Bukele, un año con mucha popularidad y credenciales democráticas dudosas
El mandatario cuenta con una sólida base de respaldo popular, como muestran las encuestas. Sin embargo, expertos cuestionan algunas actuaciones del presidente, al que acusan de irrespetar los pilares de la democracia
DW
Nayib Bukele está a días de cumplir su primer año de gestión. Su camino al poder comenzó en las filas del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido con el que llegó a ser alcalde capitalino. Luego que lo expulsaran de dicho instituto, el político logró la presidencia bajo la bandera de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Desde entonces, su forma de gobernar ha conquistado la popularidad de la población, pero también duras críticas de distintos sectores. A pesar de los señalamientos, su estilo de gobierno no se erosiona.
La popularidad del gobernante
El mandatario tiene altos niveles de aceptación según sondeos nacionales e internacionales. Encuestas hechas –tras sus primeros cien días– por instituciones como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Francisco Gavidia le colocan como el mejor evaluado de las últimas cuatro administraciones.
En tanto, la mexicana Consultora Mitofsky reportó que, en sus primeros siete meses, Bukele tuvo un 81 por ciento de aprobación, calificación superada solamente por el 83 por ciento que recibiera –en el mismo período y con la misma encuestadora– el polémico exgobernante Mauricio Funes. Así, Bukele igualó a Funes al obtener el título de «presidente mejor evaluado de América”, antes de que ambos cumplieran 12 meses de mandato.
La Consultora Mitofsky y Cid Gallup también evaluaron -en sendas encuestas entre marzo y abril de 2020- la gestión gubernamental ante la pandemia. En ambos sondeos, el manejo de la crisis que ha hecho Bukele le ha ganado 97 por ciento de la aprobación.
Entonces, ¿por qué tan mala imagen internacional?
El director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, explicó a DW que lo que se le debate son sus «credenciales democráticas” desde que era edil, porque fue cuestionado por la falta de «transparencia, pero sobre todo por el irrespeto que él promovió hacia el resto de los órganos”. El director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Javier Castro, está de acuerdo, y afirmó a DW que –una vez electo presidente–, su choque con el Parlamento del pasado 9 de febrero fue visto «como un intento de tomar de forma ilegítima el control de la Asamblea Legislativa».
Castro agregó que «estamos viendo que esas conductas se están reproduciendo de nuevo durante la emergencia (por el coronavirus), al punto que se está violentando el principio de separación de poderes al no respetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) y también al invadir facultades legislativas”.
No obstante, el escritor Giovanni Galeas dijo a DW que «el presidente Bukele ganó la elección con el 53 por ciento de la votación nacional. En este momento, la popularidad y el apoyo han crecido más arriba del 90 por ciento por ciento. Casi todas las encuestas registran entre el 97 y 98 por ciento de apoyo popular a la acción del Gobierno. Aquí estamos enfrentando la legitimidad que da tener el 98 por ciento del apoyo y la legalidad que ciertamente está ahí en la institucionalidad. Hay que recordar que esa institucionalidad –desde la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas– ha sido colocada ahí por quienes hoy adversan al presidente desde la Asamblea Legislativa, desde los poderes fácticos, económicos y mediáticos y que solo cuentan con el 2 por ciento del apoyo”, argumentó Galeas.
Por su parte, Castro advierte que «tenemos todos estos señalamientos alrededor de violaciones a derechos humanos que la Sala de lo Constitucional los ha mencionado y también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nos preocupa que esta escalada de acciones y conductas antidemocráticas nos estén llevando hacia un autoritarismo en el que se debilite la democracia”.
Galeas matiza que «hay dos visiones: hay quien sostiene que aquí lo que está pasando es que se están atropellando derechos humanos, derechos económicos, derechos constitucionales». A su juicio, «en el mundo del derecho y de la legalidad, todo es cuestión de interpretaciones”, y alega que «el presidente Bukele está consciente de que corre el riesgo de ser destituido, procesado y eventualmente encarcelado, porque si se conjugan ciertos factores –como la voluntad de la Asamblea Legislativa, la voluntad de la Fiscalía General, la voluntad de la Sala de lo Constitucional– y se combinan en cierta interpretación de la ley, sí pudiera presentarse ese escenario. El presidente no ignora eso y ha dicho que con todo y eso asume el riesgo, pero no va a dar un paso atrás en la defensa de la salud y de la vida de la gente”.
Escobar analiza que «el discurso que tiene el presidente se puede dividir en dos partes: ese discurso maniqueo de ‘están conmigo o están contra el pueblo’ y la otra parte, que es basarlo en tres figuras que son el pueblo, Dios y la Fuerza Armada, y él obviamente como depositario de la voluntad popular. Con la pandemia, lo que terminamos de ver es la acentuación de esas deficiencias. Es decir, terminamos de observar que el presidente acumula el poder, desconoce al resto de los órganos de Estado, pelea con la prensa, ataca la crítica”.
El experto añade que «si comenzamos a pensar que el diálogo y la concertación entre los diferentes sectores de la vida nacional son la base del Gobierno para tomar decisiones, vemos que ya se peleó con todos los sectores: con la empresa privada, con las universidades, con la sociedad civil… no hay ningún sector que sea del visto bueno del presidente”.
Entre esa crisis institucional, el gobernante dijo que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a interponer una demanda contra los otros dos órganos de Estado por «por la violación al derecho a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño». Ese anuncio se dio el mismo día en el que 26 ONGs difundieron una carta dirigida al secretario general de la OEA, en la que denuncian el «incremento de medidas, decisiones y acciones autoritarias llevadas a delante por el Gobierno de la República”. Mientras, en la calle y en las redes sociales, sigue el debate entre quienes se ubican en el 97 por ciento y aquellos que están en el 3 por ciento. (dzc)
