alguna y además, se les exige el pago alrededor del 10-20 por ciento de lo que obtienen a los grupos criminales que controlan las minas, y un 15-30 por ciento adicional al propietario del molino donde se trituran las rocas para extraer oro y otros minerales.

No solo es la actividad minera, sino la prostitución, explotación sexual y el tráfico de personas y de adolescentes lo que se registra en esas zonas del Arco Minero, según entrevistas recibidas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU

Refieren también que los que nos cumplen con las reglas de los «sindicatos», son víctimas de castigos severos como por ejemplo: palizas, disparos en las manos, mutilaciones o la muerte y los cuerpos de estas personas son arrojados a viejos pozos mineros.

«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», dijo Bachelet.

“Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras. También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos ”, agregó.

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Reacciones tempranas

Tras la lectura del informe por la comisionada alterna,  varios países expresaron su opinión acerca de lo que ocurre en Venezuela. La postura de Ecuador fue la de condena a las ejecuciones extrajudiciales que llevan a cabo los cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país, así como las desapariciones forzosas que se registran.

También repudia las detenciones arbitrarias y el hostigamiento que hay desde el Ejecutivo a los integrantes de la Asamblea Nacional, al igual que la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Tambíén dijeron que esperan una tercera visita a nuestra nación y se concrete la apertura de la oficina de la ONU para DDHH en el país lo más pronto posible.

Países Bajos señaló por su parte su preocupación por la represión a los actores del parlamento venezolano liderado por su presidente, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela y dijo respecto al sistema judicial que el limitar su independencia, promueve la impunidad.

Japón respaldó la iniciativa de enviar una misión de investigación a nuestra nación, por parte del Consejo de DDHH de la ONU, para que evalúe en el terreno lo que ocurre, al tiempo que hizo un llamado a que se restaure la democracia en el país, mientras que Francia indicó que la situación en Venezuela es preocupante, particularmente por las persecuciones a las personas, y solicitó que se preste ayuda a las personas vulnerables de sufrir violaciones a sus derechos.

Luxemburgo acoge plenamente la declaración de la Alta Comisionada Señaló que la reciente designación del CNE crea barreras para resolver la crisis política en #Venezuela #VenezuelaSinDerechos

Para Portugal la pandemia del coronavirus ha ahondado la escasez en nuestra nación, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad, al tiempo que Luxemburgo avala lo dicho en el informe haciendo énfasis en que la designación del CNE por el TSJ «crea barreras para resolver la crisis política».

Brasil considera que el máximo tribunal venezolano «violó la confianza de la Alta Comisionada y del pueblo venezolano» al «usurpar funciones de la Asamblea Nacional» que permita perpetuar a Nicolás Maduro, mientras que recalcó que los «sindicatos» causan sufrimiento a la población que viven en el Arco Minero porque «explotan mineros, masacran indígenas, contaminan el medio ambiente y amenazan la estabilidad mientras financian la represión y corrupción del régimen».

España a su vez, repudia la intervención de los partidos politicos venezolanos por parte del TSJ, mientras que reprochó las actuaciones de grupos irregulares en el Arco Minero. Perú también opinó sobre el informe presentado por la Oficina de DDHH de la ONU, expresando que la crisis en Venezuela ha generado una migración de más de cinco millones de personas en menos de tres años, al tiempo que se une al llamado que hicieron varios países sobre el TSJ y el Arco Minero.

Colombia también fijó posición diciendo que a pesar del «impacto financiero» por el tema del covid-19, se le ha prestado apoyo a los migrantes venezolanos así como también se ha facilitado el retorno a Venezuela de más de 80.000 venezolanos. Es partidario de que la crisis en nuestra nación se resuelva de forma democrática y política.

 

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