Amnistía Internacional sobre TPS: Huele a racismo, venezolanos no pueden regresar
Los venezolanos afectados son los que obtuvieron el TPS en el año 2021, alrededor de 300.000, hasta el momento la medida no afecta a quienes se les otorgó el documento en 2021
Amnistía Internacional se refirió a la decisión de la administración de Estados Unidos de eliminar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos y sostuvo que la decisión «huele al racismo del presidente Trump hacia los venezolanos. 300.000 de nuestros vecinos venezolanos han perdido su seguridad y simplemente no pueden regresar».
La organización defensora de derechos humanos afirmó que estos ciudadanos «buscan seguridad», que están huyendo de una crisis humanitaria y de «una grave represión política».
Los venezolanos quedan expuestos a una posible deportación en los siguientes meses, de acuerdo con la información gubernamental.
Apenas los EEUU hagan el anuncio, los venezolanos, perderán, en 60 días, los beneficios otorgados por el TPS otorgado en 2023. Hasta el momento, la medida no afecta a quienes obtuvieron el documento en 2021, que son más de 250.000.
This decision reeks of President Trump’s racism towards Venezuelans. 300,000 of our Venezuelan neighbors now have their safety ripped away, and simply cannot return. These are people seeking safety, fleeing a humanitarian crisis and serious political repression. https://t.co/2Z3Mcf9MwB
— Amnesty International USA (@amnestyusa) February 2, 2025
De acuerdo con la nueva secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, Venezuela «ya no sigue cumpliendo las condiciones para la designación de 2023».
La directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) para Venezuela, Laura Dib, también advirtió que la criminalización de los venezolanos y calificarlos a todos como integrantes de un grupo delictivo dará fuerza al argumento de Nicolás Maduro que las cosas en el país «se han calmado».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
