Aumento de salario mínimo mantuvo la desigualdad y trajo un desorden administrativo
Desde que Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo un 1.757% en marzo —lo que lo elevó de 7 a 130 bolívares—, ha habido un «desorden» en los pagos de las remuneraciones, así como violaciones a los convenios colectivos
Pedro Martínez, supervisor de servicios internos en el Hospital de Niños J. M. de los Ríos y camillero nocturno en el Vargas, cobraba su quincena en un solo pago: a mitad de mes 41 bolívares y a final, 82. Pero desde el 15 de marzo, cuando entró en vigor el nuevo sueldo, la depositan de forma fragmentada y en montos diferentes a otras quincenas.
«La quincena pasada, el último, nos pagaron una parte el jueves y una parte el viernes. Así, cómo uno puede llevar la cuenta de lo que gasta y vaya a comprar. Queremos que nos saquen de ese sistema Patria, porque pagándolo directamente por el ministerio ya pagan todo junto, hacen un monto global, desglosado, y cae todo el mismo día», dijo Martínez.
Por otra parte, señaló que, desde el alza salarial, los montos que le han depositado «han variado mucho» y desconoce qué es lo que devenga debido a que en el sistema Patria no especifican los conceptos.
Al cierre de marzo, cobró 664 bolívares; a mediados de abril, 293 bolívares; a finales del cuarto mes, 718 bolívares; y a mitad de mayo, 184 bolívares.
«Tienen un desorden. Como ellos pagan por el sistema Patria, eso se ha vuelto un desastre, todo es un desorden. Uno no sabe lo que le pagan porque uno no tiene un recibo, algo que diga te pagamos esto, te pagamos lo otro», agregó Martínez, empleado público de 56 años.
Unas de cal y muchas de arena
Los profesores universitarios han denunciado que, tras el incremento del salario mínimo, se les redujeron de manera «sustancial» las escalas salariales que establecen sus ingresos según los grados de profesionalización.
En un comunicado, las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron que los beneficios pactados por porcentajes en el último contrato colectivo aprobado en noviembre, de acuerdo con el grado de profesionalización, antigüedad, rendimiento académico y por carga familiar, se «modificaron arbitrariamente».
Por esta razón, la UCV sostuvo que todo instructivo salarial «impuesto», cuyos montos «no estén acordes con los criterios de las interescalas y reduzca los porcentajes establecidos de primas u otros beneficios, es violatorio de los derechos humanos de la progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos y beneficios laborales del sector universitario».
Los trabajadores protestaron en abril para exigir un salario digno que les permita «vivir dignamente» y que «se corresponda con las necesidades» que tienen cada día, expresaron los afectados.
Empleados públicos llevan la peor parte
La desigualdad salarial entre los trabajadores públicos y privados se mantiene a pesar del incremento del mínimo en marzo, en 1.650%, del llamado «sueldo integral» que incluyendo bono de alimentación, que lo llevó de 10 a 175 bolívares al mes, unos 38 dólares.
Según un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la remuneración promedio de los trabajadores del sector comercio y servicios, que representa el 65% del empleo en Caracas, se ubica en 116 dólares al mes.
Si bien el ingreso privado, que incluye compensaciones, subió 15,7 dólares respecto a marzo pasado, no logra alcanzar la cifra de 381 dólares de la canasta alimentaria medida por el OVF, aun cuando la Constitución establece que todo trabajador tiene derecho a un salario que cubra sus necesidades básicas y la de su familia.
«No obstante la mejora, la remuneración promedio apenas representa 30% del costo de la canasta alimentaria. En el caso de los trabajadores del sector público, el salario mínimo, más bonos de alimentación, representó apenas 8% del costo de la canasta alimentaria», según el Observatorio.
En abril, 63% de los trabajadores del país cobraron salarios en dólares, seis puntos porcentuales que el mes anterior, cuando la porción fue de 69%. Sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez adjudicó esta situación a «un bloqueo que, en su conjunto, privó a nuestra población y violó masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano, de acceso a la alimentación, salud, vivienda. Pero, sobre todo, donde más perjudicó fue en los ingresos de los trabajadores, en todo el sistema de remuneración y de prestaciones sociales», agregó.
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