AN de Maduro incluye en casos de corrupción hasta a esposas de dirigentes políticos
El contralor general designado por la impuesta asamblea constituyente, Elvis Amoroso, presentó la memoria y cuenta de su gestión en 2020 a la AN de Maduro. Durante su comparecencia siguió el libreto del chavismo y señaló a funcionarios y dirigentes de oposición como Juan Guaidó, Leopoldo López, y Julio Borges de intentar desfalcar al país
El Parlamento rojo continúa moviendo sus hilos para apresar por presunta corrupción a dirigentes opositores y diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa por más de siete millones de venezolanos en 2015 y que se instaló en un período adicional por continuidad administrativa bajo el liderazgo de Juan Guaidó.
En la sesión ordinaria de este 4 de marzo la AN de Maduro aprobó extender por 45 días hábiles la permanencia de la comisión especial que investiga las acciones que supuestamente fueron perpetradas contra el país por las directivas y diputados de la AN entre los años 2016 y 2021. Esto luego de consignarse, un mes más tarde de lo prometido, el informe preliminar de lo que se ha podido recabar en las investigaciones.
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El informe preliminar fue presentado por el presidente de la instancia parlamentaria, José Brito, quien, además, informó que se solicitará la comparecencia de Juan Guaidó, Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular (VP), Henri Ramos Allup, presidente de la AN en 2016 y sus esposas Fabiana Rosales, Lilian Tintori y Diana D’Agostino, respectivamente.
También se pedirá rendir cuentas a Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores de Venezuela y a los representantes del gobierno interino en Colombia y Estados Unidos, Tomás Guanipa y Carlos Vecchio, respectivamente. Al igual que a los diputados de la anterior AN Carlos Paparoni, Carlos Prósperi, Jorge Millán y José Guerra.
Otros de los funcionarios a los que la comisión exigirá su comparecencia son el gerente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Alfredo Chirinos, acusado de espionaje; Juan Pablo Soteldo, contralor especial de la República y Enrique Sánchez Falcón, procurador especial, todos designados por el gobierno interino. Así como también, al exalcalde de Lecherías Gustavo Marcano, al dirigente político Yon Goicochea, Humberto Calderon Berti, exrepresentante del interinato en Colombia y a José Ignacio Hernández, exprocurador especial también designado por la administración de Guaidó, además de a otros 37 embajadores.
Discurso rojo
«La actuación del diputado Juan Guaidó Márquez se materializó en la violación de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, conspirando contra el Estado democrático de derecho y de justicia, la forma republicana de gobierno y en ataque a las instituciones, lo que ha producido un mortífero impacto contra la ciudadanía», dijo Brito a la plenaria de la AN de Maduro durante la consignación del documento.
El parlamentario vinculado a hechos de corrupción señaló que la investigación dejó ver supuesta asociación para delinquir entre una parte de los diputados y suplentes de la AN de Guaidó, que incorporados para ejercer funciones en mismas sesiones pretendían realizar actos administrativos que comprometían a la República, entre ellos designar funcionarios y elaborar presupuesto de ingresos y gastos.
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Afirmó que se usó la ayuda humanitaria para engañar tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional. Dijo que no conoce de niños que hayan sido beneficiados con un solo rubro de la ayuda.
Al igual que lo han hecho funcionarios del régimen de Maduro, José Brito señaló a Guaidó, quien es reconocido por parte importante de la comunidad internacional, y a los funcionarios que los respaldan de generar la disminución de los ingresos de la nación, por propiciar el cierre a Venezuela de los mercados internacionales.
«Usurparon funciones en orden económico, designaron directivos que comprometieron el flujo de divisas con las que se afrontarían compromisos derivados de las obligaciones sociales», agregó.
Pide tiempo extra a la AN de Maduro
El parlamentario tildó de imposible cumplir con el tiempo previsto en primer momento para realizar el informe final de la investigación. Alegó que es cuantiosa la cantidad de hechos que intentan esclarecer y documentos que deben validar en aras de mantener la seriedad y supuestamente obviar cualquier vestigio de intencionalidad para la descalificación o la venganza política. Según el diputado, se garantizará el debido proceso y la legítima defensa.
De acuerdo a lo señalado por Brito, la comisión cuenta con las decisiones de las directivas de la AN del 2015, entrevistas con entes de investigación especializados en materia económica, revisión documental y seguimiento de las decisiones de la plenaria en las que se crearon entes financieros ficticios que daban respaldo jurídico a exigencias de otros países.
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Asimismo, destacó que las averiguaciones evidenciaron las firmas de los diputado de la AN del 2015 Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia en todas las resoluciones de tomas de posesión indebida de bienes y circulación de divisas llegadas al país y no entregadas a la Tesorería.
Explicó que se crearon resoluciones en las que se demandaba, debido a la emergencia, la creación del centro de gobierno para el plan país que, a su juicio, solo sirvió para la creación de fondos de algunos funcionarios opositores.
