Andrea Rondón: «Estamos en una nueva etapa de la política sistemática de destrucción de la propiedad»
En entrevista con TalCual, la abogada y profesora universitaria Andrea Rondón García afirma que la cierta estabilidad económica que ha habido en los últimos años no será duradera mientras no se produzca un verdadero cambio estructural ni haya verdaderas inversiones
Foto principal: Evelyn Crende | RMTF para Prodavinci
La economía de Venezuela en 2021 dista mucho de la de 2018. Las flexibilizaciones de los controles durante este período de tres años llevaron a que ahora el dólar lidere las transacciones comerciales en el país; que las operaciones cambiarias y los tipos de cambio libres no estén prohibidos ni sean penalizados; que los anaqueles estén colmados de una importante variedad de productos, nacionales e importados, no vista en los últimos siete años de recesión; y que prácticamente ninguno de estos sean ofrecidos en bolívares.
Sin duda un panorama completamente distinto al de tres años atrás, cuando el país enfrentaba tasas de hiperinflación mensuales superiores al 100%, escaseaban productos básicos, la única manera de conseguir una Harina PAN era donde se encontraran bachaqueros y el gobierno llevaba a cabo masivas fiscalizaciones que agravaron el desabastecimiento, alimentaron la informalidad y aceleraron el cierre de empresas. Hoy hay 1.087 industrias menos que en 2018, cuando había en el país unos 3.208 establecimientos industriales, de acuerdo con el registro de Conindustria.
La abogada y profesora universitaria Andrea Rondón García, directora del Comité del Observatorio de Derechos de Propiedad de la asociación civil Cedice Libertad, se ha dedicado a estudiar lo que denomina la «política sistemática de destrucción de la propiedad privada» implementada por el chavismo que llevó al país a sufrir la actual crisis humanitaria, que forzó a más de cinco millones y medio de venezolanos a abandonar su país, el mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo, de acuerdo con la Acnur.
A propósito de las recientes medidas contra las cadenas Farmatodo, Excelsior Gama y Beco, TalCual conversó con Rondón, también directora académica del Instituto Ludwig von Mises Venezuela, quien afirma que el país está en una nueva etapa de la política de controles contra los pequeños espacios que subsisten tras dos décadas de regulaciones y persecuciones y siete años de recesión.
– ¿Qué es el control de precios?
– Cuando se aplican controles se crea un elemento artificial en la dinámica fluida entre la oferta y la demanda, el cual genera obstáculos en el mercado que hará que el empresario no pueda fijar libremente el precio y que tome la decisión de dejar de ofrecer el producto o servicio porque nadie quiere producir a pérdida. Y los que deciden seguir ofreciendo sus productos no saben hasta cuándo podrán aguantar trabajando de esta manera, además de que nuestro control de precios fija también un límite para las ganancias.
Si pones y fijas precios la oferta no sabrá cuál es el producto que la demanda necesita ni hacia dónde debería enfocar su producción. El demandante, por su parte, sufrirá escasez y ante la poca oferta no tendrá el derecho a decidir dónde y qué comprar. Por tanto, el control de precios es una grotesca sustitución por parte del Estado de la voluntad y de nuestra toma de decisiones.
– Dice que estamos en una nueva etapa de la política de controles. ¿En qué consiste esta nueva fase?
– Estamos viviendo una nueva etapa de arremetida contra la propiedad privada. El gobierno no ha tenido la intención de eliminar los controles, siempre han estado presentes, lo que está haciendo ahora es cambiar un poco la intensidad de acuerdo con sus necesidades y el contexto económico. Hoy estamos en una dolarización caótica de facto, no pensada, en la que no existe una disponibilidad suficiente de divisas para dar vuelto, lo que hizo que empresas como Beco y Excelsior Gama buscaran sus alternativas perfectamente legítimas. Pero el régimen no lo aceptó y estos establecimientos fueron víctimas.
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Digo también nueva etapa porque hay que agregarle la ley antibloqueo, que permite «privatizaciones» entre comillas, porque en realidad no lo son. Que pasen de lo público a lo privado no las hacen privatizaciones. No son procesos transparentes, todo lo contrario, son completamente opacos. No sabes en manos de quién va ni si son los más idóneos.
Según la Ley de Privatización y la cultura de privatizaciones que teníamos en las décadas de los 80 y los 90, la idea es que se contrate a quien mejor pueda prestar los servicios que se estén ofertando desde el sector público. Eso ahora no lo sabemos y seguramente no se reflejará en verdaderos cambios estructurales, sino simple y llanamente en beneficios para los aliados comerciales y políticos del régimen. Solo eso.
