Bicicletas y relajo en El Ávila tienen luz verde en el PORU apadrinado por Inparques
Inparques sometió a consulta pública el anteproyecto de un nuevo Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) para El Ávila que, según expertos consultados por TalCual, quedaría “muy vulnerable” si se aprueba esta propuesta que promueve, entre otras cosas, la circulación de bicicletas
A los ciclistas que ruedan en El Ávila los impulsa la adrenalina y la permisividad de quienes manejan el Instituto Nacional de Parques (Inparques). Con cada kilómetro recorrido no solo rompen sus récords personales, también alteran el ecosistema del imponente cerro que rodea la ciudad de Caracas, sin que las autoridades responsables de preservar este patrimonio natural hagan nada para impedirlo.
La circulación de bicicletas dentro del Parque Nacional está expresamente prohibida en el artículo 28b numeral 9 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU). Pero desde 2019 Inparques cocina a fuego lento una reforma de esta normativa para, entre otras cosas, darle luz verde al ciclismo de montaña.
Esta propuesta surgió luego de que una carrera de bicicletas organizada por el grupo Enduro Series Venezuela develara la discrecionalidad de la institución en la administración del territorio, el pasado 2 de junio entró en una fase decisiva con la apertura de una consulta pública para su aprobación.
Como hecho a la medida de los ciclistas, en su artículo 49, literal F, el borrador del nuevo PORU para El Ávila les concede licencia para rodar en las vías internas de los poblados Galipán y Hoyo de la Cumbre, la ruta que va del sector La Siria a Las Planadas, el sector Puerta Caracas y la ruta que parte desde Hoyo de la Cumbre hasta el Camino de los Españoles.
De aprobarse el anteproyecto haría mucho más que legalizar las bicicletas, también plantea modificar la zonificación del parque mediante la expansión de sus linderos actuales. Del mismo modo, promueve la eliminación de zonas de recuperación, así como el saneamiento ambiental dentro del territorio protegido y áreas aledañas. Todo esto bajo un manto de opacidad.
“Al inicio del plan se hace referencia a un decreto de realinderamiento que no ha sido aprobado y por lo tanto podría ser cambiado. Aún cuando se publican las coordenadas que tendría la nueva poligonal del parque nacional, se está hablando de una poligonal inexistente desde el punto de vista legal”, advierte Elides Sulbarán, ingeniero forestal con maestría en ordenamiento del territorio.
Coordenadas de la nueva poligonal del Ávila en el anteproyecto de PORU
“Hay un fundamento de inseguridad jurídica bastante grande en cuanto a que la delimitación del territorio que está siendo sometido a revisión, la descripción de esa nueva poligonal no se conoce. Esa es una falla enormemente grave”, subrayó el especialista.
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El PORU apadrinado por Inparques activó las alarmas de organizaciones ecologistas. Expertos consultados por TalCual coincidieron en que El Ávila quedaría muy vulnerable si se aprueba esta reforma de la normativa que desatiende la gestión ambiental.
“Las consecuencias serían graves, prácticamente le están quitando protección al parque nacional El Ávila, que es un ente regulador de la contaminación con sus montañas boscosas y le da una distinción sin igual a la ciudad de Caracas”, manifestó la secretaria del Sindicato Unitario de Empleados Públicos de Inparques (Sunep-Inparques) Marlene Sifontes.
Por su parte, Sulbarán explica que los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso para los parques nacionales “deben promover que la conservación vaya de menos a más y no al revés”, como sucede con el anteproyecto que recientemente fue sometido a consulta. “En esta propuesta para El Ávila que además es muy emblemático porque es el parque nacional que sirve de escenario a la capital de la República, vemos que se está relajando la conservación. Esa flexibilización no tiene sentido”, sentenció.
Consulta llena de huecos
La consulta pública para la reforma del plan de ordenamiento del Ávila arrancó con el pie izquierdo. El anuncio se difundió en la prensa nacional y las redes sociales de la institución que convocó el proceso antes de que el anteproyecto estuviese disponible, denunció entonces el Sunep-Inparques.
