Árbitro internacional ordena a Venezuela pagar €1.481 millones por expropiar Agroisleña
Con la promesa de «recuperar» 240.000 hectáreas productivas en apenas un mes y el doble de esa cantidad en dos meses, Chávez anunció en octubre de 2010 la expropiación de Agroisleña, cedida a los militares tras la creación de AgroFanb y vendida a una empresa desconocida en 2020 por su incapacidad para mantenerse operativa
La política expropiatoria de Hugo Chávez sigue generando compromisos y deudas para Venezuela casi 10 años después de su muerte. Apenas días después de que el gobierno de Nicolás Maduro devolviera la propiedad del Sambil de La Candelaria a sus dueños originales, se demuestra que en el ámbito internacional, las soluciones no son tan simples.
La «gracia» de expropiar la empresa de producción de suplementos agrícolas, Agroisleña —ahora llamada Agropatria— le costará al Estado unos €1.481 millones, que deberá pagar como compensación ante la compañía matriz española Agroinsumos Ibero-Americanos, junto con las empresas Inica Latinoamericana, Proyefa Internacional y Verica Atlántica, por la expropiación de su propiedad en Venezuela a mediados de 2010.
Así lo determinó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que se encarga de dirimir las diferencias arbitrales relativas a inversiones de carácter internacional de sus Estados miembros.
De acuerdo con este árbitro, la medida del chavismo constituyó una violación del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Venezuela, firmado en por ambos países en Caracas en 1995.
La demanda se introdujo en 2016, de acuerdo con el historial del Ciadi. En febrero de 2017 se efectuó la primera audiencia y el caso avanzó durante los siguientes dos años, hasta que en junio de 2019 se suspendió por acuerdo entre las partes. En octubre de ese año, los demandantes solicitaron la reanudación del procedimiento, que se cerró en enero de 2022.
*Lea también: Chevron: seguimos operando de acuerdo a las sanciones petroleras sobre Venezuela
No fue sino hasta el 23 de marzo de 2022, seis años después del inicio del procedimiento, que el tribunal emitió una sentencia en la que condena al estado venezolano a pagar los casi 1.500 millones de euros como compensación.
De igual forma, como corresponde, Venezuela deberá asumir los costos de los procedimientos del juicio. Tendrá que pagar 1 millón de euros por cada etapa y otros 14,8 millones de euros por los gastos del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos para pagar su defensa.
La expropiación de Agroisleña
Con la promesa de «recuperar» 240.000 hectáreas productivas en apenas un mes y el doble de esa cantidad en dos meses, Chávez anunció en octubre de 2010 la expropiación de Agroisleña, empresa fundada por el empresario español Enrique Fraga.
El anuncio lo hizo a través de su programa dominical Aló Presidente, donde acostumbraba dirigir sus discursos más populistas y hacer anuncios mientras divagaba.
En ese mismo programa, Chávez aclaró que no negociaría con los empresarios, como se lo había pedido previamente el entonces presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez.
El resultado de esta decisión se evidenció con el pasar de los años. En 2013 la puso al orden de los militares, pues creó la Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (AgroFanb), que estaría a cargo del control de la producción en los campos.
Bajo su nuevo nombre, Agropatria, la empresa ejerció un monopolio que afectó a los otros productores más pequeños, al disponer de todos los fertilizantes y otros insumos necesarios para la agricultura.
La mala gestión de la empresa la llevó a una situación insostenible y tras reducir su producción de manera masiva, vendió la empresa de forma anónima a la empresa Agrollano 2910, que ahora administra más de la mitad de sus 70 tiendas y dos plantas de pesticidas.
De esta empresa poco o nada se sabe, ya que no hay registros de acceso público sobre la compañía y sus dueños. Esta transparencia es amparada por la Ley Antibloqueo, un instrumento legal aprobado por la ilegítima asamblea constituyente poco antes de ser disuelta tras más de tres años de operatividad inconstitucional.
*Lea también: Entre hermetismo y confidencialidad avanzan las inversiones con la Ley Antibloqueo
