Anauco solicita a Tribunal de La Haya celeridad en caso de filial del BOD en Curazao
Aún no se vislumbra una próxima resolución para los depositantes del Banco del Orinoco NV, filial de la entidad financiera venezolana BOD, con sede en la isla de Curazao y que fue intervenida por las autoridades de ese país hace un año y medio
Representantes legales de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) solicitan ante tribunales con sede en La Haya, sede de gobierno de los Países Bajos, intervenir en el proceso judicial que se lleva a cabo en Curazao para que sean devueltos los depósitos de cientos de ahorristas del intervenido Banco del Orinoco NV, filial del Grupo Financiero BOD. La acción va acompañada de una denuncia de retraso procesal por parte de las autoridades curazoleñas, por lo que piden celeridad en el caso.
Luego de un año y medio desde que se ejecutó la intervención y posterior liquidación por parte de los organismos bancarios de Curazao del Banco del Orinoco NV, debido a una declaratoria de bancarrota, aún no ha habido una resolución o acuerdo entre esta entidad y sus ahorristas. Como se recordará, más de 15.000 venezolanos fueron afectados en 2019 por medidas de supervisión contra el Banco del Orinoco NV de Curazao, All Bank de Panamá y BOI Bank de Antigua.
Dada la imposibilidad de los ahorristas de poder recuperar sus depósitos, crearon un frente de defensa colectiva para enfrentarse el bloqueo de sus ahorros y fondos de subsistencia y, los cuales están siendo asesorados y representados por Anauco.
En este sentido, a mediados de marzo Anauco solicitó en el Tribunal de La Haya la celeridad en el caso de la filial del BOD en Curazao, para que sean resarcidos los 55 millones de dólares, aproximadamente, en depósitos de unos 300 clientes.
«Estamos pidiendo celeridad en el proceso de Curazao, ya ha pasado año y medio y aún los síndicos de la bancarrota no informan sobre la existencia de los activos del banco declarados en los balances y por las firmas auditoras facultadas. Los síndicos proponen en sus últimos tres informes la suscripción de un memorandum de entendimiento entre las partes, es decir, entre los accionistas del banco y los depositantes, pero no terminan de presentar los términos del acuerdo y sobre qué activos se ejecutaría», indicó Roberto León Parilli, presidente de Anauco.
Agregó el abogado que en la acción legal se solicitó que los síndicos (designados ante el tribunal de Curazao por el Banco Central de ese país), presenten estos términos para verificar su conveniencia y garantías de fiel cumplimiento de ese eventual acuerdo y, en caso de no ser viable avanzar con los procesos en defensa de los derechos e intereses de los depositantes.
El por qué se acude al Tribunal Supremo de los Países Bajos con sede en La Haya es, según explicó León Parilli, porque es el órgano judicial de mayor rango de toda la mancomunidad que integra la unión de Países Bajos, entre los que está Curazao.
Este tribunal solo atiende y conoce, en primer lugar, los recursos interpuestos contra decisiones de los tribunales locales de cada país miembro y, segundo, tiene la función de supervisar y velar por el correcto funcionamiento del sistema judicial.
«Nuestra solicitud invoca la segunda facultad mencionada, ya que para acudir por vía de recurso hay que hacerlo en contra de alguna decisión de los tribunales inferiores, lo cual no ha ocurrido, ya que la bancarrota del BDO está en desarrollo en primera instancia y no hay aún decisiones sobre las cuales ejercer recurso. Ahora bien, invocando la facultad de supervisor del sistema judicial nuestra solicitud se enfoca en una denuncia de retardo procesal que afecta los derechos humanos de los afectados, pues pasado año y medio aún los síndicos no certifican si existen o no los activos del banco declarados en los balances y auditados por las firmas auditoras respectivas», resaltó.
Reiteró el presidente de Anauco que el exhorto consiste en que el máximo tribunal ordene al juez de Curazao que pida a los síndicos el informe sobre los activos del banco y el proyecto de acuerdo «memorándum de entendimiento», que vienen planteando en sus informes como plan de acción, «todo ello con el fin de que los depositantes puedan evaluar la viabilidad de dicho acuerdo o en su defecto rechazarlo».
Recientemente se divulgó una información en la cual se aseguraba que el Grupo Financiero BOD habría pagado todas las deudas a los depositantes del Banco del Orinoco N.N. como del All Bank Panamá. Sin embargo, fue negado por los afectados, abogados y diputados de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, quienes adelantan una investigación sobre este caso.
El Banco Central de Curazao suspendió el cinco de septiembre de 2019 al Banco del Orinoco N.V., lo que llevó luego a la Superintendencia de Bancos de Panamá a tomar control de otra de sus filiales, el banco All Bank. Mientras que la filial del grupo BOD en Antigua y Barbuda (BOI Bank) fue objeto de medidas de excepción el 18 de septiembre de ese año. Pero en Venezuela, el 12 de septiembre, la Superintendencia del Sector de Instituciones Bancarias (Sudeban) anunció la intervención administrativa del BOD por 120 días.
En declaraciones dadas en su momento, el presidente ejecutivo del BOD, Víctor Vargas Irausquin, argumentó que la junta directiva de la entidad venezolana acordó «tener menos bancos fuera de Venezuela, por lo que desde el 3 de septiembre (de 2019) se decidió la liquidación del Banco Orinoco de manera voluntaria». Seguidamente, el primer plan de pago presentado a los ahorristas se basó en la entrega de una parte de los depósitos en efectivo y la otra a través de un portafolio de inversiones, lo cual no fue aceptado por la mayoría de los clientes.
