Buena educación, por Teodoro Petkoff
El proyecto de nueva Ley de Educación es producto del consenso
En la elaboración y aprobación en primera discusión de la Ley de Educación se ha producido un resultado en el cual el método para alcanzarlo ha sido tan importante como la ley misma. La discusión en el Parlamento contó con la presencia activa y fecunda de la sociedad civil, representada por la Asamblea Nacional de Educación, que fue posible, y debe ser reconocido así, por una voluntad de apertura y de diálogo puesta de manifiesto en la Comisión de Educación de la AN, en particular por su presidente José Luis Faría. De manera que la ley que está a punto de aprobarse es producto de un alto grado de acuerdos posibles entre sectores gubernamentales y no gubernamentales en torno al delicado tema de la educación. Pero la Asamblea de Educación pudo producir eco en los partidos mayoritarios gracias a que supo conducir la reacción de la opinión pública y la movilización ciudadana a cuyo encuentro, afortunadamente, no se negó a salir el Parlamento. Por otra parte, para que se produjeran los acuerdos existía un ancho piso común entre los dos proyectos de ley que sirvieron de insumos para el texto definitivo.
En este se logra una adecuada definición y compatibilización de los roles del Estado y de la sociedad en el hecho educativo. El rol rector del Estado queda fuera de discusión, pero al mismo tiempo se establece con claridad el necesario pero muy específico ámbito de participación de la sociedad. Contrariamente a las ilusiones de un cierto utopismo, ya es suficientemente exigente el papel pedagógico de la escuela, como para pretender hacer de ella una especie de centro articulador de toda la vida comunitaria. Lo que no significa que la comunidad esté ausente de la escuela. Todo lo contrario. Pero dentro de límites racionales y no hasta el punto, por ejemplo, de que ella «elija» al director de la escuela.
Igualmente la ley consagra la adecuación administrativa de la educación pública al proceso descentralizador que ha venido viviendo el país. Así, se reconoce y refuerza el rol de los estados y los municipios en la atención a la escuela, manteniendo la condición del Estado central como obligado diseñador y conductor de los lineamientos estratégicos de la educación. Pero ya una escuela en Tucupita no tendrá que pedir a Caracas la autorización para comprar una caja de tiza.
Un tema que suscitó un prolongado debate nacional, el de la supervisión, queda establecido dentro del contexto del sentido común: la supervisión es un deber del ente rector nacional pero los supervisores, como en general todos los cargos docentes, deben ser designados mediante procedimientos democráticos y meritocráticos.
La educación privada, por otro lado, es reconocida como parte del esfuerzo educativo nacional, complementaria de aquel que compete al Estado (que es el de garantizar una educación pública de alta calidad), pero sometida a reglas de juego comunes y bajo la necesaria y adecuada supervisión del Estado. En fin, ya se sabe que las leyes por sí solas no resuelven nada, pero una buena ley, admitida por todos como propia, es una parte importante del camino hacia el logro de niveles superiores de calidad educativa. El consenso logrado hasta ahora demuestra que este país puede ser de todos, no de un sector.