Cuando la convocatoria fue publicada tampoco se había presentado un diagnóstico actualizado de la situación del parque. Al respecto, Sifontes enfatiza que es mediante esa evaluación que debe revisarse el PORU actual, para ofrecer solución a los problemas detectados. Este requisito técnico era una materia pendiente desde 2019, cuando Inparques realizó las primeras reuniones para la modificación de la normativa.
#02Jun Atención INPARQUES informa hoy en su pág oficial y en Aviso de Prensa escrita que en base al Art 139 de la Ley Org de la Adm Pública, inicia el proceso de Consulta Pública del PORU #PNElAvila e indica q el Anteproyecto está disponible en su pág Y AUN NO ESTA PUBLICADO pic.twitter.com/HgeNLGcrVq
— sunepinparques2 (@sunepinparques2) June 2, 2021
El borrador del nuevo PORU fue publicado horas después junto a un informe técnico donde se exponen las bases que “justifican” el instrumento, el mapa con cambios en la zonificación del parque, además de una encuesta en línea que fue habilitada para que la ciudadanía participara en la revisión de la normativa. Sin embargo, al revisar estos elementos, expertos en materia ambiental encontraron una serie de errores y omisiones que ponen en entredicho su validez.
Marlene Sifontes es enfática al señalar que en la consulta convocada por Inparques la participación ciudadana – requisito indispensable para la aprobación o modificación de cualquier normativa- se vio limitada por la encuesta online empleada por Inparques, mecanismo que a su juicio no es cónsono con la situación del país, “Sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia, cuando tenemos problemas con el internet, con la luz”…
El Ávila
“Inparques presentó a último momento un diagnóstico que no refleja el verdadero estado del parque. El decreto con los nuevos linderos no está aprobado por la Asamblea Nacional y eso tenía que hacerse antes de la consulta pública. Entonces, es una consulta pública que tiene vicios, que adolece del procedimiento”, recalcó la dirigente sindical, quien sustenta sus afirmaciones en un informe que contabilizó más de 100 fallas en el anteproyecto del PORU para El Ávila y el resto de la documentación que rige el proceso.
En el documento de 20 páginas firmado por delegados del sindicato de Inparques y representantes de Venezuela ante la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) contrasta artículos del PORU vigente con su contraparte adulterada. Partiendo de allí, los especialistas recomiendan sustituir o eliminar términos utilizados incorrectamente, precisar disposiciones redactadas de manera ambigua, e incluso suprimir algunas que consideran redundantes.
INPARQUES ha dispuesto el proceso de #ConsultaPública exageradamente #engorroso y #constrictivo,y para nada facilita a los ciudadanos el ejercicio del derecho a la participación consagrado en la #CRBV y en las leyes que rigen la #GestiónAmbiental y la #OrdenaciónDelTerritorio.
— sunepinparques2 (@sunepinparques2) July 2, 2021
“Con ese informe queda demostrado que Inparques no está actuando como establece la ley, que están dejando de lado su verdadera misión que es proteger al parque. Los que consignamos ese documento tenemos que decir con tristeza que, sería muy lamentable que ese PORU sea aprobado como está porque pone al parque en una situación mucho más delicada”, dijo Sifontes.
Asimismo, en la revisión de las bases técnicas del anteproyecto del nuevo PORU vuelve a aparecer la polémica con los ciclistas. “Hay un esbozo de metodología aplicada para decidir en qué sitios se va a permitir la circulación de bicicletas, no para decidir si se permite o no. O sea, que todavía a estas alturas no sabemos por qué las bicicletas están siendo permitidas ahora, cuando están prohibidas en el Plan de Ordenamiento vigente”, señala Elides Sulbarán, quien es miembro del capítulo venezolano de la CMAP.
«Lo más grave -prosigue- es que si quisiéramos conocer la cuantificación que se aplicó en esa metodología para llegar a los resultados que ellos plantean nos remiten a los anexos, y resulta que el documento de bases técnicas que Inparques publicó no tiene anexos”.
Para Sulbarán, los errores e imprecisiones encontrados en el anteproyecto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Ávila, dejan en evidencia que los responsables del documento no se tomaron el tiempo de revisarlo antes de que se enviara a consulta. “Por ejemplo, se habla de migración de especies vegetales, las especies vegetales no migran”, añadió.
