Hijo del Contralor pasó a la fase final de selección del nuevo Defensor Público
El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado Giuseppe Alessandrello, dio a conocer el nombre de las diez personas que pasaron a la fase final de evaluación del proceso de designación del nuevo Defensor Público. Por otra parte, la AN del 2020 aprobó en segunda discusión la reforma a la Ley de Archivos, cuyo objetivo es el resguardo y cuidado de los archivos históricos de la nación
La Asamblea Nacional (AN) dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) postergó el nombramiento del nuevo Defensor Público General. Durante la sesión ordinaria del 19 de julio apenas se pudo conocer el nombre de los diez candidatos que pasaron a la fase final de selección, entre los cuales figura Elvis Junior Hidrobo Pérez, hijo del contralo general Elvis Amoroso.
El presidente del Parlamento electo en los cuestionados comicios del 2020, Jorge Rodríguez, dio un tiempo «corto pero prudencial» al Comité de Postulaciones Judiciales para decidir entre los aspirantes quien será el nuevo Defensor Público. No precisaron el número de días hábiles para tomar una decisión definitiva.
La iniciativa se puso a consideración de la Cámara, luego de que el presidente y vicepresidente del comité, diputados Giuseppe Alessandrello (PSUV) y José Gregorio Correa (AD), respectivamente, presentarán el nombre de los diez aspirantes que pasaron a la última etapa de evaluación.
Desde la tribuna de oradores, Alessandrello dio a conocer el nombre de los diez candidatos al cargo de Defensor Público General. De acuerdo a lo expuesto por el parlamentario de la bancada oficialista son los siguientes.
«La escogencia del Defensor Público General es parte de la revolución del sistema de de justicia y la reinstitucionalización que hemos adelantado desde 2021 en la Asamblea Nacional», dijo Alesandrello desde la Tribuna de oradores.
El parlamentario recordó que el proceso de selección comenzó con 28 aspirante elegible que luego se redujo a una lista de 13 nombres. Detalló que en el proceso de evaluación además de fijarse en el mérito curricular también tomó en cuenta el «cruce de información capital» proporcionada por organismos como el Seniat, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
Por su parte, el vicepresidente del comité, diputado José Gregorio Correa, destacó el nivel de formación de los aspirantes. Recalcó, además, que quien sea electo debe estar al servicio del ciudadano que no tiene recursos para ser asistido en juicios.
¿Quién son los candidatos a Defensor Público?
La ley dice que se requiere ser venezolano, mayor de 30 años, tener una reconocida honorabilidad y ser jurista de reconocida competencia. Además, se exige que el candidato haya ejercido la abogacía por un mínimo de diez años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; haber sido profesor universitario o profesor universitario en ciencias jurídicas, durante un mínimo de diez años y tener la categoría de profesor titular; o haber estado dentro del sistema de justicia como defensor, fiscal, haber sido juez en cualquier especialidad con un mínimo de diez años en el ejercicio de la carrera judicial.
El diputado Elvis Hidrobo es uno de los candidatos. Fue electo como suplente en la «lista nacional» en los comicios de diciembre de 2020. Fue juramentado y forma parte de la Comisión de Política Interior.
El legislador chavista desde que asumió una curul ha buscado llegar a a un cargo en otro poder público. Lo intentó cuando se postuló para ser rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2021, este año se postuló para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o Inspector de Tribunales o director de la Escuela de la Magistratura. En ninguno de los casos llegó al listado final de aspirantes a ser respaldado por los diputados.
De hacerlo, pudiera votar por sí mismo si el día de la sesión correspondiente está incorporado a la cámara en ausencia de su diputado principal.
Edgard José Moya Millán es otro de los aspirantes que pasó a la etapa final de selección que lidera el Comité de Postulaciones de la AN 2020. Moya en 2017 presentó su candidatura para ser magistrado del TSJ. En el pasó fungió como juez civil y contencioso administrativo en la Región Capital. También ocupó el cargo de defensor público en Guanare, Puerto Ordaz y Anazo. Fue profesor en el Instituto Universitario de Policía Científica, y en las universidades Gran Mariscal de Ayacucho y Santa María.
Fiscales del Ministerio Público también pretende alcanzar la Defensa. Juan Carlos Toro Castaño es uno de ellos así como Jelitza Bravo, que ejerce en el estado Aragua.
Se suman a los ya mencionados el director de la Defensoría Pública Daniel Augusto Ramírez, quien fue nombrado como encargado del cargo cuando la titular pasó al TSJ en mayo de este año. El diputado Pedro Carreño lo propuso como Defensor Encargado, en tanto que se concretaba la designación. Antes fue director general del despacho del Ministero de Salud en 2017.
También se encuentran entre los diez: Dorangel Carrizales, actual secretaria ejecutiva del Consejo Moral Republicano; Neida Pérez Morillo, es accionista de la empresa Interspeed, una proveedora de Internet en los Altos Mirandinos y Josmary Páez Fonseca, quien fue abogada en la Sala de Casación Penal del TSJ en 2018, y forma parte del sistema judicial venezolano al menos desde el año 2001 cuando fue nombrada jefe de la División de Servicios Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del Estado Aragua.
Gonzalo Segundo González Vizcaya y Yajaira Medina, también figuran en la lista.
Ley de Archivos
La AN electa en 2020 aprobó en segunda discusión la Ley de Archivos, fue promulgada en el año 1945. Se realizaron modificaciones. Se resalta el resguardo y cuidado de los archivos históricos de la nación.
El presidente de la comisión, diputado Pedro Carreño, comentó que estas normativas fueron debatidas con el pueblo, lo cual permitió ampliar su objetivo, así como la revisión por parte de expertos en materia jurídica para su redacción, que estará apegada a los preceptos constitucionales.
Entre los cambios agregados en sus 25 artículos se establecen las sanciones para personas que vendan y destruyan documentos calificados como históricos, ya que durante las deliberaciones en la consulta pública se revelaron delitos no penados en la ley vigente.
