Cuánto vale un etarra, por Teodoro Petkoff
La verdad es que con este gobierno nunca se sabe a qué atenerse. No hay reglas de juego. Todo es discrecional. En el caso Ballestas se aplicaron unas reglas y en el caso del vasco Galarza otras, muy distintas. En el primero se actuó correctamente, en el segundo se cometió un abuso incalificable. TalCual no simpatiza ni con las FARC ni con la ETA. Pero las leyes y las instituciones existen para algo. Es lo que garantiza la vida civilizada. Galarza ni siquiera está en la lista de etarras cuya extradición pide España, tiene más de diez años en este país, con sus papeles en regla y donde no ha cometido ningún delito. Se le detuvo y sin ningún juicio, sin debido proceso, se le envió a España. Chávez le había dicho a Aznar que sobre los etarras solicitados él no podía hacer nada porque el caso está en el Tribunal Supremo. Tenía razón. En ese tribunal está ese caso desde los tiempos de Caldera II. ¿Por qué con Galarza el gobierno actuó ahora de modo distinto? ¿Por qué la policía anda buscando a los otros etarras si no media ninguna decisión del TSJ para su extradición? ¿Hay algún acuerdo secreto entre Chávez y Aznar? ¿Quitarle a Chávez de encima la investigación sobre la plata del BBVA bien vale entregar los etarras?
Tal vez un poco de historia sea conveniente. Los etarras no llegaron a Venezuela durante el gobierno de Chávez, como algunos quisieran hacernos creer. Llegaron durante el gobierno de CAP I, por un acuerdo con el gobierno de Felipe González, quien, para aliviar al gobierno francés de la carga de algunos prisioneros, negoció con varios países latinoamericanos (Uruguay, República Dominicana y Venezuela) la radicación en ellos de unas decenas de etarras, bajo el compromiso de que no se les permitiría actuar en política. Desde hace más de veinte años varios de ellos viven entre nosotros. Posteriormente, otros gobiernos españoles han solicitado la extradición de seis de los miembros de ETA radicados aquí. Sus razones podrían ser perfectamente válidas, pero sobre ellas debe decidir un tribunal venezolano. Así respondía también Caldera II, en su tiempo. Así como Inglaterra decidió judicialmente no conceder la extradición de Pinochet, pedida por el juez Garzón, ni Venezuela concedió la de Ballestas sino hasta después de una decisión judicial, en el caso Galarza la extradición de este no procedía sino previo debido proceso. No se actuó así. Como, por cierto, tampoco se actuó así en el caso Montesinos, cuando con sospechosa celeridad se le envió a su país, obviamente para ahorrarse los inconvenientes de un juicio por extradición a un individuo que conoce tantos secretos. Es curioso que quienes reclaman a Chávez el desprecio por las instituciones no se hayan sentido obligados a protestar por este ultraje a la legalidad. ¿O no es verdad que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario? Por cierto, también se han quedado mudos los que lo acusaban de proteger etarras. El argumento era puro oportunismo e hipocresía. Cada día estamos más próximos de ser una república bananera.