Precisa que el informe de recomendaciones que se introdujo en Inparques el pasado 2 de julio, es de carácter preliminar: “Con la premura no nos dio tiempo de hacer revisión a fondo. Incluso cuando estábamos en la edición final conseguimos más detalles que debían ser incorporados”, confesó el especialista.
Lo que sí quedó claro es que la urgencia de Inparques por materializar el PORU donde se legalizan las bicicletas y el relajo en El Ávila fue una orden de arriba. La revisión de la normativa estaba prevista para el segundo semestre de este año. Sin embargo, el presidente de la institución, Josué Lorca, quien hoy es también titular de Ecosocialismo, reconoció que se había adelantado por premura ministerial y presiones de un grupo.
“Inparques hizo todo bajo presión y evidentemente tanto apuro, tan poco tiempo que se da para que la gente pueda manifestar sus opiniones no favorece la conservación del parque ni la participación de la colectividad”, aseveró Elides Sulbarán.
En palabras de Édgar Yerena, profesor del departamento de estudios ambientales de la Universidad Simón Bolívar (USB), la consulta pública convocada por Inparques para la reforma del PORU “es una caricatura, porque no cumple con los estándares mínimos para ser considerada legítima, amplia e inclusiva. Las consultas no son para ‘participar’ a los ciudadanos sobre decisiones ya tomadas, tampoco pueden estar constreñidas por una premura injustificada y menos en tiempos de pandemia”, increpó.
El académico y extrabajador de Inparques (1985-1993) habla con conocimiento de causa, pues como antiguo jefe de la División de Planificación de la Dirección de Parques Nacionales coordinó la elaboración del PORU vigente para El Ávila, incluida una consulta pública que cumplió con lo establecido en la ley.
“En el pasado las consultas públicas eran verdaderos eventos con todos los actores, con supervisión del Ministerio Público y se hacían no solo en la capital, sino en todos los poblados de importancia alrededor y dentro del parque. Esta consulta fue apenas similar a un webinar por internet. No todo el mundo tiene internet. Pero lo peor de todo es que salieron a la consulta sin haber mostrado un documento técnico que sustentara sus propuestas”, afirmó Yerena en conversación con TalCual.
“¿Qué mecanismos dio ahora Inparques para la consulta, una encuesta en la que sólo puedes opinar sobre cinco ítems. O sea, si yo tengo 50 observaciones al plan tengo que abrir diez veces la encuesta, o enviar un comentario de 250 caracteres. Hicimos una contabilidad de nuestro texto y tendríamos que enviar 162 mensajes. De todas maneras, hay una dirección de correo electrónico a la que se hizo llegar el informe una vez consignado en físico”, refiere Sulbarán.
Por su parte, Sifontes señala que tras consignar ante Inparques el informe preliminar con las fallas del anteproyecto del PORU, queda esperar la respuesta que la institución tiene que dar de manera oportuna “y no cuando les dé la gana”. Sin embargo, a casi dos meses de haber introducido el documento esta no se ha producido.
“Seguiremos atentos a cada paso que dé el instituto con respecto a la aprobación del PORU del Ávila porque lo que pase inevitablemente va afectar al Sistema Nacional de Parques de Venezuela, donde así van a permitir de todo en todos los parques nacionales».
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Enduro a la conquista del Ávila
El grupo Enduro Series Venezuela capitalizó el repentino beneplácito de Inparques a las bicicletas dentro del Ávila, pues en dos ocasiones recibieron autorización del ente gubernamental para organizar circuitos de ciclismo montañero en el parque. El último, previsto para el 19 de marzo de 2021 y posteriormente suspendido a causa de pandemia, buscaba repetir el “éxito” de otra competencia que se llevó a cabo en octubre de 2019.
Con el nombre de enduro se conoce una modalidad deportiva del motocross adaptada al ciclismo, que consiste en carreras tipo rally en la que los competidores recorren diferentes rutas divididas por etapas, ejecutando varias pruebas cronometradas. El desempeño de los participantes se mide en función a la destreza y los tiempos establecidos.
