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Blandos con las FARC, duros con Lumay, por Xabier Coscojuela



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Lumay
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Emily Placencia | junio 2, 2015

El Tribunal Supremo de Justicia intervino rápido para destituir a la alcaldesa opositora de Guasdualito, pero nada hace por imponer justicia en esa región ante los desmanes de la guerrilla, los paramilitares y el hampa

Autor: Xabier Coscojuela 


Los reportajes publicados en TalCual las últimas dos semanas dieron cuenta de la grave situación que se vive en la ciudad de Guasdualito. A través de esos reveladores trabajos, escritos por Yosselyn Torres, se puede constatar que el Estado venezolano está ausente en esa región fronteriza, aunque informaciones que vienen de otros sectores dan cuenta de una situación similar.

En la segunda ciudad de Apure manda la guerrilla, los paramilitares, el hampa, pero no el gobierno de Nicolás Maduro. Ninguno de sus representantes en esa apartada región del país ejerce control sobre la misma. Ni la Fuerza Armada Nacional, ni la Guardia Nacional, menos la gobernación del estado y ni hablar de la alcaldía.

Desde Caracas ni se preocupan por lo que por allí pasa a menos que sea de interés para el PSUV. Eso explica la diligencia del Tribunal Supremo de Justicia para convalidar una decisión írrita tomada por la mayoría de los concejales de ese municipio por medio de la cual irrespetaron el voto de los habitantes de ese municipio y destituyeron a la alcaldesa Lumay Barreto para poner en su lugar a un militante del partido de gobierno. Democracia participativa, que le dicen.

Volviendo a la vida cotidiana de Guasdualito, allí el contrabando es el trabajo de la mayoría de sus habitantes, contrabando que se produce con la anuencia, como mínimo, de las autoridades militares de la zona. Nos cuenta Torres que con llenar el tanque de gasolina de una moto su propietario, cruzando la frontera, se gana 1200 bolívares al día. Eso es, sin duda, socialismo productivo.

Pero como dijimos antes, situaciones similares se repiten en otras zonas fronterizas. El diario Panorama de Maracaibo publicó un reportaje, el 29 de mayo, según el cual Maicao, ciudad colombiana, está full de productos venezolanos. Allí se le ve el queso al bachaqueo.

Citamos un solo ejemplo del trabajo publicado en el diario zuliano y firmado por Ernestina García, “La harina de maíz me la ofreció en 2.500 pesos (Bs. 312,50) y me dijo comprámela que en el supermercado de la esquina te va a costar hasta 9 mil (1.125 bolívares). En Maracaibo, el valor real del paquete de un kilo es de 19 bolívares, mientras que los bachaqueros lo venden en Bs. 50”.

Esos productos que se venden en Maicao, en Cúcuta o en Arauca, cruzan la frontera que debe ser custodiada por la Fuerza Armada Nacional, la misma que reforzó su presencia en esas áreas para evitar el contrabando. La que iba a actuar con mano dura para evitar estos ilícitos. Debe ser que meten mano para otra cosa.

Recordamos como el difunto Hugo Chávez hizo campaña para que partidarios suyos ganaran las gobernaciones de los estados fronterizos, con el objeto de evitar que conformaran una media luna que incluso pretendiera separarse de Venezuela. En esto como en otras cosas decía lo que se le ocurría, con total irresponsabilidad.

Pues bien, en los tres estados a los que nos hemos referido mandan militantes del PSUV. Dos de ellos participaron en los golpes de Estado de 1992 justificados, entre otras cosas, por la entrega de la soberanía nacional. Los tres son oficiales retirados, pero ninguno de ellos ejerce mando en sus respectivos estados.

Las mafias de guerrilleros, paramilitares y malandros son el poder en la zona y todo indica que se la llevan bien con los tres gobernadores. Como pudo comprobar Lumay Barreto, los que por ella votaron y los que no, y todos los venezolanos, el Estado dirigido por Nicolás Maduro ejerce su poder cuando le conviene y le interesa y ya sabemos contra quien.

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