Rodney Álvarez: de obrero de Ferrominera a preso político
Más de 25 audiencias y ocho intervenciones en su juicio, ha tenido Rodney Álvarez obrero de la Ferrominera del Orinoco durante los más de nueve años de prisión
Nueve años, cinco meses y tres días. Ese es el tiempo que lleva Rodney Álvarez preso en la cárcel del Rodeo II, señalado de un delito que asegura no cometió. Durante todo este tiempo no se ha fijado una condena, saltándose todos los procedimientos penales y violando sus derechos humanos.
Este trabajador de la Ferrominera del Orinoco fue detenido el 12 de junio del 2011 en las instalaciones de la empresa, ubicada en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, y presentado a sus compañeros de labores como un «asesino», aún cuando no hay pruebas en su contra y todo indica que él no fue el autor del delito que se le acusa, según lo recuerda el secretario general del sindicato de Ferrominera Rubén González.
«El 9 de junio del 2011 estábamos haciendo una asamblea en el portón principal (de la empresa) para elegir la comisión electoral (para renovar las autoridades del sindicato), cuando llegó la gente del Movimiento 21 y la Federación Bolivariana de Trabajadores, con autobuses llenos de gente que nada tenían que ver con la empresa, eran vecinos del pueblo», dijo González, al explicar como comenzó toda aquella revuelta que terminó con la detención de Álvarez.
González detalló, que en medio de esta situación, un trabajador se le acercó y le dijo: «esta gente quiere formar problemas», dando inicio a un forcejeo para evitar que las personas externas a la empresa participaran en la escogencia de las autoridades electorales.
Los asistentes a la asamblea y las cámaras de seguridad observaron y captaron el momento en que Héctor Maicán, directivo sindical y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, efectúo tres disparos a la multitud reunida, hiriendo a los trabajadores Luis Quilarque y Renny Rojas, el segundo murió en el acto.
El hoy secretario del sindicato de Ferrominera, Rubén González, aclaró que todos los presentes vieron lo ocurrido, y se percataron cómo segundos después Maicán corrió a esconderse en una de las oficinas de la empresa, donde fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional. «Lo agarraron con el arma, los cartuchos, incluso hasta lo imputaron por asesinato por motivos fútiles«.
Según la reseña publicada entonces por laizquierdadiario.com.ve, Maicán fue dejado en libertad bajo régimen de presentación dos días después de ocurridos los hechos, esto por «presión» de quien para el momento era gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Rubén González, dirigente sindical de la Ferrominera, comenta como al poco tiempo de producirse la liberación del dirigente del PSUV, llegaron a la empresa funcionarios de los cuerpos de seguridad, detuvieron a Rodney Álvarez y dijeron «aquí está el asesino. Pero todos sabemos la verdad, sabemos que este joven es solo un chivo expiatorio».
Una justicia que no llega
Desde entonces Rodney Álvarez pasó por varios centros de detención del estado Bolívar. Rubén González, asegura que debido a la presión que había en las calles para exigir su liberación, las autoridades decidieron trasladarlo hasta el centro penitenciario Rodeo II, ubicado en el estado Miranda, y su caso fijado en Caracas, a cientos de kilómetros de su familia, amigos y compañeros de trabajo.
Más de 25 audiencias y ocho intervenciones en su juicio ha tenido este obrero durante estos nueve años, pese a lo cual ni siquiera se le ha establecido una condena por los delitos de los que se le señala como responsable.
La profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Jacqueline Ritcher, asegura que Rodney Álvarez está preso por «ejercer sus derechos sindicales. Fue acusado de un asesinato que no cometió como retaliación por exigir que se respetase su derecho de elegir libremente sus representantes sindicales para discutir un contrato colectivo».
Para ella no existen dudas de que este obrero «es un preso político», que ha sido condenado «a un juicio interminable», que lo aleja de su familia, sus hijas y sus compañeros de trabajo.
Durante el tiempo de detención ha sido víctima de tres atentados, uno de ellos, le afectó por completo los tendones de una mano al recibir una puñalada, por lo que ahora no la puede mover. El último y más reciente atentado lo sufrió el 7 de julio del 2019, cuando fue golpeado de manera brutal y recibió varias heridas por arma blanca.
Los familiares y allegados de Rodney aseguraron que antes de este atentado el trabajador tuvo una audiencia en el Palacio de Justicia, en ese entonces «el Secretario del tribunal lo presionó de manera descarada, reconociéndole que ellos sabían que no era culpable, pero que la única manera de salir era que aceptara los cargos».
Organizaciones internacionales piden libertad para Rodney Álvarez
Desde la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, la Red Internacional de Izquierda, el Programa de Educación-Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea), y otras organizaciones defensoras de los DDHH, han impulsado campañas para exigir la inmediata liberación de Rodney Álvarez.
Tanto Rubén González como Rodney Álvarez fueron seguidores de la política del fallecido expresidente Hugo Chávez, sin embargo, cuestionar sus políticas laborales y su atropello contra los trabajadores les costó a ambos el rechazo, la persecución y hasta el encarcelamiento. Es por eso, que hoy, después de permanecer casi dos años presos, González espera que su compañero recobre la libertad.
«Él solo era uno de los casi dos mil trabajadores que estaban ese día, apoyándonos», aclara González, por lo que extendió su llamado «al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, al fiscal, Tarek William Saab, que están ahí para cumplir las reglas y la Constitución, por eso los invito a que hagan justicia».
«La libertad de Rodney está en las manos de las instituciones del Estado», enfatiza González.
Se reanuda el juicio
Desde el 13 de noviembre se reanudó el juicio en contra del trabajador de Ferrominera Rodney Álvarez, el cual se está desarrollando no solo con la presencia de los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), sino con testigos, compañeros trabajadores que estaban el día de los hechos.
El trabajador aguardaba por la audiencia de juicio desde febrero, antes de la llegada de la covid-19 en Venezuela.
Armando Guerra, integrante del Comité en Defensa de Álvarez, considera que la presión internacional y las solicitudes de la Organización Internacional del Trabajo para la liberación de Álvarez ha generado el apremio para acelerar su caso en estas dos semanas. “Hay que llamar a mantener la solidaridad y la presión nacional e internacional”, dijo.
La defensa cree que las muchas audiencias tratan de desgastar económicamente al abogado dado los costos que se deben pagar para trasladarse desde Maracay hasta Caracas. La escasez del combustible obliga a pagar 70 dólares por cada pasaje. “¿De dónde sacas esa plata?”, preguntó.
Guerra señaló que, pese a las pésimas condiciones de reclusión, el estado delicado de salud y el retardo procesal de nueve años el trabajador está con sus convicciones fuertes. “El mantiene su posición de que es inocente”, comentó.
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