Aumentan violaciones a la libertad de prensa durante cuarentena por covid-19
En el más reciente ataque a la libertad de prensa, el 24 de marzo funcionarios de las FAES detuvieron por más de media hora a la periodista Rosalí Hernández (Caraota Digital)
El pasado 16 de marzo entró en vigencia el decreto de cuarentena social solo para seis estados del país (Zulia, La Guaira, Cojedes, Miranda, Táchira, Apure) y el Área Metropolitana de Caracas tras haberse confirmado 17 casos de coronavirus en Venezuela para esa fecha. Ese mismo día la medida de aislamiento se hizo extensiva a todo el territorio nacional. Sin embargo, la orden establece excepciones de circulación para los sectores de alimentación, transporte, seguridad, servicios sanitarios y medios de comunicación, que deben seguir cumpliendo con sus obligaciones.
Pero los periodistas y trabajadores de la prensa están entre los que más se les ha coartado el derecho al trabajo por parte de funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad, violando así el derecho a la libertad de prensa, lo que a su vez imposibilita a la ciudadanía la recepción de información oportuna y veraz durante el aislamiento social.
De acuerdo con el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), desde el inicio de la cuarentena en el país se han violado los derechos de al menos una decena de periodistas de distintos medios de comunicación a nivel nacional. Entre las transgresiones destacan la exigencia de borrado de material, restricción de circulación y detenciones arbitrarias.
El primer registro que se tiene fue el propio día de inicio de la cuarentena, el lunes 16 de marzo, relacionado con el impedimento de acceso a Caracas por parte de la Guardia Nacional a la reportera de Vivoplay Mariana de Barros, desde la carretera Panamericana (estado Miranda); esto a pesar de llevar consigo sus credenciales de prensa y de mostrar a los funcionarios el video del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, con la orden de que se permite trabajar a los periodistas.
También durante el primer día de cuarentena, dos trabajadores del portal Crónica Uno, Tairy Gamboa (fotógrafa) y Ariadna García (periodista), fueron hostigadas por cuatro funcionarios de PoliCaracas, quienes las obligaron a borrar el material que habían obtenido luego de realizar un recorrido por el mercado de Catia, en la parroquia Sucre.
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Fueron amenazadas con llevarlas al comando si no borraban las fotografías. Uno de los funcionarios les dijo que no podían estar por el lugar porque «Catia es una zona muy delicada y que los periodistas lo único que hacen es tergiversar la información». Todo el equipo de Crónica Uno, incluyendo a los motorizados, estuvo detenido por unos 15 minutos y a todos les tomaron una fotografía.
Cayapa conjunta
El segundo incidente contra la libertad de prensa ocurrió en la avenida Urdaneta de Caracas, el martes 17 de marzo, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en conjunto con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron por 40 minutos al periodista Kerlin Mosquera, quien trabaja para el diario 2001, por no usar tapabocas al momento de tomar el transporte público. Los funcionarios le rompieron a Mosquera su identificación de prensa y luego fue liberado.
El mismo martes, pero en el estado Falcón, el gobernador de la entidad, Víctor Clark, amenazó al Diario La Mañana tras acusarlo de desconocer medidas contra el covid-19. «Sí Diario La Mañana se quiere poner como operador político a desconocer medidas para prevenir la pandemia, que se atengan a las consecuencias», le dijo el mandatario.
Luego de las acusaciones, las cuentas de Twitter del diario (@lamananaweb) y la del periodista Jonattam Perito (@soypetitygarcia) fueron bloqueadas.
El sábado 21 de marzo, en la noche, el periodista Darvinson Rojas, quien trabaja de forma independiente, fue detenido por unos 15 funcionarios de las FAES, encapuchados y armados, quienes fueron a buscarlo en su residencia en Mamera, alegando que habían recibido un reporte anónimo de un caso de covid-19 y por eso se lo llevaban. Además, los funcionarios policiales detuvieron a Jesús Rojas y a Miriam Sánchez, padres del comunicador.
Extraoficialmente se dice que la detención de Darvinson Rojas se dio luego de hablar de cifras de casos de coronavirus mayores a las ofrecidas por las autoridades.
El 23 de marzo, Rojas fue presentado en los tribunales, se le negó el derecho a la defensa y, según información del SNTP, la decisión habría sido una medida sustitutiva que hasta el momento desconocen sus abogados y familiares. Días después de estar ilegalmente preso en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Caricuao, Darvinson Rojas fue liberado.
Cuatro días después de la detención del periodista se supo que los delitos imputados son instigación al odio e instigación pública. También se le acusó de terrorista, pero el cargo fue desestimado.
Más violaciones a la libertad de prensa
En otro ataque a la libertad de prensa, el 24 de marzo funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron por más de media hora en Catia a la periodista Rosalí Hernández, de Caraota Digital. Le revisaron los equipos y la obligaron a borrar el material, luego de esta acción fue liberada.
El mismo martes, Beatriz Rodríguez, directora del diario La Verdad de Vargas fue sacada de su residencia en los bloques de Páez, en Catia La Mar, por efectivos de Poli-La Guaira. La detención de Rodríguez se dio luego de que el medio que dirige informara sobre el noveno caso positivo de covid-19 en la entidad ese mismo día.
