Ciudad comunal en el Ávila es parte ensayo político y parte protección de nuevos ricos
Expertos consultados advierten que, aunque es improbable la construcción de una ciudad como usualmente se concibe, el anuncio del gobierno busca iniciar el experimento de control social en ruta al Estado comunal y, a la vez, dar amparo a la construcción de grandes casas, lo que ya ha ocurrido en los últimos años en el protector ambiental por excelencia de la capital de la república
El pasado 20 de octubre, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció que constituiría la primera ciudad comunal en el actualmente llamado parque Waraira Repano o el cerro el Ávila, como se le conocía desde antes de ser declarado parque nacional en 1958.
Situado al norte de Caracas, el Ávila está a la mitad del tramo central de la cordillera de la costa, segmento que ocupa territorio del estado La Guaira (antes Vargas) y se extiende hacia el este hasta el estado Miranda. Separa el litoral central del valle de la capital. Desde sus alturas se puede observar hacia un lado y en toda su magnitud a Caracas y hacia el otro el mar Caribe. La formación montañosa, con densas zonas boscosas, es el principal pulmón vegetal de Caracas, reservorio de biodiversidad y escudo ambiental de la capital de la república.
De acuerdo al proyecto de Ley de Ciudades Comunales que discute la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), una ciudad comunal es la articulación de comunas (algunas de las cuales funcionan ya en la zona de Galipán, donde Maduro hizo el anuncio), y aunque él utilizó el verbo «constituir», diversas ONG de derechos humanos y activistas ambientalistas salieron al paso en protesta porque prevén que el parque nacional se verá seriamente afectado por el favorecimiento a los asentamientos urbanos en la zona.
Y es que el hecho de que se hable de una «ciudad» implica el asentamiento de población. La RAE define el término como “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”, lo que contradice la condición de parque nacional que posee el lugar desde hace 63 años.
Ahora, detrás de esa articulación de comunas hay todo un entramado político que apunta a la consolidación de un Estado distinto al establecido por la Constitución y es en este aspecto donde puede reposar el deseo del chavismo de ejercer control sobre el cerro que ha inspirado a poetas, músicos y escultores de distintas épocas, pues desde hace años se ha denunciado la llegada a la zona de personas supuestamente vinculadas al gobierno que construyen o remodelan grandes casas para disfrutar del clima y los paisajes.
El proyecto de Ley de Ciudades Comunales indica que la ciudad comunal «es una instancia constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas con intereses y valores comunes, donde se ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación».
En este sentido, es de destacar que las ciudades comunales tienen independencia de los límites geográficos de las ciudades correspondientes a la división político-territorial del país establecida en la Constitución, y también que, al tener que estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación obedecen a un modelo político establecido desde el poder central y, por lo tanto, contrario también al Estado Federal Descentralizado que ordena el artículo 1 de la carta magna vigente.
Es por ello que el sistema de consejos comunales, comunas y ciudades comunales apunta a una estructura del Estado distinta a la del ordenamiento jurídico vigente. De hecho, la creación de las ciudades comunales implica la conformación de un parlamento comunal en cada una de ellas, todo esto enmarcado en ese Estado Comunal que el chavismo pretende instaurar en el país.
Como ha explicado la historiadora Margarita López Maya (Socialismo y comunas en Venezuela) la comuna «es una innovación participativa que se crea para fortalecer de manera expresa lo que el gobierno llama el poder popular, un concepto pensado desde una idea de socialismo cercana al a cubana».
La primera alusión al poder comunal la hizo Hugo Chávez a comienzos de 2017, ocasión en la que precisó que a través de la misma se conformaría un poder popular en el Estado que cambiaría la naturaleza de este y lo haría «socialista».
El abogado Juan Raffalli, fundador del Foro Constitucional, ha advertido que en el proyecto de Ley de Ciudades Comunales «no solo está la creación de un poder público no previsto en la Constitución (el Parlamento Comunal) sino que estas instancias se pretenden arrogar competencias de los Poderes Públicos consagrados en la Carta Magna, además de que crea nuevas entidades político territoriales, lo que también está proscrito».