Carrera de Enduro en El Ávila, marzo de 2019
Para la carrera del Ávila se fijó un recorrido de 2o kilómetros que abarcó los sectores Lomas de Cuño, Matamoros y el puesto de guardaparques Chacaíto. La ruta quedó demarcada por cintas que amarraron a los árboles, también construyeron senderos, además de un puente de madera. El evento incluyó ventas de bebidas alcohólicas y un show musical para agasajar a los competidores que cruzaran la línea de meta, instalada en el Mirador Boyacá.
Inparques respondió con silencio las críticas de organizaciones ambientales y ciudadanos sobre la presencia de los ciclistas en la montaña emblema de la capital. Los cuestionamientos aumentaron de voltaje cuando el logotipo de la institución apareció entre los patrocinadores del rally organizado por Enduro Series Venezuela. Aquella vez tampoco hubo un pronunciamiento oficial, aunque el organismo adscrito al Ministerio de Ecosocialismo desapareció de la lista de aliados.
Después de la carrera de bicicletas, en noviembre de 2019 se realizaron casi en secreto las primeras reuniones para la reforma del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Ávila, sin una convocatoria abierta, las personas y grupos ambientalistas que asistieron se habían enterado por el boca a boca o las redes sociales. De estas jornadas no salieron resultados concretos, pero sí varias alarmas.
“Desde 2019 eso es un desastre ya para entonces la Dirección de Parques Nacionales manifestaba que querían eliminar el saneamiento de las zonas aledañas. Efectivamente, eso lo eliminan en el nuevo PORU. No se presentó el diagnóstico y el de ahora no refleja el verdadero estado del parque. Todo el proceso ha tenido fallas y todo está alrededor de las bicicletas”, alerta Marlene Sifontes.
Pasaron dos años antes de que se mencionara la reforma del PORU, fue el grupo Enduro Series Venezuela quien sacó el tema a colación al anunciar la suspensión de la segunda carrera que tenían previsto realizar en El Ávila. “En 2019 organizamos con mucho éxito una carrera de Enduro en el Wararaira Repano, contando con el permiso de Inparques (…) desde aquel momento promovimos y hemos participado en mesas de trabajo para la actualización del PORU con el fin de adaptarlo a tiempos actuales”, afirmaba el comunicado publicado el 19 de marzo.
En un comunicado publicado el 22 de marzo, Inparques informó que durante el mes de abril se reanudarían vía zoom las mesas técnicas para la revisión del Plan, tras la “preocupación demostrada por varios grupos”. Estas reuniones virtuales se desarrollaron en un ambiente caldeado. Los ambientalistas exigían un diagnostico de la situación del parque y rendición de cuentas, mientras las autoridades justificaban la presencia de los ciclistas.
“Los funcionarios en las mesas técnicas decían que como el parque nacional es un patrimonio natural, es de todos, todo el mundo tiene acceso, y así no es la cosa. El que sea un patrimonio natural no implica que todo el mundo va a entrar a saco a hacer lo que se le antoje (…) resulta que los ciclistas están allí porque Inparques ha sido negligente para sacarlos”, recalca Elides Sulbarán.
Finalmente, durante una de las mesas técnicas el coordinador del Ávila, Ramón Campos, confirmó que Inparques autorizó la carrera de bicicletas organizada por Enduro Series Venezuela, mediante una vía de excepción.
“La vía de excepción es algo que solo aplica para situaciones del más alto interés social, como por ejemplo, construir diques en quebradas del parque para proteger a la población de deslaves agua abajo, como ocurrió en el caso de la tragedia de Vargas. El permiso es írrito y los que lo dieron incurrieron en una ilegalidad”, sentenció Yerena, quien también es abogado con amplia experiencia en legislación ambiental.
Al respecto, Sulbarán subrayó que a principios de 2021 delegados del Sunep-Inparques solicitaron al Ministerio Público una medida de protección para El Ávila. Por segunda vez desde 2019, cuando instaron al Poder Judicial a detener la primera carrera de bicicletas y abrir una investigación sobre la organización de esta actividad ilegal en el parque. Asimismo, exigieron entonces en el Ministerio de Ecosocialismo la destitución del presidente de Inparques, Josué Lorca, quien en abril de este año fue designado como titular de la cartera ambiental y desde entonces ejerce ambos cargos de forma simultánea.
