AN del 2020 designa a Daniel Ramírez como defensor público provisional
La AN también aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Intérpretes Públicos, instrumento que buscará regular el ejercicio de la profesión para actualizar y establecer la nueva institucionalidad y «fortalecer la rectoría del Estado en la materia»
La Asamblea Nacional (AN) dominada por el Partido Socialismo Unido de Venezuela (PSUV) aprobó la designación de Daniel Augusto Ramírez Herrera como defensor Público encargado. Ramírez fue postulado por el diputado de la bancada oficialista Pedro Carreño, en la sesión ordinaria del 12 de mayo, que inició una hora después de lo pautado y culminó con un «jalón de orejas» del presidente de Jorge Rodríguez a los diputados por impuntuales.
El nombramiento fue respaldado por la totalidad de la Cámara. Se realizó luego de que se aprobara en primera discusión a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Defensa Pública, modificación con la que el Comité de Postulaciones Judiciales, que aún está en funciones, convoque un proceso de presentación y selección de candidaturas para ejercer el cargo.
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Carreño, presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño (PSUV) señaló que la reciente designación de Carmen Marisela Castro Gilly, quien ejercía anteriormente la defensoría pública. como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ameritó el cambio.
El parlamentario, durante su derecho de palabra dijo que la extinta asamblea constituyente fue el órgano que impuso a Castro en el cargo el 8 de enero de 2019, con el alegato del supuesto desacato en el que encontraba la AN electa en 2015 y que era dominada por partidos de oposición.
«El cargo está acéfalo y corresponde a la AN cumplir con dos tareas, iniciar el proceso de postulaciones para la escogencia del defensor público, pero antes de ello, se requiere una reforma parcial muy sencilla a la ley», indicó Carreño en la sesión ordinaria de este 12 de mayo en el Palacio Federal Legislativo.
Carreño indicó que se trata de una reforma parcial muy sencilla del artículo 12 de la ley. Al respecto, propuso que se asigne al comité de postulaciones judiciales la potestad facultativa de avanzar en el concurso de oposición para la escogencia de la Defensora o Defensor Público y sus suplentes.
«El cargo está acéfalo y corresponde a la AN cumplir con dos tareas, iniciar el proceso de postulaciones para la escogencia del defensor público, pero antes de ello, se requiere una reforma parcial muy sencilla a la ley», indico.
AN aprueba en primer discusión Proyecto de ley de Intérpretes Públicos
La plenaria también aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Intérpretes Públicos, instrumentos que buscará regular el ejercicio de la profesión para actualizar y establecer la nueva institucionalidad y «fortalecer la rectoría del Estado en la materia».
El proyecto de ley fue presentado por la integrante de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, diputada María Gabriela Vega. La parlamentaria indicó que este derogará a la vigente norma. Constará de 18 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final.
Explicó que es un punto de honor para la AN reconocer la lengua de seña venezolana, y sus intérpretes, como idioma oficial, cumpliendo con una observación precisa del comité de personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la defensa reciente del informe del Estado venezolano sobre la convención de las personas con discapacidad.
El diputado por la bancada opositora Omar Ávila propuso instalar mesas técnicas de trabajo en la consulta pública del proyecto, al igual que mecanismo para elaborar el reglamento que permita la ejecución de la misma para no repetir los errores del pasado. Hizo la salvedad acerca de la elaboración del reglamento señalando que es competencia del Ejecutivo Nacional y no de la AN.
Durante la discusión intervino la diputada Rodbexa Poleo, quien expresó que el proyecto es un instrumento que fortalece la seguridad jurídica y vela por los derechos y garantías de las personas. Agregó que al derogar la ley actual, que data de 1956, se está garantizando un instrumento más justo, humano, solidario, con perspectiva de género, inclusivo y con responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
