Bajo la tesis del desacato, TSJ podría levantar inmunidad a Guaidó sin pasar por la AN
El constitucionalista Juan Carlos Apitz señaló que no es de extrañar que el Poder Judicial decida violentar el procedimiento jurídico para acatar la orden política de detener y enjuiciar al presidente del Parlamento, quien el 23 de enero se juramentó como presidente encargado
El abogado José A. Castillo Suárez, titular de la cédula 7.210.067, habría solicitado un antejuicio de mérito contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado el 23 de enero. Aunque algunas fuentes, entre ellas el periódico «Ultimas Noticias», dan como un hecho que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) discutirá la petición, de acuerdo con la Carta Magna un particular no puede hacer esa petición que corresponde al Ministerio Público.
“Un abogado no tiene legitimidad para pedir un antejuicio de mérito. La capacidad legal para solicitar un antejuicio contra el presidente de la AN, y presidente encargado, la tiene la Fiscalía y así lo ha reiterado la propia jurisprudencia del TSJ desde el año 2000, ocurrió así con las peticiones de antejuicio contra Hugo Chávez y William Lara, entre otros tantos. Jurídicamente es lo que debe hacerse. Ahora, ya sabemos que el fiscal Tarek William Saab es ilegítimo”, explicó el constitucionalista José Vicente Haro.
Agregó que dada la posibilidad cierta de que, sobre la base de un motivo político, la Sala Plena cambie de criterio jurídico, un procedimiento previo a un juicio, como lo es un antejuicio, no puede originar una orden de aprehensión y captura contra Juan Guaidó. “La suspensión de la inmunidad parlamentaria para proceder a un juicio debe ser aprobada por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional”, subrayó.
Expresó que el TSJ también podría optar, siempre con la hipótesis política, por atar o vincular la solicitud del abogado José A. Castillo Suárez, con la investigación que se ordenó el 30 de enero de 2019 y la que se inició el 12 de marzo, contra Juan Guaidó por su presunta relación con un sabotaje eléctrico que originó el mega apagón.
José Vicente Haro sostuvo que ante un eventual juicio procedimiento contra Guaidó, el también dirigente de Voluntad Popular (VP) debe ser notificado y concedérsele el derecho a la defensa y al debido proceso amparado por el artículo 49 de la Constitución para que pueda presentar sus alegatos en una audiencia pública.
El TSJ y el atajo del desacato
El constitucionalista y exmagistrado Juan Carlos Apitz coincidió con José Vicente Haro en explicar que la legitimidad procesar para pedir un antejuicio contra Juan Guaidó reposa en el Ministerio Público.
“En el procedimiento contra el diputado Guaidó, presidente de la AN, hay dos alternativas, según la ley: Una cuando es agarrarlo cometiendo un delito en flagrancia, lo detienen, lo llevan a su domicilio y la Fiscalía pide autorización al TSJ para abrir una investigación. Cuando no está flagrancia, el Ministerio Público comienza una investigación, y cuando obtiene elementos de culpabilidad por la comisión de un delito, pide al tribunal autorizar la investigación. El TSJ debería pedirle a la Asamblea que discuta si levanta o no la inmunidad parlamentaria. Pero está la posibilidad de que el máximo tribunal se viole todos los procedimientos jurídicos y se acoja su tesis recurrente del desacato de la AN”, señaló Apitz.
El jurista recordó que, en el pasado, el gobierno ha volado los procedimientos regulares para despojar a un parlamentario de su inmunidad, como ocurrió con los casos de Richard Mardo y Wilmer Azuaje, por ejemplo. Sostuvo que el abogado José A. Castillo Suárez, que interpuso la solicitud contra Guaidó ante el TSJ, tiene en su registro otras peticiones con matiz político.
“La información que manejamos desde el Tribunal Supremo es que la orden de detención contra Guaidó está listo y solo espera por el aval de Miraflores. Este procedimiento podrían aplicarlo contra Guaidó y otros diputados según un criterio de represión selectiva”, enfatizó Juan Carlos Apitz.
Gerardo Blyde, constitucionalista y dirigente político recordó, a través de su cuenta de Twitter, que en el TSJ reposa una solicitud del fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, “de medidas cautelares adicionales a Juan Guaidó, sin juicio ni antejuicio,) que incluye declaratoria de desacato por haber salido del país violando medida preexistente. Eso es probablemente lo que será decidido primero”.
Que más hay en TSJ? Solicitud de Tarek William de medidas cautelares adicionales a @jguaido (sin juicio ni antejuicio) que incluye declaratoria de desacato por haber salido del país violando medida preexistente. Eso es probablemente lo que sera decidido primero.
— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde) March 14, 2019
Blyde agregó que lo que se sabe es que un abogado solicitó antejuicio de méritos contra Guaidó ante TSJ. “No hay acceso al escrito completo. Al parecer no se ha iniciado tramitación y tampoco ha habido plenaria para considerar ninguna medida adicional que se supone debe contiene la solicitud”, subrayó.
El antejuicio de mérito está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en el artículo 266 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con el artículo 110 de Ley Orgánica del TSJ corresponde a la Sala Plena del TSJ declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del funcionario.
¿De qué acusan a Guaidó?
El 29 de enero, La Sala Plena del TSJ decretó medidas cautelares contra Juan Guaidó, mientras realiza una investigación tras su juramentación como presidente encargado el 23 de enero. Las medidas fijadas incluyeron la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; la prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.
La decisión se dio luego de la solicitud del fiscal designado por la Constituyente. «Se han suscitado hechos violentos en el país, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional”, argumentó Tarek William Saab cuando introdujo su petitorio.
Luego del apagón generalizado que vivió el país, y en medio de las denuncias del gobierno de Nicolás Maduro sobre una presunta guerra eléctrica imperial, el 12 de marzo el fiscal Saab volvió con otra acusación contra Guaidó por su presunta vinculación con un sabotaje eléctrico. “Esta investigación se une a la del 22 de enero, informada en su momento, por la cual solicitamos una serie de medidas cautelares que este ciudadano de manera pública desacató”, indicó el funcionario.
