AN de Guaidó desconoce venta de acciones de refinería en Dominicana
Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, dijo que no van a avalar la pérdida de estos bienes de la nación, tal como pasó con la refinería Nymas
La comisión delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 rechazó la venta de las acciones de la refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A (Refidomsa), propiedad de PDV Caribe, una de las filiales de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), por considerarlas “oscuras”.
En el acuerdo aprobado este martes 24 de agosto, en sesión virtual, los diputados desconocieron cualquier venta, transacción o traspaso de cualquier número de acciones que culmine en la pérdida de acciones mayoritarias de Pdvsa o cualquiera de sus filiales.
La venta de las acciones de Refidomsa se concretó el pasado 19 de agosto, como una fuente de financiamiento para cancelar deudas a bonistas de la República, según reconoció el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
La venta de la participación de Pdvsa, que tenía el 49% de presencia en Refidomsa, se transó por un monto de 88,1 millones de dólares. De esta forma, la inversión para el régimen venezolano generó una pérdida del 30% en la reventa.
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Por esta acción responsabilizaron a la administración de Nicolás Maduro y los funcionarios “que usurpan la junta directiva de Pdvsa por la consolidación de este tipo de transacciones ocruras que permiten en despojo de los bienes de los venezolanos en el exterior”.
Además recordaron que el parlamento no reconocerá ningún cambio hecho en Pdvsa o sus filiales que no haya sido autorizado. También se reservan la facultad de ejercer acciones legales contra aquellos funcionarios que hayan autorizado o permitido esta venta de acciones de Refidomsa.
Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, dijo que no van a avalar la pérdida de estos bienes de la nación, tal como pasó con la refinería Nymas, del cual se remataron más del 30% de las acciones “y no se conoce cuál fue el beneficio para la República”.
Esta operación lo primero que hizo fue violar el artículo 150 de la Constitución, dijo Matta, “porque esto es un contrato de interés público, en segundo lugar, hay demasiada oscuridad en esta operación”.
Con las mujeres afganas
La AN electa en 2015 también se solidarizó, por medio de un debate, con las mujeres y niñas en Afganistán debido a la toma del poder por parte del Talibán, un movimiento fundamentalista que impone la sharia, o ley islámica, tras la retirada de fuerzas internacionales de dicho país.
El presidente de la AN, Juan Guaidó, aseguró que desde el poder Legislativo “sale en defensa de los derechos fundamentales de la mujer afgana y de la comunidad LGBTI que está siendo perseguida en estos momentos en Afganistán”. También rechazó enérgicamente la “discriminación por género, identidad o simplemente por exigir respeto a su derecho a vivir dignamente”.
La parlamentaria Nora Bracho (Un Nuevo Tiempo) consideró que el mundo y la comunidad internacional deben rechazar estas prácticas violentas que despojan de su condición humana a las mujeres afganas fundamentadas en el Islam y celebró que las mujeres de ese país tomen las calles para rebelarse contra el régimen talibán, a pesar del riesgo que corren por sus vidas.
Comparó la situación que padece las mujeres afganas con las venezolanas, “tenemos en común el exilio, una alternativa para no morir de hambre y lamentablemente sobrevivir con el dolor infinito de abandonar la tierra y no saber sí se podrá regresar. Una afgana en el régimen talibán no puede trabajar, vive de la limosna o de la ayuda internacional. Una venezolana que no tiene trabajo sobrevive como puede (…) ambas no tienen acceso a la salud ni derecho a la identidad”.
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Mientras que la diputada Liz Carolina Jaramillo señaló que la toma de facto de Kabul (capital de Afganistán) a manos de los talibanes y sus leyes islámicas, significa “una cachetada a la progresividad de los derechos humanos y libertades de las mujeres afganas, las cuales en medio de este radicalismo, tienen más de 29 prohibiciones y medidas extremas”.
Aseguró que a pesar que las mujeres y niñas venezolanas, “le han sido vulnerados nuestros derechos, levantamos bandera para visibilizar la crisis afgana y alzamos la voz para evitar la normalización de una triste situación contra las féminas”.
Por su parte, la diputada Sonia Medina pidió al pleno del parlamento aprobar un acuerdo en defensa de los derechos humanos de las mujeres, y sostuvo que el poder Legislativo “no puede quedarse en silencio” ante la violación sistemática de los derechos en Afganistán.
“Debemos pasar a la acción, no podemos ser inactivas porque nos convertimos en cómplices de ese abuso y maltrato. Por eso, en cada espacio, tenemos que visibilizar la lucha de las mujeres en Afganistán”, expresó Medina, cuya solicitud no fue respondida.
Generales brasileños, hijos ilustres
Los diútados también aprobaron este martes 24 de agosto un acuerdo donde declaran “hijos ilustres de la República Bolivariana de Venezuela” a los generales brasileños Eduardo Pazuello y Antônio Manoel de Barro, por su labor dentro de la Operación Acogida (2018-2021), como se conoce al programa de ayuda humanitaria implementado por Brasil para la migración venezolana.
El acuerdo señaló que la Operación Acogida ha realizado “un trabajo extraordinario” en la protección y atención de los ciudadanos venezolanos. Ese despliege es ejecutado por las Fuerzas Armadas de Brasil en conjunto con las agencias internacionales.
Las autoridades estiman un aproximado de 300 mil compatriotas en territorio brasileño. La mayoría de ellos hacen escala en el estado de Roraima, y luego se trasladan o son reubicados en otras ciudades al interior de ese país, debido a la poca oferta de trabajo para los migrantes, además del colapso de servicios, especialmente de salu pública.
El documento también expresa que el pueblo venezolano “estará eternamente agradecido por la excelente labor que han realizado en favor de los migrantes y refugiados”.
Uno de los hijos ilustres declarados por la AN de 2015, el general Eduardo Pazuello, es exministro de Salud de ese país y está involucrado en investigaciones por la compra con sobreprecio de tratamientos ineficaces para la covid-19, además de la deficiente atención de la pandemia, lo que ha elevado la cantidad de contagios y fallecidos en los últimos meses.
Además, fue llamado a testificar ante la Comisión Especial conformada en Brasil que investiga una presunta malversación de fondos por parte del presidente Jair Bolsonaro en la compra de vacunas contra la covid-19.