Fiscal Saab elige investigaciones de impacto mediático mientras relega corrupción y DDHH
El fiscal Tarek William Saab es profuso en los anuncios de ciertas investigaciones, mientras deja en el camino casos de corrupción y de derechos humanos. El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, cree que Saab toma en cuenta el impacto mediático; y el constitucionalista Juan Carlos Apitz recuerda que los empleados públicos están sometidos a la opinión colectiva
El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, es profuso en los anuncios sobre las investigaciones que inicia el Ministerio Público y en el reporte de cifras sobre el funcionamiento de su despacho. De esta manera, no resulta extraño la investigación sobre casos referidos al maltrato a animales, algunos casos de feminicidio y corrupción, así como las causas recurrentes contra los adversarios políticos, comenzando por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 40 países.
“Este 23 de marzo hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de estos recursos del Estado venezolano que podían ser destinados entre otros fines para la atención de la pandemia del covid-19”, indicó Saab al anunciar un nuevo proceso de la veintena que acumula el Ministerio Público contra Guaidó.
Saab, que fue nombrado por la ANC en 2017, ha dejado en el camino los casos gordos que apuntan hacia la violación de los derechos humanos, la tortura y los hechos de corrupción en los que presuntamente estarían incursos funcionarios de gobierno, señalan abogados e investigadores consultados por TalCual.
En el orden de las investigaciones selectivas, aseguran los entrevistados, se encuentran las de los casos mediáticos como el proceso contra los conductores Jean Mary Curo y Alex Goncalves tras cuestionar una campaña de gofundme para el animador Dave Capella durante su convalecencia del covid-19, quien falleció a finales de marzo pasado.
Pero además, a finales del mismo marzo, se supo de la detención del poeta Juan Manuel Muñoz, conocido como ‘Moriche’, y la novelista Milagros Mata Gil, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, por comisiones del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de El Tigre, Anzoátegui.
A Muñoz y Mata Gil, que recibieron libertad condicional el 1º de abril, se les acusó del supuesto delito de instigación al odio luego de que la escritora difundió en un grupo de WhatsApp un texto titulado “Fiesta mortal”, en el que se refería la presunta asistencia del fiscal Saab y su madre a una boda de la que salieron varios contagiados por covid-19.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniel, cree que el fiscal Saab toma en cuenta el impacto mediático y, en muchas oportunidades, busca llamar la atención.
“Matan a un perro y el fiscal actúa más rápido, pero murió un pemón en la cárcel y todavía no sabemos qué pasó allí. Claro que hay que actuar en el caso del perro, pero no se le pueda dar prioridad sobre una persona que estaba en la cárcel, a la que no se le dio asistencia médica”, puntualiza Daniels.
#IMPUTADO por el MINISTERIO PÚBLICO:
JORGE LUIS DURAN por los Delitos de: #MaltratoAnimal, Daño a animal ajeno, Porte ilícito de arma de fuego, Aprovechamiento de cosas provenientes del delito… DICHO SUJETO LUEGO DE UNA PELEA ASESINÓ CON UNA PISTOLA A LA #MASCOTA DE SU VECINO pic.twitter.com/yPW40VINRv— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 2, 2021
Se trata del pemón Salvador Franco, quien falleció en enero de 2021 en la cárcel de El Rodeo II. Desde noviembre de 2020, la salud de Franco se había deteriorado, tenía desnutrición y presentó síntomas asociados al covid-19. En 2019, la Fiscalía acusó a Franco y otros 12 indígenas, de terrorismo y de sustracción de armas de fuego tras vincularlos con la Operación Aurora, en la que un pequeño grupo de militares tomó un campamento militar en el estado Bolívar.
“Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento”, registró la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos, en la actualización de su informe en marzo de 2021.
El director de Acceso a la Justicia expone que se observa que no hay una verdadera atención a los indígenas y a las mujeres que, además, son señaladas por el Estado como poblaciones vulnerables.
Acto grosero del fiscal
Para Alí Daniels, el silencio del fiscal ante el caso del pemón Salvador Franco es un acto tan grosero como lo ha sido la falta de investigación sobre el caso de Odebrecht.
