Con el presupuesto 2025 persisten las fallas del gobierno en transparencia y discusión
Organizaciones no gubernamentales y expertos económicos alertan de la falta de transparencia del gobierno en la formulación y divulgación del presupuesto de la nación. Desde el año 2013, el gobierno proporciona información mínima al público y las actividades financieras del tren ministerial durante el año presupuestario
El proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025 fue aprobado en segunda discusión en un debate en la Asamblea Nacional que duró menos de cinco minutos y a escasos días de haber sido presentado por la vicepresidenta del área económica Delcy Rodríguez. Aunque el informe de ingresos y gastos para el próximo año fue entregado en octubre pasado por el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, desde entonces y hasta ahora, no hubo audiencias públicas para dar a conocer sus lineamientos y premisas macroeconómicas.
Antes del año 2013, las comisiones del Parlamento invitaban a los ministros para que presentaran y explicaran la información contenida en el proyecto sobre el monto de los recursos y a los proyectos que se destinarían; así como las bases económicas con las cuales se calcula el presupuesto, entre ellos, producción petrolera, precio del barril de crudo venezolano, tipo de cambio, inflación y déficit fiscal esperado. Sin embargo, no solo hubo falta de debate sobre el informe, sino que en los documentos entregados y a los que TalCual ha podido tener acceso en los últimos tres años, no se da información de las premisas macroeconómicas.
«Lo que se presentó en la Asamblea Nacional por parte la vicepresidenta Delcy Rodríguez es altamente deficiente. Un presupuesto debe partir de unas premisas, que son las bases de un presupuesto, para determinar los ingresos y gastos. Por ejemplo, tenemos que conocer el estimado de la producción petrolera en 2025 y lo previsto para exportación y su precio, de allí proviene 50% del ingreso fiscal para el país», destacó el economista José Guerra.
Señaló igualmente que es prioritario determinar cuál es el producto interno bruto (PIB) o crecimiento económico estimado para calcular el ingreso por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el segundo ingreso en importancia en la contribución fiscal del país.
El monto del presupuesto aprobado para el próximo año asciende a 906.459 millones de bolívares, equivalentes a 22.661 millones de dólares, es decir, 11% más de lo estimado para 2024 ($20.500 millones).
Organizaciones no gubernamentales como Transparencia Venezuela y exdiputados han alertado de la falta de transparencia del gobierno en la formulación y divulgación del presupuesto de la nación. Indican que el gobierno proporciona información mínima al público y las actividades financieras del tren ministerial durante el año presupuestario.
Por su parte, la International Budget Partnership ha recomendado que Venezuela debe ampliar la participación pública en la elaboración del presupuesto, esto debido al pobre desempeño que ha tenido en los indicadores de las encuestas del presupuesto abierto en los últimos años y en los cuales el país ha quedado en los peores lugares en el ranking.
«Las decisiones presupuestarias del gobierno (qué impuestos recaudar, qué servicios proporcionar y cuánta deuda asumir) tienen consecuencias importantes para todas las personas en la sociedad. Cuando los gobiernos proporcionan información y canales significativos para que el público participe en estas decisiones, podemos garantizar mejor que el dinero público se gaste en intereses públicos», destacó International Budget Partnership cuando presentó el estudio de 2023.
La encuesta analiza las prácticas del ejecutivo del gobierno central, la legislatura y la entidad fiscalizadora superior utilizando 18 indicadores a los que se da el mismo peso y que se ajustan a los Principios de Participación Pública en las Políticas Fiscales de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, y puntúa a cada país según una escala de 0 a 100.
Precisamente, de acuerdo al puntaje obtenido en la Encuesta del Presupuesto Abierto del pasado año, Venezuela obtuvo cero en participación pública y en transparencia. Al respecto, los principales entes encargados en garantizar las mejores prácticas son el Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. No obstante, es baja la divulgación sobre el tema y poca la fiscalización contralora.
Lo que no se hace en Venezuela
Los estudios sobre Venezuela advierten que la legislatura y la entidad fiscalizadora superior, es decir, la Contraloría, en conjunto, proporcionan una vigilancia débil durante el proceso presupuestario y desde 2013 tienen una puntuación muy por debajo de la media de los países estudiados (28 sobre 100 en la última encuesta de 2023). Para fortalecer la participación pública en el proceso presupuestario, señalan que es necesario priorizar varias medidas, pero estás con las que no se ejecutan en el país:
Poner en práctica mecanismos piloto para involucrar al público en la formulación del presupuesto y el monitoreo de su implementación. Involucrar activamente a las comunidades vulnerables e insuficientemente representadas, directamente o a través de las organizaciones de la sociedad civil que las representan. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó en su alocución en la Asamblea Nacional el lunes 2 de diciembre que el gobierno llevó a cabo varios encuentros con las comunidades para discutir el informe. No obstante, no se ofreció información sobre cuánto de las propuestas de los ciudadanos fueron incorporados al proyecto.
Permitir que cualquier miembro del público u organización de la sociedad civil testifique en las audiencias sobre el proyecto de presupuesto antes de su aprobación. Garantizar, además, que los debates de la AN se ajusten a un cronograma público que brinde amplias oportunidades de participación al público y a las organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, las comisiones legislativas deben examinar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y publicar los informes con su análisis en línea. Garantizar, en la práctica, que se consulte a la legislatura antes de que el ejecutivo desvíe fondos, durante el año presupuestario, entre las unidades administrativas especificadas en el presupuesto aprobado, gaste ingresos no anticipados o reduzca gastos debido a la escasez de ingresos.
El economista José Manuel Puente alertó que la información de los proyectos de presupuesto y de endeudamiento no está disponible para el público en general, insistiendo en la existencia de un problema muy serio de transparencia fiscal en Venezuela. En una reciente entrevista a Unión Radio, recordó que el informe de ingresos y gastos se realiza con varios actores importantes: ejecutivo y legislativo, luego lo implementa la administración pública y pasa por mecanismos de control por la Contraloría. Con ello, se deben producir ocho documentos claves presupuestarios que no se están haciendo en Venezuela.
«No se hace pública la información y muchos datos que son claves como las variables macroeconómicas con las que fue hecho como el presupuesto esto incluye el PIB y tipo de cambio que son necesarias para que el sector privado organice su año fiscal», agregó.
Una vez que la Contraloría General elabore y presente el informe de auditoría al parlamento, este debe garantizar que el público y las organizaciones de la sociedad civil puedan testificar en las audiencias sobre el Informe de auditoría.
A fin de mejorar la participación pública en el proceso presupuestario, la Contraloría General debe también establecer mecanismos formales que permitan al público ayudar en el desarrollo del programa de auditoría y contribuir a las investigaciones de auditoría relevantes.
Sobre ello la International Budget Partnership afirmó en su último estudio que «Venezuela no tiene una institución fiscal independiente (IFI). Cada vez se reconoce más que las IFI son valiosos proveedores de información independientes y no partidistas para el ejecutivo y/o el parlamento durante el proceso presupuestario».