La propuesta de reforma constitucional planteada por Hugo Chávez en 2007 contemplaba la creación del poder popular como una nueva estructura del poder público. El proyecto fue rechazado por el pueblo en referendo, a pesar de lo cual fue retomado en 2010 en un conjunto de leyes del poder popular que aprobó la Asamblea Nacional dominada por el chavismo en 2010.
Entre estas leyes, sancionadas al final del período legislativo 2006-2011 —y luego de haberse elegido una nueva Asamblea Nacional para el período 2011-2016—, figuran: las orgánicas del Poder Comunal, de las Comunas y del Sistema Económica Comunal, así como la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que transformó la Junta Parroquial en una Junta Parroquial Comunal elegida ya no mediante el voto universal, directo y secreto, sino por vía de los Consejos Comunales, la base del sistema del Estado Comunal.
El abogado constitucionalista Allan Brewer Carías, aseguró en marzo de 2021, que ese conjunto de leyes tuvo como objetivo la organización del Estado Comunal, del cual dice es «un sistema político estatal en el cual se ignora la democracia representativa».
De esta manera, con el Estado Comunal se retrocede en los avances de la descentralización impulsada desde 1989, cuando en Venezuela se comenzaron a elegir por voto universal, directo y secreto a los gobernadores de estado y alcaldes.
De hecho, el proyecto de ley de ciudades comunales prevé la transferencia de competencias desde los municipios y los estados, con lo que la población perderá su poder sobre sus representantes, en vista de que las nuevas instancias (consejos comunales, comunas y ciudades comunales) están dominadas por el poder central.
¿Qué se busca en el Ávila con una ciudad comunal?
Quedando claro que la idea del «poder popular» es que el poder central ejerza el control sobre competencias que hasta ahora han tenido gobernaciones y alcaldías que se eligen por sufragio universal, directo y secreto, surge la pregunta sobre el trasfondo del anuncio de que la primera ciudad comunal se constituirá en el Waraira Repano.
Desde hace varios años se han denunciado construcciones ilegales en este parque nacional. En 2015 se documentó que se estaban fabricando viviendas, ampliando construcciones y levantando muros perimetrales en el Ávila. En un reportaje periodístico de octubre de 2015, se hizo mención a una construcción a la que los lugareños se refieren como «la casa del árabe», que originalmente era una vivienda humilde que fue transformada en una de lujo con segundo piso, una gran terraza y piscina.
El 31 de agosto de 2020, el Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques (Sunep-Inparques) denunció que en la loma Manzanares, en San Antonio de Galipán, demolieron una colina completa para la construcción de una mansión.
El trabajo periodístico muestra una autorización otorgada al ciudadano Ali Salim Abdul Hadi por parte de la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales, a pesar de que la sentencia 1738 del Tribunal Supremo de Justicia emitida en 2009, prohíbe el otorgamiento de cualquier permiso por parte de las autoridades nacionales, estadales o municipales para la remodelación o reacondicionamiento de las instalaciones habitacionales ya existentes.
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La sentencia de la Sala Constitucional prohíbe el otorgamiento de cualquier permiso para construir nuevas instalaciones o viviendas, en el territorio o sede de la otrora Hacienda Las Planadas y para las comunidades agrícolas de Los Aguasales, El Chimborazo y Pablo Medina, así como para cualquier otro asentamiento humano que se ubique dentro de los linderos del Parque Nacional Waraira Repano.
Además, se prohíbe la incorporación de nuevas estructuras dirigidas a efectuar siembras con fines comerciales o de autosustento, la desviación artificial o represamiento parcial o total del cauce de las quebradas aledañas para fines prohibidos o restringidos por el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (Waraira Repano).
Las construcciones y remodelaciones continuaron. En enero de 2020 se denunció que el pueblo de Galipán está viviendo un auge de la construcción sin precedentes. En otro reportaje periodístico escrito por el historiador y articulista Erick Camargo, se dio cuenta de que se estaban utilizando camiones militares para trasladar los materiales de construcción.