“Los mismos dueños y directores de la empresa han dicho que en Venezuela es el sitio donde más sobornos dieron, y la justicia brasileña dice que cuando quieran mandan la información y los testimonios y lo que sea. ¿Qué ha ocurrido con Odebrecht? No se ha hecho absolutamente nada, te das cuenta del doble discurso. Para algunas cosas actuó rápidamente y para otras simplemente no hago nada”, argumenta Alí Daniels.
Sobre los hechos de corrupción, las investigaciones que se conocen son muy puntuales, indica el constitucionalista Juan Carlos Apitz. “Se han atendido cositas muy puntuales que uno se pregunta si no serán un ajuste de cuentas entre ellos. Quizás actos del gobierno para lavarse la cara con el tema de la corrupción y distraer la atención pública”, esgrime Apitz.
El abogado agrega que muchos de los anuncios del fiscal Saab, que es muy activo en las redes sociales, se han hecho en medio de situaciones que atraen la atención del público.
De acuerdo con el reporte del fiscal Tarek William Saab, en agosto de 2020, el Ministerio Público ha develado 21 tramas de corrupción en la industria petrolera y procesado a 103 funcionarios de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, entre ellos 28 altos gerentes. «En total por delitos de corrupción se han realizado 10.299 imputaciones y 3.028 acusaciones. Esto arroja un total de 1.741 personas condenadas”, aseveró.
En febrero de 2021, el fiscal general informó que el Ministerio Público ampliará la investigación en Pdvsa Gas para develar más hechos de corrupción. Anunció entonces que fue solicitada una orden de aprehensión contra la directora de articulación institucional y política de la presidencia de Pdvsa Gas Comunal, Catherine Sté. La funcionaria, presuntamente, habría desviado el gas licuado de petróleo que debía ser distribuido entre los sectores más vulnerables del estado Mérida, a empresas privadas que lo comercializaban en divisas y altos precios.
A Sté se le solicitó por la presunta comisión de corrupción propia agravada, peculado de uso, concierto de funcionario con contratista, usurpación de funciones y asociación. Antes de eso, el fiscal Saab, el 4 de febrero, dijo que fueron solicitadas órdenes de aprehensión contra el presidente de Gas Comunal de Pdvsa, Jacob Grey, el gerente de la planta de llenado de Charallave en Miranda, Yohandry José Guevara Álvarez; así como contra los gerentes de las plantas de llenado en Apacuana y El Tambor, Oriana Alejandra Betancourt Corales y Eder Alexis Dugarte, respectivamente.
Derechos humanos en stand by
El 7 de abril, el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionó que Venezuela «siga sin respuestas del Fiscal Constituyente, Tarek William Saab, tras 11 días de su anuncio de que investigarían las denuncias de abusos de derechos humanos en Apure, entre ellas la Masacre de El Ripial», donde una familia fue asesinada.
Venezuela sigue sin respuestas del Fiscal Constituyente, Tarek William Saab, tras 11 días de su anuncio de que investigarían las denuncias de abusos de derechos humanos en Apure, entre ellas la #MasacreDeElRipial.#NoALaImpunidad @mbachelet @IntlCrimCourt @CIDH @MinpublicoVE pic.twitter.com/3g8ruvzpPs
— PROVEA (@_Provea) April 7, 2021
En septiembre de 2020, en el informe “La verdad de Venezuela contra la infamia”, el Ministerio Público, a cargo Tarek William Saab, informó de la imputación de 603 funcionarios de seguridad del Estado, que han sido señalados como “presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos y 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos”.
El informe también señala que un total de 638 funcionarios fueron imputados, entre otros, por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, y violaciones de domicilio.
“Provea ha dicho que, en 10 años, ha habido 15 mil detenciones arbitrarias, cómo es posible que se hable de 638 funcionarios investigados o imputados, que no es lo mismo, y que de eso solo haya condenados 140”, argumenta Alí Daniels.
