Amnistía pide liberar a presa política Emirlendris Benítez: cumple siete años en prisión

Amnistía Internacional denuncia que desde su detención en 2018, Benítez ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, tales como tortura y condiciones inhumanas en la prisión
La organización Amnistía Internacional (AI) pide la liberación de la presa política Emirlendris Benítez, quien este 5 de agosto cumple siete años en prisión.
Benítez está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda. Amnistía Internacional denuncia que desde su detención en 2018, ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, tales como tortura y condiciones inhumanas en la prisión.
Hoy Emirlendris Benítez cumple 7 años en prisión injusta
Desde su arresto en 2018, ha sido víctima de innumerables violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria, tortura y condiciones de detención inhumanas
Debe ser liberada pic.twitter.com/ELElcwQ4tP
— amnistia . org (@amnistia) August 5, 2025
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Benítez fue detenida en una alcabala policial la madrugada del 5 de agosto de 2018. La comerciante realizaba un servicio de taxi junto a su pareja, Yolmer Escalona, en Caracas. Ambos fueron acusados de estar involucrados en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro unos días antes durante una actividad militar en la avenida Bolívar, al centro de la ciudad. Se trata del llamado «caso de los drones».
Fue condenada a 30 años de prisión en agosto de 2022 por el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Terrorismo, a cargo de Hennit López Mesa. La sentencia fue ratificada en abril de 2024 en la Corte de Apelaciones, a cargo de la jueza Katherine Harrintong.
En marzo, la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón pidió a las autoridades que se garantice el acceso a exámenes médicos pertinentes y las terapias que necesita «para evitar que su situación de salud empeore aún más. La atención médica debe ser proporcionada sin más dilaciones».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.