Cruz y raya, por Teodoro Petkoff
El Presidente dijo el domingo que la destitución del general Cruz Weffer había sido resultado de una aplicación del «alicate» «hacia adentro». Esto es lo que llaman los abogados «confesión de parte», la cual, como es sabido, releva de pruebas. Es muy improbable que el general haya sido sacado de la Comandancia del Ejército debido a incompetencia o incapacidad, puesto que sobre su idoneidad para el desempeño del cargo no se había comentado nada, al menos públicamente. Al contrario, siempre lo acompañó la reputación de ser un buen organizador y un eficiente oficial. En cambio, las denuncias sobre su falta de probidad en el manejo de los dineros públicos fueron frecuentes desde que estuvo en Fondur y siguieron con él cuando pasó al máximo cargo en el Ejército. De modo que no puede haber sino una única explicación para su intempestiva defenestración: el Presidente decidió quitarse de encima a un general que se había transformado en un verdadero incordio para su gobierno y para la FAN, debido a los escandalosos señalamientos acerca de su súbito e inexplicable enriquecimiento.
Pero el asunto no debería terminar aquí. Chávez ha destituido unos pocos funcionarios (muy pocos, de hecho) a los cuales se acusó de corrupción. Sin embargo, el Presidente parece considerar que la destitución es suficiente castigo para ese delito. No es así. Sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado de supuestos delitos sólo puede decidir un tribunal, después del debido proceso. Hasta tanto se pronuncie un juez sobre esa materia, el supuesto indiciado se presume inocente.
Sin embargo, en el caso de alguien marcado ante la opinión pública como autor de un delito, la presunción de inocencia sólo tiene valor legal, pero la presunción de culpabilidad que, con razón o sin ella, corre por todos los rincones, puede ser terriblemente destructiva para quien la padece y su entorno. Por ello, al general Cruz Weffer, más que a nadie, debería interesarle supremamente que sean ventiladas ante un tribunal las acusaciones de que es objeto. Pero la razón superior es la que atañe a la salud de la República. Denuncias del calibre de las que se han hecho contra el general Cruz Weffer no pueden caer en ese olvido que entraña el abandono de la función pública y de las candilejas que la iluminan. La lucha por el adecentamiento de la administración del Estado obliga a llevar a juicio al mencionado alto oficial. Quisiéramos recordar que todavía andan prófugos por el mundo tres ex ministros de Defensa de la Cuarta, acusados de corrupción administrativa, mientras que todavía esperamos por la detención al menos de un sargento que haya metido mano en el Plan Billuyo 2000. El discurso contra la corrupción, que todavía se escucha de vez en cuando, será aún menos creíble si el caso Cruz Weffer termina apenas con su destitución. Porque, si fuere inocente, Cruz Weffer quedaría rayado para toda la vida, y si fuere culpable, no habría castigo para los delitos cometidos.