“Hasta ahora ha habido denegación de justicia, porque ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Ecosocialismo han dado alguna respuesta, sobre nuestros planteamientos de 2021 y 2019”, reiteró el ingeniero forestal quien considera que en Inparques ya hay una decisión tomada en el caso de los ciclistas, que la propuesta del nuevo PORU, viene a ratificar y legalizar dándoles permiso para rodar en el parque.
Negocio sobre ruedas
Detrás de las carreras de Enduro en El Ávila marcha sobre ruedas un negocio que engloba desde organización de competencias hasta la venta de bicicletas, repuestos y accesorios para la práctica del ciclismo de montaña, un flujo de dólares que van directo a la arcas de Enduro Series Venezuela, Scott Venezuela y Pedal Power, tres empresas que comparten el mismo dueño: Sergio Martínez.
En las mesas técnicas para la reforma del PORU del Ávila, Martínez representó a los ciclistas. Sin embargo, durante estas jornadas en línea no se mencionó su rol de empresario, recuerda Marlene Sifontes. La secretaria del sindicato de Inparques considera que este punto no puede pasarse por alto: “Él vende bicicletas, es una de las personas a quien más las conviene que se permitan dentro del parque, ¡vive de eso!”, expresó.
Promover el ciclismo de montaña y establecer un nicho de mercado alrededor de este deporte es más que económicamente rentable. Las carreras organizadas por Enduro Series Venezuela en varios estados del país, con participación de cientos de corredores demuestran que hay demanda suficiente para ello, pese a que la práctica de esta disciplina requiere invertir miles de dólares. TalCual pudo constatar que en la tienda Pedal Powers una bicicleta puede costar $ 14.000.
Mientras que, en la cuenta de Instagram Enduro Caracas un par de cauchos para bicicletas se ofertan en 174 dólares y un set de casco, botas y traje especializado se vendían en 395 dólares a principios de junio.
Asimismo, el costo de las inscripciones para las carreras organizadas por Enduro Series Venezuela variaba de 30 dólares a 60 dólares en las válidas de la temporada 2019 y este año, el registro para la competencia que se celebraría en El Ávila en marzo, requería desembolsillar 80 dólares.
Empresarios del pedal al descubierto
¿Quiénes resultan beneficiados con el creciente auge del ciclismo de montaña en el país? Al meter la lupa en el pequeño emporio de Sergio Martínez, salieron a la luz otros nombres, entre ellos el de un prófugo de la justicia venezolana y un militar que fue contratista del Estado.
Pedal Power no está registrada como marca comercial en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Al buscar el Registro Mercantil aparecen dos empresas registradas con nombres similares: la primera es Pedal Power C.A, compañía que según su expediente se dedica a la compra, venta, importación y exportación de artículos deportivos. Fue creada en 2005 por Francisco José Blasini, Juan Alberto Guerrero Martín y Nerni Johan Gamez Laya, reveló un trabajo de investigación publicado por Runrun.es.
Tienda Scott en Las Mercedes
Los propietarios de Pedal Powers C.A no son empresarios anónimos. Para empezar, Francisco Blasini el accionista mayoritario es un prófugo de las autoridades venezolanas. El 21 de diciembre de 202o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó la solicitud de su extradición a Italia por presuntos delitos de corrupción en Petromonagas, una de las filiales regionales de Pdvsa.
Por su parte, Juan Antonio Guerrero Martín es teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional, fue director general de Administración y Finanzas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en 2007. Actualmente es vicepresidente de Inversiones GVE C.A, compañía vinculada a la industria metalúrgica y a la construcción de obras públicas.
El trío de socios de Pedal Powers C.A, lo completa Nerni Gamez Laya, quien forma parte de la empresa Suministros Brío C.A, consultora de ingenieros con sede en Caracas. Esta compañía se dedica a la compra y venta de equipos de computación y artículos de oficina.
De acuerdo al reportaje de Runrun.es, el nombre de Sergio Martínez vuelve a aparecer esta vez como el cofundador de Pedal Power Import C.A, empresa que registró en 2013 con un capital de 200 mil bolívares. Esta compañía se dedicó, cómo no, a la importación de bicicletas hasta que fue disuelta en 2018, según aclaró el propio empresario al portal aliado de este medio.
