Cuatro relatores de la ONU critican crecientes regulaciones a ONG venezolanas
Aseguraron que la imposición de mayores restricciones a las ONG a través de nuevos registros, notificaciones a las autoridades y cambios en la legislación «no atisban ningún beneficio considerable en materia de seguridad o combate al terrorismo que pueda justificar semejantes cargas administrativas»
Cuatro relatores independientes de Naciones Unidas criticaron, en un informe conjunto, el creciente marco legal de regulaciones a las organizaciones no gubernamentales venezolanas, al que califican como «complejo» y hostil» pues, a su juicio, solo «mermará la capacidad de organizaciones de la sociedad civil de llevar adelante sus actividades».
El escrito está firmado por los relatores sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; y sobre la situación de los defensores de DDHH.
Los cuatro relatores detallaron, en 15 páginas de informe, sus opiniones sobre la providencia administrativa N° ONCDOFT -002-2021, la circular 06524 de Sudeban (dictada en 2020), la Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional y el proyecto de ley de cooperación internacional, actualmente a la espera de su segunda discusión por los diputados de la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios de 2020.
Los relatores recordaron al Estado venezolano la necesidad de proteger los derechos a la libertad de expresión y de asociación, definidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y del cual Venezuela es firmante.
Consideran que la imposición de mayores restricciones a las ONG a través de nuevos registros, notificaciones a las autoridades y cambios en la legislación «no atisban ningún beneficio considerable en materia de seguridad o combate al terrorismo que pueda justificar semejantes cargas administrativas».
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Además, instaron a las autoridades a «racionalizar» el marco regulatorio vigente para que cumplan con estándares internacionales en derechos humanos, «procurando que el cumplimiento de deberes administrativos no devenga en una carga imposible de afrontar para estas organizaciones».
También hicieron un llamado a la administración de Nicolás Maduro a frenar nuevas iniciativas que limiten el trabajo de las ONG y asociaciones civiles, especialmente las involucradas con trabajo humanitario.
Los cuatro relatores alertaron que, de ser aprobada la iniciativa legislativa respecto a cooperación internacional, afectaría gravemente «al libre y pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación, dificultando, por ende, la labor de defensa de los derechos humanos de organizaciones de la sociedad civil».
«Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales», reiteraron los relatores de la ONU, quienes también aseguraron al Gobierno venezolano su disposición para dar asistencia técnica sobre estos temas, así como el envío de mayor información para tener una visión más amplia de esta problemática.