Ese mismo año, un reportaje publicado en TalCual afirmó que son cuatro las construcciones que violan el ordenamiento legal en El Ávila y se cita una denuncia hecha por el Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques (Sunep-Inparques), según la cual en la loma Manzanares, en San Antonio de Galipán, demolieron una colina completa para la construcción de una mansión.
Ciudad comunal o eliminación de instancias intermedias
El arquitecto y profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB) Enrique Larrañaga, aseguró que está claro que las ciudades comunales serán mecanismos de organización de la sociedad para ejercer distintos niveles de control social en una estructura sumamente piramidal que busca concentrar todo el poder en la Presidencia de la República y una camarilla muy cercana.
«El plan es la eliminación de todas las instancias intermedias de organización social y poder con el objetivo de mantener la dicotomía líder-pueblo, que es lo que planteaba (el asesor político argentino) Norberto Ceresole por allá por 1999, la estructura caudillo, ejército, pueblo», explicó Larrañaga.
Argumentó que, cuando se lee el proyecto de Ley de Ciudades Comunales, no hay nada que tenga que ver con cómo son concebidas las ciudades ni cómo funcionan, se construyen, se organizan y quién garantiza la provisión de servicios, sino que es un modelo de Estado, y no uno físico, urbano.
«Se podría constituir una ciudad comunal en estos términos, la organización de los comuneros en consejos comunales que generen esa organización que se ha dado en llamar ciudad comunal. Desde ese punto de vista es coherente que se hable de constituir y no de construir, porque no necesariamente se estaría sugiriendo ampliar la cantidad de habitantes o la extensión física de Galipán sino organizarlo con este otro modelo que tiene que ver con consejos comunales, organizaciones como jefe de cuadra, jefe de calle, algo muy parecido a los CDR cubanos y que lo que procuran es ser la base para eliminar todas las instancias intermedias, juntas parroquiales, concejos municipales, gobernaciones y asambleas legislativas», detalló el arquitecto.
En su opinión, a estas nuevas instancias se podrá llegar a través de las ZODI (Zonas de Defensa Integral) que están a cargo de militares; así que son un concepto militar de organización del territorio.
«No es un concepto social ni geográfico ni ambiental ni productivo, sino militar, de defensa, que creo que posiblemente tiene la ‘ventaja’ de que toca un punto muy sensible porque a cualquier caraqueño al que le digan que van a tocar el Ávila reacciona inmediatamente”.
No cree Larrañaga que el anuncio signifique que vaya a pasarse a construir viviendas masivamente en el Ávila, y esto debido al andamiaje legal que ampara al parque y por el nuevo escándalo internacional que una medida semejante ocasionaría.
«Para construir una nueva ciudad habría que quitarle la designación de parque nacional y, más allá de la resistencia que eso pudiera generar localmente, sería otro punto más que resolver a escala internacional. Saltarían todas las organizaciones dedicadas a defensa del ambiente e iría en total contravía a lo aprobado recientemente en Glasgow (Cumbre del G20), donde se habló de parar las desforestaciones y acometer las reforestaciones. A mí me daría la sensación de que es un camino que, al menos en este momento, al gobierno no le convendría explorar porque sería crear mayor irritación internacional. Aunque, uno nunca sabe…», advirtió el docente.
Legalizar proceso de construcción
El geógrafo Jorge Padrón, coordinador de la asociación civil ecológica Chunikai, estima que el objetivo de constituir una ciudad comunal en el parque Waraira Repano puede tener como objetivo amparar el proceso de construcción en la zona.
«Viene ocurriendo desde 2014 y 2015 y se ha convertido en una política fija que, gente vinculada al gobierno, ha adquirido o han estado quedándose con viviendas o parcelas en Galipán y las han convertido en casotas, más grandes del prototipo que existió en Galipán; gente que tienen carrotes y camionetas blindadas. Hemos tenido esa invasión, cada día acentuándose más», indicó Padrón.