El director de Acceso a la Justicia subraya que los números que ha ofrecido el fiscal designado por la constituyente sobre actos concretos contra violadores de derechos humanos “son de un digito o dos dígitos y las violaciones son cientos de miles. Entonces, te das cuenta de que esos mismos números dados por ellos están diciendo que la Fiscalía no está haciendo nada”, puntualiza.
«Las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos no se hacen porque este es un gobierno que descansa en la represión, a los órganos represores no los van a tocar. La orden de captura contra Jean Mary Curro y Alex Goncalves decía hastag derechos humanos. A mi me parecía eso una burla. Vamos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), vamos a ver a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)», subraya Juan Carlos Apitz.
El constitucionalista recuerda a Tarek William Saab que, según dictamen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, «los empleados públicos estamos sometidos a la opinión pública. Esa es parte de nuestra labor. ¿Por qué no acusan a los violadores de derechos humanos?», increpa.
Apitz añade que no se pueden ocultar situaciones como cuando no se enjuicia a un policía o se imponen beneficios procesales. Refiere, por ejemplo, los beneficios recibidos por los investigados por el caso del concejal Fernando Albán, que están en libertad, o los funcionarios del caso del capitán Rafael Acosta Arévalo.
«Para el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo tan mediático, tan delicado, tan grave, la imputación no fue por tortura. Lo mataron golpeándolo y la imputación no fue por tortura. Esto pone en evidencia que los casos que habrá de tortura serán residuales y que efectivamente no representan la realidad de lo que ocurre dentro de los calabozos”, refirió Alí Daniels.
La Misión de Determinación de Hechos, en septiembre de 2020, reportó más de 3.300 casos de ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
“Antes de eso, el gobierno de Maduro pone los casos en los que la Fiscalía ha actuado. De esos 3.300 casos, que son más, hay solo 63 condenas. Es decir, eso no llega al 1%. Hay ciento y tantas imputaciones. Las condenas dependen del juez, pero las imputaciones dependen exclusivamente del Ministerio Público. Entonces, eso te demuestra que la impunidad por parte de las propias autoridades que están llamadas a sancionar a estas personas, es prácticamente total. Estamos hablando de que es más del 90%”, advirtió Alí Daniels, en un trabajo de TalCual de diciembre de 2020.
En agosto de 2020, Saab también aseveró que desde 2017 hasta 2020 «hemos presentado imputación contra 584 presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos. Se ha privado de libertad a 450, esto es algo que tuvo que reconocer la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU».
Tarek William Saab: En estos 3 años hemos presentado imputación contra 584 presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos. Se ha privado de libertad a 450, esto es algo que tuvo que reconocer la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) August 7, 2020
El miércoles 7 de abril, en horas de la noche, el fiscal Saab anunció el inicio de una investigación penal al alcalde Luis Adrián Duque, del municipio Sucre del estado Yaracuy, del que se hizo viral un video, cuestionado por diferentes organizaciones y sectores del paìs, en el que marcaba las casas de los pacientes con covid-19.
El titular del Ministerio Público dijo que Duque actuó «de manera unilateral y al margen e la política del Estado para combatir la pandemia».
Saab informó que la Fiscalía y la Defensoria del Pueblo actuaron de forma conjunta «para proceder a retirar los insólitos avisos colocados selectivamente en Yaracuy».
1) #SEGREGACIÓN HOY el MINISTERIO PÚBLICO aperturó investigación penal al Alcalde Luis Adrián Duque de Yaracuy, quien de manera unilateral y al margen de la política del Estado venezolano para combatir la #pandemia: marcó macabramente las casas de pacientes que sufren Covid19 pic.twitter.com/SjdXAdlCdb
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 8, 2021
Contra el odio
Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (Ininco), cuestiona que el Ministerio Público sustente varias de sus investigaciones en delitos tipificados en la Ley Contra el Odio, como sucedió con el caso de los conductores Jean Mary Curro y Alex Goncalvez, así como la novelista Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz.
