Delitos que no vemos, por Javier Ignacio Mayorca
Los fraudes se disparan en el país durante la prolongada cuarentena. A menudo, los victimarios se ocultan detrás del nombre de una empresa registrada afuera o un correo electrónico
Twitter: @javiermayorca
Luego de cinco meses de vaivenes, Daniel ya no sabía a quién acudir. Así que decidió hacer lo que él mismo describió como una «denuncia pública».
Este hombre recibió a través de Mercado Libre una propuesta de compra de muebles y piezas eléctricas. Pero en esta Venezuela, caracterizada por una intensa «dolarización transaccional», los pagos se harían en divisas estadounidenses.
El supuesto comprador solicitó los datos de la cuenta que Daniel posee en el Bank of America de Estados Unidos. Luego, hizo el pago con un cheque contra una cuenta del City National Bank de Chicago.
Aquí empezaron los problemas.
La operación comercial era por 2460 dólares, y el monto depositado mediante el cheque fue de 6000 dólares.
Desde Venezuela, Daniel acordó la devolución de la diferencia ($3540). El individuo al otro lado de la negociación le indicó que no devolviera el dinero al banco de Chicago sino a una cuenta que él tiene en el propio Bank of America.
Tres días después, el banco le envió un correo para notificarle que tenía un saldo deudor, pues el cheque por 6000 dólares nunca se hizo efectivo en su cuenta.
«Llamé nuevamente al banco, les expliqué la situación para que por favor reversaran las dos transacciones que había hecho por $3540. Me dicen que tomarán el caso de estafa y las transacciones entran en disputa y que puede tardar desde diez hasta 90 días hábiles», relató.
En la explicación de este caso, Daniel asignó una parte de la responsabilidad a su propio banco. «Me hicieron creer que el depósito estaba efectivo y disponible sin ninguna restricción en mi cuenta», afirmó.
El caso de Daniel sirve como indicador para entender hasta qué punto el delito ha mutado durante la pandemia. La despenalización de facto del uso de divisas ha llevado a una situación «caótica», según lo afirmado por el economista Asdrúbal Oliveros. En medio de ese desorden, proliferan las oportunidades para estafas de todo tipo, así como los delitos asociados a ellas.
Antes de la cuarentena por el covid-19, en 2019, las oficinas de la policía judicial recibían un promedio mensual de 477 denuncias sobre estafas. Ya entonces se percibía un incremento en el número de expedientes iniciados.
Sin embargo, a partir de 2020 el crecimiento fue exponencial, pues la media mensual se situó en 790 denuncias, de acuerdo con datos conocidos extraoficialmente.
Esto abarca las estafas y numerosos ilícitos como la suplantación de identidad o el hurto de datos, que son requeridos para llevarlas a cabo. En marzo de este año fueron iniciadas 809 averiguaciones.
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Este es apenas un reflejo de la situación real. Según el exdirector de Delitos Informáticos de la policía judicial, comisario jubilado Luis Bustillos Tábata, la gran mayoría de las estafas y delitos asociados –a menudo, llevados a cabo a través de computadoras o dispositivos inteligentes– no es del conocimiento de las autoridades.
«Es muy difícil aceptarlo, pero muchos no denuncian por distintas razones. Además, hay un criterio de que estos son delitos menores», dijo.
Bustillos fue cofundador de la oficina policial que investiga los delitos informáticos. En su criterio, el aumento del número de casos conocidos durante la pandemia tiene entre sus causas el auge del teletrabajo, la prolongación del tiempo de conexión y lo que describió como «falta de cultura».
«Hay que educar a la gente para que sepan que allá afuera hay grupos que roban los datos, y que luego usan eso para obtener ganancias», advirtió.
Pero las estafas y delitos informáticos asociados son mucho más que la simple apropiación de datos. En este momento, tal y como le sucedió a Daniel, hay redes criminales aprovechándose del creciente número de operaciones llevado a cabo desde Venezuela, a través de bancos ubicados en el exterior.
