AN condena torturas y exige liberación inmediata de detenidos en Lara
Diputados aprobaron la solicitud de medidas de protección a diversos organismos de derechos humanos para los habitantes de la urbanización Sucre (Barquisimeto, estado Lara), donde han ocurrido la mayor cantidad de detenciones
Los diputados de la Asamblea Nacional condenaron las torturas que sufrieron un grupo de detenidos en el estado Lara tras protestar por las continuas fallas de los servicios básicos en su entidad, y exigieron su liberación inmediata.
En la sesión del 26 de mayo, el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia) señaló que Venezuela sufre la peor crisis de servicios en su historia, al tiempo que indicó que el estado Lara es uno de los más afectados debido a racionamientos eléctricos de más de 10 horas diaras, «semanas enteras sin agua, no hay gas doméstico, no se consigue gasolina. Los larenses en lugar de recibir respuestas a sus problemas lo que han recibido es un decreto de excepción de garantías».
Ese decreto prmulgado por la gobernandora Carmen Meléndez, según explicó el diputado de PJ, solo «pretende callar con criminalización y judicialización de la protesta». Enumeró las detenciones y juicios contra más de 30 personas en la última semana, y resaltó que a la mayoría les pretenden imputar los presuntos delitos de «asociación para delinquir, instigación pública, tenencia de objetos incendiarios», pese a que solo contaban con una cacerola o pancartas.
El parlamentario Ángel Torres (Voluntad Popular) señaló que el régimen de Nicolás Maduro se «aprovecha» de la pandemia «para silenciar a un pueblo que denuncia servicios básicos (…) El tapabocas es preventivo pero no es una mordaza para impedir a la gente que protesta por la falta de servicios, alimentos».
Mientras que la diputada independiente Ana Salas resaltó que solo entre protestas en El Tocuyo y Barquismeto hay 23 personas detenidas de forma arbitraria.
Hay un grupo de siete hombres detenidos en El Tocuyo que fueron dejados privados de libertad luego de que la jueza Ana Tovar recibiera una llamada para cambiar su decisión, explicó la diputada, quien también denunció la encarcelación de Luis Pérez, un joven con síndrome de Down, y de Humberto Carreño, quien sufre de graves padecimientos de salud.
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«A esta jueza se les presentó informes médicos e igual se les condenó», resaltó la parlamentaria. También mencionó la situación del joven Giovanni Meza, detenido en la conocida urbanización Sucre, quien sufrió fuertes convulsiones durante la audiencia de presentanción y al ser trasladado a un centro asistencial privado se constató que tenía cinco costillas rotas debido a las torturas que sufrió.
«Pero el juez de control número 9 los acusó por los delitos de instigación, obstaculización de la vía pública y asociación para delinquir, dictaminando como sitio de reclusión los calabozos del FAES en Lara», denunció.
Por su parte, el diputado Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo) detalló las diversas detenciones que han ocurrido en la última semana por protestas en Lara. En el municipio Morán lograron contabilizar 13 personas detenidas, en el municpio Torres otros siete ciudadanos mientras que cinco habitantes de Irribarren también fueron apresados por manifestar.
En el caso de las detenciones ocurridas en el municipio Torres, el parlamentario dijo que la juez ordenó que les realizaran una revisión médico forense y hasta la fecha no se ha hecho. «Esto dice mucho de la aplicación de justicia en Venezuela. Esto debe ser investigado por la Comisión de Política Interior, que sea investigado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
En el acuerdo aprobado por los diputados, además de condenarse las medidas del régimen de Nicolás Maduro que han menoscabado las libertades de los habitantes de varios estados del país, exigen la inmediata liberación de todos los privados de libertad por protestas relacionadas a las fallas de servicios públicos.
En particular, los diputados aprobaron la solicitud de medidas de protección a diversos organismos de derechos humanos para los habitantes de la urbanización Sucre (Barquisimeto), donde han ocurrido la mayor cantidad de detenciones. Además, condenaron todas las formas de tortura a las que han sido sometidas estas personas.
#20May | Rodeada por los cuerpos de seguridad permanece la urbanización Sucre en #Barquisimeto
«…Un estado de terror y policial ha impuesto el narcoregimen para meter miedo y parálisis en la población que protesta» denunció @AlfredoARamos #Lara pic.twitter.com/ChPujvOxJK
— LA PRENSA de Lara (@laprensalara) May 20, 2020
Libertades en peligro
Los diputados de la Asamblea Nacional también aprobaron este martes 26 un acuerdo para rechazar las decisiones del régimen de Maduro y que obligaron el cese de operaciones de Directv. En el documento, se rechaza categóricamente que se insista en ejercer el control, la censura y escoger los contenidos que reciben los venezolanos, a través de los medios de comunicación en sus diversos formatos.