Sostuvo que compró Pedal Power a sus antiguos dueños. Sin detallar con quién hizo la transacción, aseguró no saber que los propietarios de la empresa que adquirió eran Blasini, Guerrero y Gamez. Asimismo, recalcó que esta no guardaba relación con Enduro Series Venezuela.
Con quien sí tiene que ver Pedal Power es con la marca Scott, que la identifica en sus redes sociales como su distribuidor oficial en el país. A su vez, el número telefónico de la tienda Scott Venezuela, ubicada en las Mercedes, es el mismo que aparece en la página web de Enduro Series Venezuela, y el RIF rotulado en la puerta del local pertenece a la empresa registrada por Blasini y asociados. Estas conexiones dejan claro que algo no cuadra con la versión de Sergio Martínez.
Lo que Martínez no oculta es su ambición de hacer del Ávila una pista para las carreras de Enduro. Un mural sobre a pared de una de sus tiendas, muestra una reproducción de la montaña con todas sus zonas identificadas y pequeñas bicicletas pintadas como marcando una ruta.
En su cuenta de Instagram el empresario ciclista se deja ver rodando por otras montañas protegidas de Venezuela, como las de la Sierra Nevada de Mérida. Al final el temor de los ambientalistas de que las bicicletas comienzan a invadir otros parques nacionales es una realidad.
El Ávila amenazada y no solo por las bicicletas
Aunque el conflicto con los ciclistas ha acaparado la atención de todos durante los últimos dos años, El Ávila tiene muchos más problemas como la deforestación o las construcciones ilegales, que las autoridades encargadas de resguardar el territorio dejan pasar por debajo de la mesa y tampoco tienen intención de atender con la propuesta del nuevo plan de ordenamiento.
Marlene Sifontes, indicó que por falta de mantenimiento correctivo y preventivo las vías de acceso al parque como Sabas Nieves, La Julia Estribo de Duarte, y Sebucán están deterioradas y con cárcavas (hundimientos) al punto de que, “si ocurre un incendio, ni siquiera los propios guardaparques pueden pasar porque los caminos están intransitables”.
Condenó que en el Picacho de Galipán donde se encuentran instalaciones estratégicas como antenas de telecomunicaciones y deberían ser resguardadas por el personal de Inparques y los cuerpos de seguridad del Estado hayan sido tomadas por los ciclistas “que han enchanchado la vía, la han afectado, ya hay motos haciendo motocross”.
Al respecto, Sifontes enfatiza que no entiende por qué el empeño de hacer ciclismo de montaña en un área protegida como El Ávila. “Si los parques nacionales comprenden poco más del 20% del territorito del país y casi el 80% restante, queda disponible para que los deportistas y ciclistas de montaña puedan hacer sus actividades, cuando en Caracas hay espacios para eso. “Ahí están Los Paulinos, Los Búfalos, El Instituto Nacional de Deporte recuperó la pista La Fragua, que tiene instalaciones acondicionadas para bicicross”.
La secretaria del Sunep-Inparques denunció que los puestos de guardaparques están en malas condiciones: “El puesto de guardaparques de El Fortín está desvalijado, el de Catuche parece una pocilga, el de La Zamurera no tiene luz ni agua… Los que están en buen estado es porque los propios guardaparques, se han encargado de repararlos”.
Puesto de guardaparques El Fortín. FotoCortesía Sunep, Inparques
Resaltó que son los propios trabajadores quienes se han encargado de equipar sus puestos, a pesar de que ganan “salarios de hambre” y son hostigados por la directiva de Inparques, que los obliga a asistir al trabajo en semanas radicales sin garantizarles medidas de seguridad. “Les obligan a firmar actas contra sus propios compañeros”, afirmó Sifontes.
El Ministro Presidente🙇🏽♀️ condena al Personal Activo y Jubilado de INPARQUES y del Min del Ecosocialismo A MÁS MISERIA #NoHayPago de la 1era quincena de Agosto No le basta con pagar SALARIO Y PENSIÓN DE HAMBRE es que ahora #Retrasan EL PAGO #burlaalpueblo #pueblopelando pic.twitter.com/8lfITRCwNq
— sunepinparques2 (@sunepinparques2) August 16, 2021
Al ser consultada sobre la situación del parque nacional El Ávila, la dirigente gremial enumera todo lo que omite el diagnóstico presentado por Inparques para la reforma del PORU, que habla de construcción de nuevas infraestructuras para el aprovechamiento del agua, pero no menciona la tomas ilegales que existen en el territorio.