Otro de los puntos del informe resaltados por Brito fue que en el período legislativo de la AN electa en 2015, y que él también integró, se suscitaron presuntas alteraciones que la Sala Electoral del TSJ ha reiterado en sentencias. Explicó que se configuran en ataques a la estructura del Estado.
La comisión habría identificado 30 actos legislativos en 2016, siete en 2017, 10 en 2018, 16 en 2019 y 144 en 2020 «todos para subvertir el Estado democrático, vulnerar fortalezas y debilitar el sistema económico de la República», agregó.
Del mismo modo, reiteró que el sector de la oposición que lidera Guaidó aupó la sanciones que en su opinión profundizaron el caos que vive la ciudadanía. Señaló a países como EEUU, Canadá, Reino Unido, Suiza, Panamá y a instancias como la Unión Europea y el Grupo de Lima de prestarse para expoliar a la nación con sanciones que aunque «quieren hacer ver como si somos castigados por algo que hemos cometido», a su juicio, y alineado a las tesis del régimen de Maduro, solo han servido para impedir el acceso a alimentos, medicinas y materia prima.
Exposición de teorías conspirativas a la AN de Maduro
En la sesión ordinaria el contralor general designado por la impuesta asamblea constituyente, Elvis Amoroso, presentó la memoria y cuenta de su gestión en 2020. Durante su comparecencia siguió el libreto del chavismo y señaló a funcionarios y dirigentes de oposición como Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y al fundador del Voluntad Popular de (VP), Leopoldo López, de intentar desfalcar al país.
Amoroso señaló en 2019 se inició una serie de investigaciones contra exfuncionarios y exdiputados que pretendían usar los recursos del Estado para destruir a las instituciones legítimamente constituidas.
«Nunca habíamos tenido en la historia republicana hechos de corrupción similares. No se ha encontrado en ninguna parte del mundo que ciudadanos de un país atenten contra su propia nación para enriquecerse ilícitamente», dijo el funcionario, haciendo seguidilla al discurso que otros funcionarios del gobierno han hecho ante el Parlamento rojo durante sus comparecencias este año, tales como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab.
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El contralor designado por la impuesta asamblea constituyente sostuvo que la oposición que lidera Juan Guaidó fue apoyada por sectores empresariales y empresarios extranjeros. Señaló a Javier Troconis, comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos designado por Guaidó, como uno de los operadores de la presunta trama de corrupción. Según Amoroso habría recibido 187 millones de dólares por parte de Rafael Ramírez.
«La oficina realizó 216 acciones para desentrañar hechos relacionados con diputados opositores y sus familias», apuntó. Asimismo, detalló que se logró el congelamiento de las cuentas de los presuntos involucrados. Amoroso propuso la modificación de unas siete leyes para castigar lo delitos de corrupción
«No podemos quedarnos con la sanción penal, se tiene que buscar la manera de aún estando preso se paguen los años que le han hecho al país, nada se hace con sanciones y que el dinero se quede allí. Debemos ser contundentes en la lucha contra la corrupción, ellos actúan libremente y no tienen piedad con el patrimonio de Venezuela», dijo. Al mismo tiempo recordó que sancionaron a un alcalde que se robó “90 millones de bolívares
Sanciones por incumplimiento de declaración jurada
Informó a la AN de Maduro que 320 funcionarios han sido sancionados por incumplimiento de declaración jurada, mientras que en el registro de inhabilitados hay 2.068 personas, de los cuales más de 150 no podrán ejercer cargos públicos.
«Se niegan a hacer su declaración jurada, uno se pregunta, qué ocultan, algunos estuvimos revisando y sabemos qué ocultan, los millones de dólares que les han robado a los venezolanos», matizó.
Otra de las propuestas que expuso fue establecer una potencial reforma de la Ley Contra la Corrupción para que en un tiempo prudencial las casas de quienes se comprueben están inmersos en casos de corrupción pasen al Estado.
Elvis Amoroso se jactó de que en su gestión «las cuentas de Pdvsa las puede revisar el pueblo venezolano y la contraloría». Por otra parte, declaró que se han hecho auditorías en diferentes instituciones de las que se han derivado 422 multas a organismos y funcionarios por incumplir las leyes.
«Como ha manifestado el gobernante, no existe corrupto bueno o corrupto malo, así lo estamos haciendo y así se debe seguir haciendo. La corrupción hay que atacarla venga de donde venga», agregó durante su comparecencia ante la AN de Maduro
El funcionario designado por la impuesta constituyente resaltó que la actuación de la Contraloría ha sido apegada a las leyes aplicables de cualquier persona investigada. Invitó al Parlamento de mayoría chavista a «hacer un frente común para combatir este flagelo que tanto daño le hace a Venezuela».