El acuerdo también incluye elevar a instancias internacionales en materia de derechos humanos la correspondiente denuncia de violación a los derechos de los venezolanos, «al someterlos a mayores penurias durante el aislamiento social producto de la pandemia, al privarlos de la señal de televisión por suscripción».
Amelia Belisario, presidenta de la Comisión Permantente de Medios, señaló que «es el régimen el único responsable de que más de seis millones y medio de venezolanos se quedaran sin el único medio de recreación que les quedaba en la pandemia. Responsable de que hoy en día no tengan Directv los venezolanos, de que se secuestre los espacios de información violando los derechos de la población y especialmente de los trabajadores afectados».
Mientras que el presidente de la AN, Juan Guaidó, dijo que estas medidas de Nicolás Maduro son para «privilegiar a sus testaferros en vez de los venezolanos» al no permitir que salieran de la parrilla de programación dos televisoras asociadas a su régimen.
Además, Guaidó manifestó su respaldo a las iniciativas que surgieron en la sociedad civil para solicitar la restitución del servicio que cuenta con un poco más de dos millones de suscripciones y del que se benefician aproximadamente once millones de venezolanos.
Recordó que a partir de 2007 con el cierre de RCTV, se inició la arremetida contra los medios de comunicación en Venezuela cerrando emisoras de radio, sacando de las parrillas de programación de los prestadores de TV por suscripción, canales internacionales, negándole papel a los periódicos, entre otras acciones.
Guaidó dijo que el objetivo es callar la voz de los venezolanos que a diario manifiestan por el colapso de los servicios en el país. «La intención de la dictadura es simular normalidad y control a través de la hegemonía comunicacional, de la censura y autocensura para que no se sepan hechos como los de ayer (lunes 25 de mayo) donde hubo 26 protestas en 19 estados del país».
Solidaridad con migrantes
Otro de los puntos de la sesión de la Asamblea Nacional fue un acuerdo para expresar su apoyo a la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos, que logró recaudar 2.544 millones de euros (2.790 millones de dólares) según dijo la canciller española Arancha González Laya, así como aportar mecanismos que ayuden a los más de 5. 5 millones de venezolanos que se encuentran desplazados.
En el documento se decreta que, en virtud de la pandemia y la emergencia migratoria ya acordada por la AN, todos los venezolanos que se encuentren en el extranjero pueden regresar a su país, sin más limitaciones a las establecidas en la Constitución, siguiendo los protocolos de seguridad médica para evitar la propagación de la covid-19 en el territorio nacional.
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Además, se plantea la necesidad de requerir a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para que traslade al país una comisión de expertos que evalúen los riesgos de los refugiados que retornan al país.
También que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, verifique las condiciones en que el régimen de Nicolas Maduro está tratando a los venezolanos que necesitan regresar al país.
Apoyo a Voluntad Popular
Tras la solicitud hecha el lunes 25 de mayo por el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, al Tribunal Supremo de Justicia para que dictamine si el partido Voluntad Popular (VP) puede ser considerada una «organización terrorista», las distintas fracciones brindaron su apoyo a esta organización política por medio de un acuerdo.
#26May | Acuerdo con motivo de la inconstitucional e ilegítima pretensión de declarar al partido político @VoluntadPopular como organización criminal con fines terroristas
2/2 pic.twitter.com/WzbzirjYtF
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 26, 2020
Juan Guaidó manifestó su respaldo a VP, partido al que pertenece. «La pregunta es: ¿Quién tiene vínculos con el terrorismo hoy en Venezuela? ¿Dónde estuvo oculto Santrich, disidente de las FARC? ¿Quién tiene vínculos con el ELN?. Quieren sembrar terror en los venezolanos, quieren hacer el efecto espejo, ellos (régimen) son los que tienen vínculos con el terrorismo».
El presidente de la AN dijo que en el centro de Caracas «izaron una bandera de países con vínculos con el terrorismo internacional; razón por la que le preguntó a la Fuerza Armada Nacional (FAN) ¿Qué dicen a eso o van a seguir con el cinismo que los ha caracterizado los últimos meses?».
