Una de las razones que obligan a que, en el caso de delitos comunes cometidos por gente de uniforme, sea la justicia ordinaria la que actúe, es la de airear un ámbito que ha venido siendo particularmente resistente a que la mirada de la vindicta pública se asome por esos predios. Ayer ocupó nuestra primera plana el tema del soldado Nadales, muerto en extrañas circunstancias, que hacen sospechar el homicidio. Sin embargo, no hubo investigación judicial de ninguna especie. Simplemente se informó a la familia y a otra cosa, mariposa. No es la primera vez que se procede de esta manera. Ese «privilegio» de no rendir cuentas favorece, sin duda, la comisión de abusos, sobre todo cuando se trata de castigos físicos y de los «accidentes» que los acompañan. Los muchachos que cumplen el servicio militar provienen, en general, de los estratos más humildes de la sociedad, y sus familias raras veces poseen los recursos o los conocimientos para exigir la intervención de la justicia, incluso de la militar. Por eso tantos casos de maltratos, e incluso de homicidios, quedan impunes. Parafraseando a Bolívar, se diría que a la sombra de la impunidad trabajan el abuso y el crimen.
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