«Ahora nos vienen con la ciudad comunal, una nueva emboscada. No dan información, presumimos que le quieren dar un marco legal a ese proceso que han venido haciendo de quedarse con viviendas de los galipaneros y quieren ponerle estos títulos bonitos, ciudad comunal, para darle legalización entre comillas».
Añadió que el hecho de que se está violando el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), implica que se está violando la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y también la Ley Penal del Ambiente, que establece que los funcionarios que permitan que se viole la ley les cae el peso de la misma.
A su juicio, se trata de un mal precedente. «Si se hace en el Ávila, que está en Caracas, la capital, ¿qué pasará en Valencia con el Parque San Esteban con Sierra Nevada en Mérida?», cuestionó.
Sostuvo que tener una ciudad «con el apellido que le quieran dar, porque podrían llamarla ciudad ecológica, dado que el adjetivo no tiene ese peso», implica que se favorezca el asentamiento de personas.
«Con lo de lo comunal, entramos en el terreno de lo imaginario, quizás quieran involucrar a las comunidades y le den algún respaldo, aunque en Galipán hay mucha gente consciente de que no va a caer en esa trampa. Quieren quedarse con las viviendas y convertirlas en casotas de fin de semana para construir o hacer remodelaciones, meterse en parcelas donde había siembras», argumentó Padrón.
Comentó que el parque nacional tiene problemas muy serios de falta de agua potable, pues los pobladores se abastecen de una fuente única que está en las cabeceras del parque, del que sale también para las atracciones del parque. «Cuando hay visitantes, los fines de semana, genera tantos problemas con el consumo de agua que se le está ocasionando déficit a la gente de Galipán, y esto sin ninguna ciudad comunal. Hay sobrecarga de aguas servidas y los fines de semana llama la atención el mal olor, imagínate con población».
Ciudad comunal en el Ávila: invención o trapo rojo
Alfredo Cilento, exdecano de la Facultad de Arquitectura e Individuo de Número de la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat (Acading), coincide en advertir que ya el Ávila está siendo afectado de una manera importante «por esa especie de invasión de palacetes que personajes del gobierno y de gente con recursos ha ido construyendo en terrenos del parque, especialmente en la zona de Galipán y alrededores».
Desestima Cilento las interpretaciones sobre la construcción de una ciudad como estas se conocen y explicó que, desde el punto de vista morfológico de la zona, por sus pendientes y característica de los suelos, se hace muy difícil el construir calles y avenidas para asentamientos urbanos.
Sin embargo, considera que es un riesgo la imprudencia del mandatario Nicolás Maduro el estar anunciando cosas que pueden poner en riesgo a un parque nacional.
«En el Ávila podría permitirse, si eso estuviera muy bien planificado y ordenado, la instalación de algún tipo de edificaciones, por ejemplo, de carácter turístico, de manera que haya una cierta ocupación que permita proteger el lugar», sostuvo.
Agregó que el hecho de que el Ávila esté «abandonado a la buena de Dios», lo que hace es que se produzcan invasiones como la que se ha producido en sectores de la zona norte de la Cota Mil.
«Creo que debe establecerse un reglamento urbanístico muy bien estudiado y controlado de manera que el Ávila no simplemente sea un escenario visual, sino que pueda ser utilizado por los caraqueños y pueda producir algunos beneficios para su propio mantenimiento. Es una idea que tiene que ser desarrollada con mucho cuidado y con una intención muy positiva, no pensando exclusivamente en intereses comerciales», sostuvo Alfredo Cilento.
Advirtió que lo que está ocurriendo en los actuales momentos puede deberse a presiones en algún sector del gobierno para que se abra el Ávila a construcciones, como ha ocurrido paulatinamente en Galipán y otras zonas declaradas como parque nacional en el país.
Apuesta a la centralización
Enrique Larrañaga señala que el modelo de Estado comunal no tiene nada que ver con el socialismo y la planificación, por parte del Estado de la economía e insiste en que se trata de un esquema en el que está, arriba, la presidencia, con la corte que pueda tener alrededor y, bien abajo, una cosa muy difusa que es el «poder comunal».
