Coronavirus y democracia, la emergencia como tentación dictatorial
Nicolás Maduro ha decretado el estado de alarma nacional. Lo ha hecho en vista de la emergencia sanitaria que representa la pandemia del coronavirus, y haciendo uso del recurso legal que como Poder Ejecutivo en funciones le da la constitución.
Recordemos que el gobernante asegura ser presidente constitucional de la república, afirma e insiste que él está sentado en Miraflores porque ganó unas elecciones y porque todo ha sido legal legalito. Pues si él cree eso, entonces debe actuar en consecuencia.
Cierto es que la Constitución establece en su artículo 338 que «podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más».
Pero también es cierto que la constitución, como todo instrumento legal, debe ser leído y entendido en su conjunto y no sacando con pinzas los artículos, o parte de ellos.
Por eso es importante apuntar que ese mismo artículo 338 afirma: «Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos».
Además, el artículo siguiente, el 339, establece: «El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad».
Si nos metemos más allá en lo jurídico, debemos ir a la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, que en su artículo 9 dicta que «el decreto que declare el estado de alarma establecerá el ámbito territorial y su vigencia, la cual no podrá exceder de treinta días, pudiendo ser prorrogado hasta por treinta días más a la fecha de su promulgación».
Pero Nicolás Maduro no ha anunciado por cuánto tiempo decretó el estado de alarma.
Por otra parte, la misma Ley presenta en su artículo 26 la disposición de que «el decreto que declare el estado de excepción será remitido por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, dentro de los ocho días
continuos siguientes a aquel en que haya sido dictado, para su consideración y aprobación». Y en sus artículos 27 y 30 deja claro cómo el parlamento debe aprobarlo y su potestad incluso de hacerle modificaciones.
Por tanto, no se trata de que quien se sienta en Miraflores ordena un estado de alarma, con cuarentenas y limitaciones a derechos constitucionales, sin nadie que pueda hacer cierto control.
Una emergencia sanitaria nacional como la que se presenta este 2020, una situación inédita, pone a prueba justamente el aparato institucional de un país. Y no estamos siendo ingenuos, pues sabemos que en Venezuela aquello está desbaratado e irrespetado. Pero no deja de ser cierto que la ciudadanía debe saber que un estado de sitio es el sueño de todo dictador, de todo autócrata sediento de poder y de control.
Nicolás Maduro, que se asume presidente legítimo, debería entonces actuar como tal y cumplir los extremos legales. No se trata de «estamos en emergencia y no hay tiempo para leguleyerías», sino que justamente pretender relajar reglas democráticas por una emergencia que está establecida en las mismas reglas democráticas atenta contra la propia institucionalidad.
Por eso causa cierta extrañeza que incluso miembros de partidos políticos, como una dirigente del partido Cambiemos de Timoteo Zambrano, digan cosas como «La vida, es una prioridad de todos, la democracia solo es de algunos de nosotros. ¡Es cuestión de prioridades!».
¿Por qué debería ser excluyente el respeto a las reglas constitucionales y el resguardo de la vida? ¿Por qué no pensar que lo segundo se puede fortalecer más justamente si se cumple lo primero?
El control social, el «enciérrense en sus casas», es el sueño húmero de más de un gobernante totalitario. Habrá que hacerlo por recomendaciones sanitarias en el marco de esta pandemia global, pero también estar atentos a cuando ya no sea por ciencia sino por capricho del poder; y mientras tanto no dejar que borren por completo la noción de que este país tiene una constitución cuyo cumplimiento no es opcional.