La política y la intención de destrucción siempre han estado presente, nunca se han derogado estas medidas. Tampoco han dejado de crear «instrumentos legales» para avanzar en este ataque contra la propiedad. La ley antibloqueo dictada por la ilegítima asamblea constituyente es el ejemplo reciente, además de decretos presidenciales. Con la ley antibloqueo se dan herramientas que permiten desaplicar las pocas leyes que nos protegían en nuestros derechos y libertades y negociar activos del Estado, incluso empresas que han sido expoliadas, de forma secreta y reservada. No tiene que pasar por la autorización de la Asamblea Nacional, con lo cual la transparencia, característica propia de estos procesos, se elimina.
La ley antibloqueo es un statement (declaración) de que no van a dar un paso atrás en lo que han hecho y que van a continuar en esta política que ahora tiene otra apariencia, la apariencia de bodegones. No son cambios estructurales en el fondo.
– En 2018 hubo fuertes ataques contra el sector privado. Fiscalizaron supermercados, farmacias, panaderías y otros comercios, sancionaron y obligaron a bajar precios. Los estantes quedaron vacíos. Recuerdo haber visto estantes de Farmatodo sin un solo producto y el Excelsior Gama de Santa Eduvigis desabastecido. También detuvieron a gerentes de importantes establecimientos.
– Eso ya no lo ves. Ahora puedes conseguir productos, que pueden tener precios inalcanzables, ese es otro tema, pero se consiguen. Esas colas por cédula y por un producto de primera necesidad en una determinada semana ya no las ves y es porque ciertamente han flexibilizado los controles, y, al flexibilizar también el control de cambio, ha habido distintas vías de abastecer estos establecimientos.
Han sido 22 años de una dictadura en los que ha habido una política sistemática de destrucción de la propiedad privada, y así como redujeron a su mínima expresión al sector privado, ellos, como sector público económico, se fortalecieron. No solamente en cuanto a sus instituciones formales, sino también informales, háblese de narcoestado y de sus alianzas políticas y económicas con los chinos, rusos, turcos e iraníes. Esto mueve dinero, ilícito, pero mueve. Y gran parte de nuestra economía estatizada se mueve con este dinero ilícito.
Las pocas actividades lícitas que subsisten, asfixiadas y resistiendo no sabemos hasta cuándo, se han visto beneficiadas directa o indirectamente por ese capital ilícito. Estamos tan penetrados por ese dinero que es imposible que no permee en los sectores. Algunos dicen que no aceptan dinero de enchufados, pero no lo saben. Un patrono identificado no puede saber de dónde vienen todos sus clientes y su capital. Lo que quiero decir es que en estos tres años todos nos hemos visto beneficiados por todos esos factores que han confluido y que se han movido.
– ¿Qué ha pasado en los últimos tres años?
– Desde el Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad hemos observado que en los últimos tres años, luego de que reconociera la crisis humanitaria en 2016, ha habido una especie de cierta «estabilidad económica», muy entre comillas, por las sanciones del gobierno de Estados Unidos y ciertas flexibilizaciones de controles. No estoy diciendo que hay una mejoría, sino que hemos sentido los efectos de una burbuja económica. No se puede hablar de liberalización de mercado, porque los reglamentos de esos controles siguen presentes. Lo que hicieron fue flexibilizarlos.
Con las medidas de sanciones del gobierno de Estados Unidos, mucho del dinero ilícito que, como dije, es gran parte del dinero que se mueve en Venezuela, no podían sacarlo a otras jurisdicciones, en consecuencia, gran parte quedó retenido y tuvo que invertirse en el país. Y así como nosotros, los venezolanos de a pie, estábamos asfixiados y necesitábamos métodos de pago e ingresos más allá del bolívar, que estaba completamente destruido, el gobierno también lo necesitaba. Entonces, esa forma de arreciar los controles, que vimos en otros períodos como en 2003, 2014, 2017 y 2018, lo flexibilizaron para facilitar el día a día de todos incluso de ellos mismos, que además no estaban recibiendo ingresos petroleros.
Esto hizo que las denuncias por control de precios y de cambio bajaran en estos tres años. Empezaron a ser muy esporádicos, podía aparecer una que otra denuncia, pero no hemos visto, por ejemplo, algo como el Dakazo en 2013 o esas campañas y ataques políticos anunciados por televisión y redes contra la empresa privada.
Hay una especie de flexibilización de los controles y una especie de cierta mejoría. Hay cierta estabilidad, pero como no hay un verdadero cambio estructural ni verdaderas inversiones sino de sus aliados y a precios de gallina flaca, este respiro no será duradero.