«Cuando hablas de transferir competencias surge la pregunta ¿cómo vas a transferir competencias de la administración del agua en la región capital cuando esta viene del Tuy y atraviesa varios municipios en los que puede haber tomas ilegales?», se preguntó el arquitecto.
Por ello aseguró que se trata de una apuesta a la centralización.
«Esto no sorprende con el trasfondo político de los últimos años, pero es radicalmente antagónico a la oferta primigenia de democracia participativa y protagónica, porque no hay participación ni protagonismo. En ese esquema político, el sistema económico es irrelevante, porque ese autoritarismo centralizado lo hemos visto en gobiernos de derecha y en gobiernos de izquierda, en los que favorecen el capital y los que impiden el desarrollo del capital», explicó.
Admitió que la intención puede ser la de legitimar las construcciones que se han hecho, pero acotó que a los propietarios de esas mansiones no les interesa que las comunidades sean demasiado grandes, ni que haya mayor diversidad o puedan surgir distintos liderazgos.
«Las personas que construyeron esas casotas lo hicieron porque es tranquilo y chévere y no tienen a nadie pegado al lado; no están interesados en que aumente la población sino en legitimar la construcción. Esa puede ser una intención colateral», apuntó.
Nuevos amos del valle
Jorge Padrón advirtió que, para hacer planes de construcción en el Ávila se debe acometer una rigurosa planificación que tenga como principal objetivo resguardar al parque como tal.
«Si no has mostrado cómo vas a resolver las fuentes de agua, las blancas, las servidas, el manejo de los desechos sólidos, que una parte se maneja con la Alcaldía de Macuto, en La Guaira, pero mucho lo hacen los propios galipaneros; entonces, no puedes venir con esta bomba. Tiene que haber un proyecto, una planificación, así la llames ciudad ecológica», precisó.
Aseguró que si se hace correctamente, algunas construcciones serían un aporte para la comunidad y para el parque nacional, pero si se hace como se han venido haciendo las cosas, van a aumentar las construcciones y se motivará que vaya mucha gente.
Recordó Padrón que hay una parte dentro de los linderos originales del parque que está intervenida por barriadas y que en 1993 se estableció un decreto que creó una zona de recuperación y se nombró una autoridad única para que gestionara el proceso.
Indicó que en esa oportunidad se logró financiamiento del Banco Mundial para hacer la labor de acoplamiento, mejoramiento y armonización con el ambiente de la población que estaba en la zona.
En consecuencia, advirtió que «en la medida que se legalicen las instalaciones de viviendas de los nuevos amos del valle en Galipán, esto va a motivar a que otros quieran hacer lo mismo».
Destacó que se debe preservar el parque porque es una zona de amortiguación ambiental para la ciudad.
«El parque amortigua las olas de calor que hay en la ciudad. Recordemos que en las barriadas casi no hay árboles, las viviendas están una pegada de la otra y tienen techos que conservan en calor, por lo que se convierten en islas de calor; pero también protege la biodiversidad, así que cualquier intervención que sirva para que se expandan (los asentamientos) va a hacerle daño a todos», detalló.
Abandono
Alfredo Cilento cuestionó la política gubernamental hacia los parques nacionales.
«Nada más que con el ejemplo de Canaima uno puede suponer de lo que es capaz este gobierno, siendo una atracción y zona de interés para la humanidad —porque Canaima no es un parque exclusivamente venezolano—, el gobierno ha dejado que ocurra lo que está pasando», exclamó.
Explicó que hay fotos tomadas por satélite en las que se ven las manchas de las invasiones de los mineros, formales e informales, que están actuando en terrenos de ese parque.
«Uno siente que hay un gran abandono a los parques nacionales, no se les está brindando la debida atención. El ministerio de Ecoturismo es como algo inexistente, nadie sabe qué hace ni de qué se ocupa», puntualizó.
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