“A todo el mundo le preocupa la situación de la fuente de agua de Lagunazo, en el área denominada El Pósito, donde hay una manguera que se conecta desde allí hasta Galipán. Hay varias zonas de Galipán, por no decir casi todo Galipán, donde tú caminas y ves una cantidad de mangueras por todos lados, donde la gente se tiene que surtir de agua porque es muy difícil que el agua llegue arriba”.
En ese sentido, Sifontes resaltó que tampoco se hace mención del bote de aguas negras que hay cerca del Hotel Humboldt, que podría estar afectando la naciente de agua de la quebrada Chacaíto.
Denuncia que en la propuesta del nuevo PORU desaparece la prohibición del uso de explosivos y fuegos artificiales. “Eso beneficia al Hotel Humboldt, que cuando hace fiestas utiliza unas luces que se ven en toda Caracas y ahuyentan a la fauna, usan fuegos artificiales y eso está prohibido porque pueden causar incendios», puntualizó.
Del mismo modo, rechazó que se le dé continuidad a las construcciones ilegales dentro de Galipán, mansiones que exceden los 150 metros cuadrados reglamentados en el PORU vigente, además de contravenir la sentencia 1738 emitida en 2009 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y posteriormente ratificada en los años 2012 y 2014.
De acuerdo a un reportaje publicado por TalCual en septiembre de 2020, para ese entonces eran cuatro las construcciones que infringían la normativa. Parece que van en aumento.
“Actualmente, en el sector San Francisco, hay una mansión en construcción con una carretera construida para darle acceso, y un movimiento de tierra que interesa el cerro Papelón…e Inparques mientras tanto, cuenta las estrellas del firmamento y, con actitud carnavalesca, disfraza de posadas a las mansiones y cambia el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso para teñir de legalidad lo que hoy es prohibido”, denuncia un comunicado publicado por el Sunep-Inparques.
Tales hechos son nota cotidiana en los #MediosDeComunicación independientes.
Construcción de mansiones y carreteras; desarrollos que no cuentan con un estudio de impacto ambiental legalmente aprobado; actividades que son contrarias al #PORU, promovidas y aprobadas por #INPARQUES; pic.twitter.com/sH4TwQrTTK— sunepinparques2 (@sunepinparques2) August 8, 2021
Consultados sobre si realmente es necesario actualizar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Ávila vigente desde 1993, Marlene Sifontes y Elides Sulbarán coinciden que es una materia pendiente hacerlo en condiciones adecuadas. partiendo de un diagnóstico real.
“Lo primero que hay que entender que un parque nacional es un ser vivo, no es una fotografía, no es una escultura, es un espacio geográfico donde permanentemente hay cambios. Lo que nosotros debemos promover es que los cambios que ocurran sean producto de la dinámica natural de los ecosistemas, y con la ordenación y la gestión lo que se pretende es que cada vez el parque se proteja más y sus espacios naturales, hasta donde sea posible se acrecientan y no disminuyan”, expresó Sulbarán.
Édgar Yerena agrega que en caso de que el anteproyecto del nuevo PORU de Inparques se apruebe habría que intentar anularlo por vía judicial, demostrando que la consulta pública no cumplió con los requisitos mínimos. Por ahora, afirma que El Ávila puede continuar manejándose con el plan de ordenamiento vigente:
“La gestión de un parque nacional no depende de sus PORU sino de las normas de rango superior y del reglamento general. Así que en mi opinión, el Inparques actual debería estar enfocado en cómo mejorar su capacidad de gestión en lugar de estar cambiando el PORU”.
Entretanto, Enduro Series Venezuela publicó las fechas de tres nuevas válidas: la primera se llevará a cabo el 4 de septiembre en Petaquire estado Vargas, la segunda será el 16 de octubre en Mérida durante el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña y de la tercera solo se sabe que será el 14 de diciembre, no han dicho la locación del evento ¿Acaso esperan un fallo favorable sobre el nuevo PORU para volver a rodar en El Ávila con patente de corso?