La periodista Rodríguez fue llevada a la Fiscalía de La Atlántida, Catia La Mar, le tomaron las declaraciones, pidiendo que revelara la fuente de la información publicada. Ese mismo martes, la comunicadora social fue liberada. Sin embargo, se le prohibió hablar de su caso.
La tarde del miércoles 25, Yarnaldo Tovar fue víctima de otro ataque a la prensa. Esta vez, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), detuvieron al corresponsal del medio peruano @360GradosInter1, mientras recopilaba información sobre el coronavirus en las afueras del Hospital de Coche, en Caracas. El periodista logró avisar que le quitarían el celular.
El medio perdió comunicación con Tovar a las 3:30 pm y hacen responsable «al régimen de lo que pueda sucederle».
El día jueves, Tovar asistió a la sede de la PNB de El Valle, en compañía de su abogado defensor, para rendir declaraciones. Se conoció que se le acusa de «alteración del orden público y resistencia a la autoridad». Yarnaldo Tovar debió asistir nuevamente a este centro policial este 30 de marzo.
Tras una acusación de «alboroto» en una estación de gasolina en San Carlos, estado Cojedes, un Guardia Nacional detuvo el pasado 26 de marzo al periodista Alexander Zerlin de la emisora Rumbera 94.7 FM, quién estaba exigiendo que los surtieran de gasolina para poder suplir con sus labores. Zerlin estuvo esposado durante una hora en la estación de servicio.
Luego de dos semanas de confinamiento, por órdenes de Conatel el programa «En Vivo» de Unión Radio salió del aire después que un invitado les dijera a las conductoras, Lilia Vanorio y Adriana Núñez, durante los días de cuarentena que»ahora es más difícil aceptar una negociación cuando ya no solo le dices usurpador sino narcotraficante».
Otro caso se registró en el estado Mérida cuando Belkis Contreras, integrante del concejo municipal de Tovar, amenazó a Adán Contreras de la emisora Giga 91.3 FM con aplicarle la ley del odio luego de que el comunicador replicara en redes sociales un mensaje de la funcionaria en el que decía que «no importa si no había comida, importa es la salud».
Adán Contreras fue citado por el capitán Reinaldo Reyes al puesto de la Guardia Nacional de Tovar para «conversar» sobre la publicación que involucraba a la funcionaria y sobre otra difusión sobre el vuelo de un dron el 1 de abril.
El pasado 7 de abril la Guardia Nacional detuvo por cuatro horas a Mayerling Villanueva y al fotógrafo Luis Cobraría, de La Prensa de Táchira, en Peracal, cuando intentaban ingresar a la estación de bomberos de San Antonio. Los funcionarios les decomisaron el equipo y borraron el material.
De igual forma, en el punto de control un uniformado les quitó las cédulas, revisó el celular de la periodista y se les impidió hacer una llamada telefónica mientras estuvieron detenidos.
El 8 de abril una funcionaria de la Alcaldía de Sucre, estado Miranda, quiso impedir que la reportera del medio internacional Telemundo Ana Rodríguez hiciera temas de apoyo en la redoma de Petare. Aunque Rodríguez tenía su carnet que la identificaba como periodista, la funcionaria exigía revisar las grabaciones.
Ya en la quinta semana de cuarentena, el periodista y director de TV Local, Arnaldo Sumisa, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional en El Sombrero, estado Guárico, por estar grabando una protesta nocturna en la que se exigía agua. Sumoza fue llevado al comando de la GN junto a dos dirigentes políticos de Un Nuevo Tiempo.
El comunicador estuvo 24 horas preso y fue liberado con medidas cautelares, entre las cuales destaca la presentación en Tribunales cada 60 días, confirmó el Colegio Nacional de Periodistas. A los detenidos se les acusó de instigación al odio; ya he supuestamente les incautaron cauchos, botellas con gasolina y fósforos con los que «pretendían cerrar la avenida Bolívar».
Otra violación a la libertad de prensa ocurrió el 15 de abril cuando tres funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y tres civiles se llevaron detenido al periodista Eduardo Galindo Peña de su casa en el estado Apure, supuestamente se lo llevaron para que «rindiera declaraciones sobre una publicación en su portal web Senderos de Apure».
Después de su detención, funcionarios del Conas volvieron a su casa en busca de su computadora personal, pero ante la negativa de los familiares de entregar la laptop, los funcionarios forzaron la puerta y se llevaron a Yoleide Rodríguez, esposa de Galindo, y al hermano del reportero.
El jueves 16 de abril, el periodista Elvis Rivas, quién trabaja como corresponsal de Globovisión en el estado Mérida, fue detenido por la Guardia Nacional cuando iba a su casa tras cumplir con sus labores. 45 minutos después fue liberado.
Al reportero José Rengel de @TeLoCuentoNews se le impidió el ingreso a una rueda de prensa el viernes 17 de abril en la Gobernación del Estado Sucre. A pesar de que fue convocado por la directora de prensa, se le negó el acceso.
En la rueda de prensa se abordarían temas de salud. Esta es la segunda vez que a Rengel se le niega el acceso a una rueda de prensa.
Una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de sus organismos represores, impiden a los trabajadores de la prensa realizar su trabajo de forma libre; en este caso para informar sobre la pandemia de covid-19.
