AN investiga al ministro Gilberto Pinto por decreto que avala minería en seis ríos
La diputada Yolibel Guacarán destacó que esta resolución no solo viola la Constitucion sino que conlleva al incremento de la deforestación, envenenamiento del agua por mercurio y alteración de los cauces de los ríos
La Asamblea Nacional declaró la nulidad absoluta de la resolución 0010 que autoriza la minería en seis ríos vitales para la cuenca de la Amazonía, e investigará y sancionará al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto, por estos hechos.
En la sesión ordinaria del martes 21 de abril, la quinta de forma virtual en el año, el parlamento venezolano señaló en un acuerdo que la extracción de minerales directamente del cauce de cuerpos de agua es una de las actividades mineras que generan mayor impacto y no son mitigables.
Y es que la resolucion 0010, publicada en Gaceta Oficial 6.526 del 8 de abril de 2020, permite a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), o las filiales que esta designe, para que ejecuten actividades mineras de extracción de oro y diamante en el caudal o espacio fluvial de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroni, Yuruari y Cuyuní; todo esto con el objetivo de «estimular las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país y el aprovechamiento de los recursos naturales».
El diputado Américo de Grazia, quien intervino desde su exilio, aseveró que esto es un «adefesio jurídico», como continuación del Arco Minero del Orinoco, para saquear los recursos minerales del sur del país «y usarlo para financiar grupos terroristas, bandas delincuenciales y producir un holocausto de nuestros prueblos indígenas».
De Grazia señaló que con esta actividad minera se puede llegar a afectar el 50% del territorio nacional, al menos 33 etnias indígenas y 10 de los parques nacionales más importantes del país.
«Se los obliga (a los indígenas) a pagar en oro para acceder a transporte, acceso a medicamentos, comida. Eso tiene que acabar, nuestra voz no cesará para construir un referente distinto. Ya no puede ser un modelo extractivista o minero, tiene que haber una reinvención», destacó el parlamentario de Bolívar.
Por su parte, Yolibel Guacarán destacó que esta resolución no solo viola la Constitucion sino que conlleva al incremento de la deforestación, envenenamiento del agua por mercurio y alteración de los cauces de los ríos. «Solo en Bolívar son más de 198 comunidades indígenas que fueron obligadas a dejar sus hogares debido a actividades mineras ilegales» relacionadas al Arco Minero.
Además, indicó que con esta resolución se coloca en peligro directo al parque nacional Canaima y la reserva de Imataca, que ya están siendo deforestadas por la actividad minera ilegal.
Los parlamentarios también aprobaron investigar y sancionar al presidente de la Corporación Venezolana de Minas, Carlos Osorio; a la viceministra de Exploración e Inversión Ecominera, Magaly Enríquez; y a la gerente de encadenamiento e industrialización de la Corporación Venezolana de Minas, Angeliket Márquez
Educación por el piso
En la sesión de la AN también se debatió sobre la situación del sistema educativo durante la pandemia por la covid-19 y las medidas que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro para «asegurar» la culminación efectiva del año escolar 2019-2020.
La presidenta de la subcomisión de educación de la Asamblea Nacional, Bolivia Suárez, resaltó el «fracaso» del programa gubernamental llamado «Cada hogar una escuela» debido a que el país no cuenta con una infraestructura tecnológica o servicios básicos que soporten la estadía de los estudiantes en sus hogares.
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El 75% de los estudiantes no cuentan con conectividad, profesores y alumnos no tienen teléfonos inteligentes y los profesores tampoco cuentan con internet estable, mencionó la diputada, al tiempo que destacó que trabajan en una propuesta para que a 450.000 docentes se les garantice una ayuda socioeconómica, «ya que el régimen no los ha tomado en cuenta para realizar los ajustes salariales correspondientes. Pero para esto es necesario que se implemente el consejo de gobierno propuesto por el presidente Guaidó».
Bolívar resaltó además que la subcomisión de educación trabaja y apoya a diversos sectores en la creación de un plan de trabajo para recuperar el año escolar y garantizar la calidad educativa para el próximo periodo escolar.
La diputada María Teresa Mulino coincidió que «aquí no es terminar el año escolar por terminarlo, lo importante es que sea una educación de calidad», al tiempo que criticó algunos contenidos que se han dado en VTV pues «son errados. Si ya tenemos dificultades para transmitir contenidos a los alumnos vía online, imaginen ahora con esta dificultad».
Por su parte, Amelia Belisario asevero que el régimen de Nicolás Maduro «no ha escuchado a los docentes durante muchos años y ahora tampoco escucha las recomendaciones para culminar este año escolar. Para ellos es más importante pasar que la calidad de la educación».
La parlamentaria también resaltó que los docentes venezolanos están «financiando al Estado» con respecto a la educación, pues ninguno recibe un sueldo acorde que le permita cubrir necesidades básicas como la canasta alimentaria. «Un docente tipo necesita 23,75 sueldos para poder alimentar a sus familias. Si a eso le agregamos que no hay servicios de calidad, cómo pretenden desde el régimen que sea la familia la que cubra la educación».
Respaldo a Nueva Esparta
Los diputados de la AN discutieron y aprobaron un acuerdo en respaldo a Alfredo Díaz y al pueblo de Nueva Esparta debido a las recientes decisiones que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro debido al aumento de casos de covid-19 en la entidad.
Luis Emilio Rondón señaló que en Nueva Esparta se está presentando una situación «inconveniente y delicada» por el aumento exponencial de casos de coronavirus, y recordó que las competencias de salud le fueron quitadas al gobierno regional desde octubre del año pasado.
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El diputado Magalvi Estaba afirmó que el llamado «protector de Nueva Esparta», Dante Rivas, y los militares «controlan todo en la isla, hasta quién sale y quien no». También denunció el cobro de 20 dólares para otorgar el salvoconducto que permite movilizarse en ese estado.
Mientras que el presidente de la AN, Juan Guaidó, aseveró que «no es con persecución y hostigamiento a las autoridades legítimas como se combate la pandemia; por el contrario, es respaldándolas y apoyándolas. Vaya nuestro respaldo al pueblo de Nueva Esparta, a su gobernador. El objetivo de la dictadura es muy claro: ocultar información y acallar voces, y han usado como nueva excusa la pandemia. Ya basta de persecución».
El mandatario encargado del país también envió su apoyo a los pescadores de Araya, en el estado Sucre, quienes el lunes 20 marcharon para exigir el abastecimiento de gasolina, pues no han podido salir a trabajar y tampoco han podido movilizar la mercancía (pescado) por falta de combustible.
Guaidó doijo que «Maduro es pasado, no tiene control, sino del desastre. Mientras la dictadura se reparte culpas de quiénes son los responsables del narcotráfico; nosotros desde el Gobierno encargado seguimos adelante para atender a la población en medio de esta crisis».