#1Abr Confirma su abogado Jorge Márquez que Milagros Mata Gil y Juan Manuel Muñoz quedaron sujetos a presentación cada 30 días y que les mantendrían retenidos temporalmente sus celulares para el “vaciado”. Les imputaron supuesta “Instigación al Odio”, Art. 20 “Ley Contra el Odio”
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) April 1, 2021
«Cuando hablamos de la Ley contra el Odio se trata de una ley contraria a lo establecido en la Constitución, la cual protege de manera expresa la libertad de opinión y el derecho de la información y protege la censura previa. Cuando estableces una ley que incluye penas de cárcel por ejercer la libertad de expresión va en contra de la Constitución», destaca Torrealba.
Añade que se intenta aplicar una ley que no es constitucional, con orientación política, se agrava el sentido de lo que se pretende hacer, no se respeta el derecho a la defensa, ni el debido proceso de las personas que se mencionan.
La investigadora destaca que Ley contra el Odio prevé penas de cárcel de hasta 20 años y contiene disposiciones normativas que, incluso, son de mayor rango que lo establecido por el Código Penal y las leyes orgánicas.
Para Torrealba, además, se observa claramente «una gran discrecionalidad» en las investigaciones. «Si se si revisa, por ejemplo, el discurso que se transmite en medios públicos, se ve que en algunos programas se divulga información del ámbito privado de algunas personas, y se les señala sin pruebas y se difunden datos privados. En estos casos, no hay seguimiento ni un llamado de atención».
La investigadora señala que en el discurso de los funcionarios públicos, de manera recurrente, se emplea un lenguaje de criminalización y de exposición al escarnio público de ciudadanos, académicos, dirigentes políticos y periodistas. Cree que la aplicación de la Ley contra el Odio tiene un fin ejemplarizante dadas las penas, pero sobre todo las medidas cautelares que se imponen cuando se otorga la libertad condicional.
Rechaza que todas las acciones que, en este sentido, se toman desde la Fiscalía cercenen la libertad de expresión. «La libertad de expresión es un derecho de doble vía, tanto de quien lo emite como de quien recibe la información», puntualiza.
Por otra parte, cuestiona la celeridad del Ministerio Público en los casos en los que recurre a la Ley contra el Odio, con la ausencia de investigación sobre el empresario Alex Saab, pese «a que investigaciones periodísticas sólidas han demostrado que hubo corrupción en negocios con el gobierno.
Esperan por el fiscal
En enero de 2021, Tarek William Saab informó sobre el desmantelamiento de una red de trata de personas en los estados Delta Amacuro, Lara y Vargas. Sin embargo, no se refirió a un operativo similar en Apure. El funcionario informó que el 16 de enero fueron rescatadas tres adultas y siete adolescentes que habían sido captadas por esta red de trata de personas y sometidas a la prostitución, cuyo destino final era Trinidad y Tobago.
En 2019, TalCual en alianza con la plataforma Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló la investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual. En ese contexto, Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, de acuerdo con índices mundiales.
Asimismo, el 12 de diciembre de 2020, 34 venezolanos murieron durante un presunto naufragio en las costas de Güiria, Sucre. Hasta ahora no hay respuestas para los familiares de las víctimas, ni culpables.
El 18 de diciembre, el fiscal Saab anunció que había orden de aprehensión contra siete funcionarios de la Estación de Vigilancia Costera Güiria de la Guardia Nacional (GN) y contra miembros de organización responsable del naufragio.
El 23 abril se cumplirán dos años desde que se les perdió el rastro a las más de 30 personas que abordaron el bote A casi dos años de la desaparición del bote Jhonaily José investigaciones están estancadas en Güiria, estado Sucre, para trasladarse a Trinidad y Tobago y escapar de la emergencia humanitaria compleja que en ese entonces ya estaba instalada en el país. A casi dos años, los familiares siguen esperando acciones del Estado para la búsqueda y el rescate de sus parientes.
Han denunciado que, hasta ahora, no han recibido señales de avance en las investigaciones sobre el caso. Familiares de los desaparecidos han desestimado las hipótesis y versiones dadas por autoridades de que la embarcación zozobró, por el contrario, han afirmado a TalCual que el único naufragio es al que han ido a parar sus denuncias.
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