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– ¿Y qué diferencia esta nueva etapa de la política de controles de la otra?
– Cuando en Cedice diagnosticamos la política sistemática de destrucción de la propiedad privada, hemos identificado distintas etapas que se pueden asociar a un método específico o a un caso emblemático. Cada etapa tiene sus características y un método, que está determinado por cómo está funcionando la economía en el momento.
Vimos los mayores ataques a la propiedad vía legal y extralegal en los primeros años del régimen contra las tierras productivas de actividad agrícola y ganadera. Vimos hasta comportamientos agresivos y acelerados de sustituir las leyes por decretos presidenciales, ataques con la fuerza pública contra hacendados y luego, cuando ya no había a quién atacar en el sector de tierras, miraron hacia otros sectores como cemento, construcción y comercio. Hoy sigue el ataque contra la propiedad privada, pero va destinado principalmente hacia los pocos espacios de existencia económica, hacia lo poco que queda de economía tras siete años de recesión.
– ¿Por qué las leyes y decretos presidenciales que permiten los controles no han sido derogados en estos últimos años de flexibilizaciones?
– Mientras el régimen esté en el poder no habrá intención de derogar este andamiaje, más bien de reforzarlo, como hicieron con la ley antibloqueo, que, como mencioné, establece la posibilidad de desaplicar las pocas leyes que son garantía para el ciudadano.
– El gobierno ha creado una terminología de su modelo económico que incluye palabras como justos, protección y especulación, las cuales son usadas por venezolanos incluso ahora luego de haber sufrido las consecuencias de los controles.
– Es nefasto e influye en la psique del que está desesperado. Por ejemplo, al principio de la pandemia, cuando ciertos productos como los tapabocas tenían precios de mercado, fueron muchos los que dijeron que era un abuso de las farmacias en momentos de crisis. Implícitamente estaban llamando a un control de precios que, por supuesto, no se justifica porque iba a traer escasez de estos productos tan necesarios actualmente. Pero gracias a que no se tocaron los precios de ninguno de estos productos, hoy vemos una importante variedad de tapabocas, de gel y de otros productos, además de una variedad de precios. El que no hayas tocado el precio estás permitiendo que la oferta pueda ver cómo se comporta la demanda.
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– En las redes sociales todavía se pueden leer comentarios de venezolanos que se alegran de las fiscalizaciones, que dicen que los comerciantes abusan y que deberían controlarles los precios. El economista Luis Oliveros dice que luego de 20 años, Venezuela debería tener un doctorado en esta materia. Y, en efecto, ¿por qué cree usted que algunas personas no aprenden del pasado?
– Es un tema psicológico. Este es un régimen que se ha señalado como incompetente al principio, pero sabe perfectamente lo que hace, que es ser un generador de caos a su favor. Su objetivo no es gobernar al país, sino sostenerse en el poder de forma ilegítima y arbitraria y ha sido muy efectivo en esta generación de caos llevando a la población a una situación de extrema pobreza. Cuando esto ocurre, necesitas lo más básico para vivir. Te han llevado al nivel de un animal: necesitas comer y mantenerte sano a niveles de sobrevivencia. Esto hace que, aunque puede que entiendas los efectos nefastos del control, estés en una situación en la que no lo vas a avalar pero no lo vas a discutir porque te beneficia en la adquisición inmediata de alimentos y medicinas.
Es un mecanismo de control social mantienen a la población en pobreza extrema de forma tal que es muy difícil que sean críticos de este tipo de medidas. No hemos terminado de aprender porque nos han llevado a una situación de hambre absoluta. Cada quien ha padecido el régimen a su nivel, porque si uno evalúa la situación actual y la comparada con la de hace unos años nadie pensaba que estaría donde está ahora. Si nos molestemos porque no tienen vueltos y nos piden comprar unos chocolates para completar el billete es porque ya contamos cada dólar, ya llegamos a una situación que no nos podemos dar le lujo de dar un dólar a algo que no está en nuestro presupuesto.
Sin embargo, somos más críticos en ciertos rubros y en otros no tanto. Por ejemplo, hoy siento que hay mayor conciencia en relación con la fijación del salario mínimo, que es una especie de control de precios en el sector laboral. Ahora cada vez que hay un anuncio todos se ponen la mano en la cabeza porque saben que les afectará.
Venezuela, la verdad, nunca ha sido una cultura prolibertad. Nuestra cultura, lamentablemente, es liberticida y estatólatra.
