Denuncian que Fospuca Caroní ha emitido más de 70 solicitudes de embargo en 2023
La raíz de los reclamos y de la creación de la Asamblea de Ciudadanos son los altos costos del servicio de Fospuca Caroní
Texto: Francesca Díaz / Correo del Caroní
El martes 12 de diciembre, la Asamblea de Ciudadanos de Caroní denunció que durante 2023 la empresa privada encargada de la recolección de desechos en el municipio, Fospuca Caroní, ha emitido más de 70 demandas por solicitud de embargo a comercios de Ciudad Guayana.
“El número de solicitudes de embargo que ha circulado durante todo este año en los tribunales de la ciudad alcanzan hasta las 200 que han sido tramitadas. Algunos han logrado acuerdos y terminaron pagando temerosos de que les cerraran. El único que asumió enfrentarlos con la ley fue Respuestos Stars Motors. Ha habido mucha opacidad. Se habla de entre 70 y 110 trámites de embargo que están vigentes”, manifestó Simón Yegres, coordinador de la asamblea ciudadana.
Ante esta situación ciudadanos organizaron una protesta frente al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, para exigir el cese del bloqueo del portal fiscal y el cambio en los parámetros de cálculo para el cobro de tasas de la empresa.
Desde principios de año ha habido un número considerable de manifestaciones para denunciar las exorbitantes tarifas que cobra Fospuca, las cuales van desde los 50 hasta 2 mil dólares. Además, afectados alegan que la compañía actúa como un ente municipal y no como una compañía privada.
“Han hecho una modificación a la ordenanza que ya la otra era ilegal porque estaba sobre un contrato ilegítimo, ahora hicieron una modificación para Caroní que es peor en todas sus cláusulas. En esas cláusulas le dan un poder a Fospuca de ente municipal que puede con su capacidad y cualidad, cobrar como le dé la gana”, expresó Pedro Acuña, miembro de la Asamblea de Ciudadanos.
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Fospuca Caroní incumple Ley de Armonización Tributaria
Tras culminar la protesta, los líderes de la Asamblea de Ciudadanos consignaron un documento en los tribunales para exigir que la normativa municipal se apegue a la Ley de Armonización Tributaria recién entrada en vigencia.
“La empresa Fospuca Caroní utiliza vías judiciales en las cuales buscan obligar a estos tribunales civiles y mercantiles de Puerto Ordaz a que admitan demandas y cobros de bolívares, a través del procedimiento de intimación. Demandas que no presentan el documento fundamental de la prueba, no presentan títulos ejecutivos, no presentan documentos reconocidos o tenidos por reconocidos por la empresa demandada, violando los tribunales al admitirlos los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”, expone la documentación.
En el documento, los firmantes reiteraron que el contrato que existe entre la Alcaldía y Fospuca carece de documentos fundamentales, como la estructura de costos y el plan de servicio, lo que lo hace írrito y nulo.
En este sentido, la asamblea citó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios que dice en su artículo 47, que la tasa de recolección de desechos deberá “establecerse sobre la base de costos reales del servicio y en función de la cantidad de suscriptores servidos, la capacidad de generación del sujeto, el tipo, las características y el volumen de los desechos que trata”.
“En ningún caso la ley establece que el cobro podrá realizarse por metros cuadrados. Y, aun así, las demandas que se han presentado y admitido señalan el cobro por metros cuadrados, además, tales tasas deben ajustarse al monto establecido, de conformidad a la ley especial que regula la materia previa opinión del Consejo Superior de Armonización Tributaria”, plantea el documento consignado en el tribunal.
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“Se están violando todas las normas”
La raíz de los reclamos y de la creación de la Asamblea de Ciudadanos son los altos costos del servicio de Fospuca. En este sentido, los montos son fijados basándose en la amplitud de los locales y no en la cantidad de desechos generados.
Asimismo se desconocen pormenores del contrato de Fospuca, por ejemplo, sus costos operativos, los cuales deben justificar el precio a pagar por los contribuyentes.
“Hay un cobro excesivo de tarifas. Es una recolección de desechos sólidos. Hay empresas que no generan esa cantidad de desechos para tu pagar una exorbitante tarifa como de 500 dólares. Mi tarifa es de 580 dólares y tengo una empresa de reciclaje. Quiero seguir trabajando, pero ya casi estoy en cierre porque no tenemos para cubrir el costo. Es demasiado sumándose los impuestos y servicios. Todo este año viene mal y ahora hay que sumar el servicio de aseo”, declaró Elizabet Santos, propietaria de comercio en Bolívar.
“Estamos aquí por las arbitrariedades de la empresa Fospuca. En cuanto a los montos exagerados, los embargos y las estafas. Los montos son demasiado altos. Yo soy representante de Servicauchos El Punto. El día jueves hubo una orden de embargo y una demanda, con la cual se llegaron a mi empresa. Habíamos llegado a un acuerdo con la jueza de depositarle un dinero en cuanto al embargo y no sé qué pasó que echó todo para atrás. Llegaron allí con un depositario que no está legalmente constituido, ese señor calculó el valor de los cacuhos mucho más bajo de lo que realmente sale para quitarme mercancía supuestamente para pagar la deuda. No sabemos el fin de qué harán con eso. Es la jueza Mayra Urbaneja”, denunció José Abanero, propietario de una cauchera en San Félix.
“Se están violando todas las normas y la Constitución Nacional con el tema Fospuca en Caroní. Estamos apoyando porque vemos lo que está ocurriendo en la zona. Nosotros nunca nos registramos en la página ni pagamos, por tanto, estamos bloqueados por el portal. Tenemos miedo de la multa, pero no nos hemos registrado por lo que hemos visto que ocurre con todos los comerciantes. No es un secreto las altas tarifas que cobran y no es una cuestión coherente. Todos queremos pagar”, expresó un comerciante quien pidió mantener su nombre en reserva.
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TSJ solicita rendición de cuentas
Durante el mes de julio de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a la Superintendencia de Tributos rendir cuentas con respecto al amparo constitucional introducido por empresas de Guayana denunciando el bloqueo del portal fiscal. En este sentido, los afectados alegaron que se estaba violando su derecho a pagar impuestos.
Sobre esto, el TSJ consideró la medida “un mecanismo de presión que no tiene fundamento en previsión legal alguna”, según la sentencia 0953 que reposa en el expediente número 23-0204.
Hasta ahora se desconoce si ha habido alguna respuesta por parte de la instancia municipal a la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia.
