Amnistía Internacional pide atención médica urgente para Emirlendris Benítez
Emirlendris Benítez fue vinculada en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Se le imputaron siete delitos y recibió máxima pena (30 años de prisión) el 4 de agosto pasado. Durante su detención y posterior aislamiento fue torturada por efectivos de la Dgcim
Amnistía Internacional (AI) emitió el martes 11 de abril una acción urgente en favor de Emirlendris Benítez, donde solicita a la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Ontivero, que garantice atención médica urgente para esta presa política venezolana.
En el comunicado, Amnistía explicó que además de un diagnóstico completo, Benítez necesita tratamiento integral para las graves secuelas que sufre a causa de las torturas a la que fue sometida desde su detención.
Emirlendris Benítez, de 42 años, fue detenida el pasado 5 de agosto de 2018. La comerciante se encontraba haciendo una carrera en la madrugada, junto a su pareja Yolmer Escalona, cuando pasaron por una alcabala donde le pidieron sus papeles, los entregó y, acto seguido, fueron detenidos sin que les explicaran los motivos.
Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.
La mujer fue vinculada en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Se le imputaron siete delitos y recibió máxima pena (30 años de prisión) el 4 de agosto pasado. Permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
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«Emirlendris no debería haber sido detenida, ya que se cree que sus cargos son de motivación política. Además, su draconiana condena debe ser anulada y ella debe ser puesta en libertad de inmediato», señaló Amnistía Internacional.
Además, la ONG señaló que sus condiciones de reclusión «son tan terribles que su familia tiene que proporcionarle lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, incluidas agua, comida y medicación. Esta situación se ve aún más complicada por la emergencia humanitaria que paraliza a Venezuela al limitar severamente el acceso a alimentos, medicinas y transporte (Emirlendris permanece encarcelada a unos 30 kilómetros de Caracas, donde vive su familia)».
A principios de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, uno de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, solicitó su libertad inmediata. También que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparación, pero esta decisión no fue tomada en cuenta por la jueza Hennit Carolina López al momento de dictar sentencia.