En un caso reciente, un hombre negoció la entrega de bitcoins a través de una página dedicada al intercambio de monedas virtuales. No obstante, el pago de casi 400.000 dólares se hizo desde un banco de Panamá hasta otra cuenta abierta en ese mismo banco. El titular de las monedas virtuales cumplió con su parte al verificar que hicieron la transferencia. Al día siguiente la cantidad fue revertida, pues el emisor dijo que no reconocía la operación. La víctima se quedó sin los dólares ni las criptomonedas.
Frente a una situación como esta es muy poco lo que se puede hacer desde Venezuela. El aislamiento no es solo político. También abarca a la actividad policial.
Una de las formas de fraude más comunes en la actualidad involucra el uso de la plataforma Zelle, muy popular en Venezuela debido a que no cobra comisiones por transferencias entre cuentas abiertas en la banca estadounidense. Esta herramienta, sin embargo, no permite revertir los pagos. Por lo tanto, se impone verificar en lo posible la reputación de las personas o negocios con los que se realizará la negociación. En marzo, por ejemplo, un hombre de 24 años perdió 780 dólares a través de este sistema cuando fue convencido por una mujer de que podría usar unos pasajes a Miami que ella no utilizaría, supuestamente emitidos por la línea Fly the World. La denuncia fue formulada en Cicpc de Ciudad Guayana.
A veces, incluso, no basta con asomarse a la web para verificar si un vendedor o comprador tiene buena reputación.
Según Bustillos, si los delincuentes informáticos son organizados, se encargan de promover olas de comentarios positivos acerca de sus propias operaciones. Por eso, se debe desconfiar de aquellos sitios donde no existen críticas ni objeciones.
En la Venezuela de la pandemia, e incluso la que vendrá cuando se genere la «inmunidad de rebaño» es probable que algunos delitos violentos y callejeros no sean tan frecuentes. Pero los ilícitos silenciosos continúan en crecimiento permanente.
Breves
-El 7 de junio, la dirección de la Policía del Estado Mérida recibió una carta redactada el día anterior por el comisionado agregado José Daniel Zambrano, un funcionario que desarrolló su carrera de más de 22 años en ese cuerpo de seguridad. La misiva, en realidad, iba dirigida a sus compañeros de servicio con el propósito de ponerlos al tanto de su descontento en torno al funcionamiento general de esa policía. Según el comisionado, los actos de corrupción por los uniformados son «a diario». En cambio, «nuestros compañeros honestos están muriendo por no poseer las atenciones primarias ante la pandemia del covid-19». El texto enviado al coronel Hely Saúl Infante alerta sobre las consecuencias de la orden atribuida a la Zona de Defensa Integral del estado (número 22), a cargo del general de división Danny Ferrer, que asigna armamento a «personas particulares, no funcionarios policiales, como mecanismo de defensa a la nación». Este funcionario, que en 2012 fue condecorado por el Consejo General de Policía, en virtud de sus «buenas prácticas en el servicio de vigilancia y patrullaje», está consciente de que ahora lo podrían imputar por traición a la patria. «Lo asumo, pero ya basta de traición a nuestro pueblo con fines políticos e ideológicos», dijo.
-Ahora hay una nueva razón para hacer colas en el país. Las largas esperas no son solo para surtirse de gasolina o tramitar un documento de identificación. Desde finales de mayo, podría decirse que las más prolongadas tienen que ver con la vacuna contra el covid-19. Tal y como sucede en los alrededores de las estaciones de servicio, en los centros para la inmunización los militares y policías están haciendo su agosto. Ya en este espacio habíamos advertido sobre la formación de un mercado negro en torno a las vacunas chinas (Sinopharm). Ahora, la nueva corruptela consiste en facilitar el acceso a ellas en los propios centros de vacunación. Desde luego, quien tiene recursos podrá recibir su inyección más rápido. En el hotel Alba Caracas la tarifa se estandarizó en 35 dólares. Un militar ubicado en el perímetro ofrece que, una vez cancelada la suma, la persona pasará sin dilación al lugar donde suministran la vacuna. Ya tienen un procedimiento establecido para el tratamiento VIP.
Javier Ignacio Mayorca es Periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
