Dgcim decomisó pasaportes, teléfonos y laptops de la casa del tío de Guaidó
La detención de Juan José Márquez el pasado 11 de febrero fue confirmada por el presidente de la impuesta asamblea constituyente, Diosdado Cabello, quien asegura haber «recibido información» de los cuerpos de seguridad que le detuvieron por ingresar «material explosivo» al país
Joel García, abogado de Juan José Márquez -tío del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó- denunció la mañana de este jueves que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se encuentran allanando la residencia de Márquez, donde se encuentra la familia del piloto detenido.
#20Feb En este momento 07:20 am la DGCIM está allanando la residencia del tío del presidente interino @jguaido en el lugar se encuentra ella con sus menores hijos.
— Joel García (@joelgarcia69) February 20, 2020
Por su parte, la directora del Instituto del Centro de Estudios y Análisis para Latinoamérica (Casla), Tamara Sujú, indicó haber recibido información del traslado de Márquez al sótano 3 del edificio de la Dgicim conocido como «la casa de los sueños», que sería una especie de réplica de «La tumba» del Sebin en Plaza Venezuela.
#Venezuela. Me comenta ahora patriota cooperante disidente del #DGCIM q Juan José Márquez se encuentra en las nuevas celdas d Boleita "la Casa de los sueños" ubicadas en el Sótano 3, ese q se inventaron para enterrar en nuevas "Tumbas" a los presos politicos emblemáticos. https://t.co/dBCCcSpo0j
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) February 20, 2020
La diputada Delsa Solórzano, pidió estar «alerta» ante posible siembra de elementos en la casa del tío de Guaidó a nueve días de su detención arbitraria en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando llegó junto al parlamentario -reconocido por más de 50 naciones como presidente encargado de Venezuela- en un vuelo procedente de Lisboa.
#ALERTA En este momento, estan allanando la vivienda de Juan Márquez, tío del Presidente @jguaido , hoy se cumplen 9 días de su secuestro en el DGCIM. Alertamos al mundo de la siembra q puedan hacerle en su casa, donde solo se encuentra su esposa y sus pequeños hijos.
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 20, 2020
El procedimiento se estaría llevando a cabo en la avenida Luis Roche con novena transversal. En las inmediaciones de la residencia, Joel García explicó que en horas de la mañana la esposa de Márquez, Romina Botaro, solo le pudo decir por teléfono cuando lo llamó en la mañana de este jueves que habían funcionarios de la Dgcim en su residencia y por eso fue que se trasladó hasta el lugar.
Sin embargo, le impidieron la entrada a la residencia de Márquez e hizo referencia que fue un funcionario ataviado con una camisa roja con la firma de Chávez en el pecho fue quien le «cerró la puerta en la cara», lo que viola el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
«Se supone que los órganos policiales, las Fuerzas Armadas son apolíticas y se deben a la seguridad y aquí lo que se ve son oficiales fanáticos del gobierno, miembros del PSUV».
Hizo hincapié en que uno de los hijos menores de Juan José Márquez es ciudadano estadounidense y considera que estas acciones lo que buscan es «quebrar» la voluntad de Guaidó para obligarlo a negociar. De igual forma, alerto que podrían estar sembrando evidencia a nueve días de su detención, lo que considera «absurdo» que ocurra tras haber pasado tanto tiempo de su arresto.
«Lo que siembren es culpa del gobierno. Márquez fue detenido hace una semana y es ahora que vienen a allanar y es absurso que a estas alturas permanezcan las evidencias», al tiempo que espera acciones por parte de Estados Unidos al estar involucrado un menor de nacionalidad estadounidense
Aprovechó para agregar que a varios presos políticos como Roberto Marrero, Juan Planchart y Juan Carlos Requesens se encuentran aislados, solo con el fin de minar la voluntad del jefe del parlamento.
Por su parte Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, hizo acto de presencia en el lugar para solidarizarse con la familia acosada por los cuerpos de inteligencia.
«Romina estaba sola y vinimos a acompañarla. Es una muestra más de cómo funciona el régimen, en la madrugada. Pretenden que nos van quebrar, madrugándonos (…) Los que se esconden son ellos detrás de las máscaras».
Entretanto, la diputada Delsa Solórzano dijo que el menor de edad con nacionalidad estadounidense tiene apenas 5 años y aseveró que en la vivienda de Márquez «no hay elemento como se podría decir, criminalístico, así que cualquier cosa que digan que hay ahí ha sido sembrada».
Señaló que el gobierno de EEUU recibió la notificación de esta acción por parte del Dgcim y que ya con tan poca edad «es parte de persecución por parte del régimen» y dijo que el procedimiento, si no siguió lo establecido en el COPP, es ilegal y un «allanamiento a la morada».
Después del hecho
Después de que los funcionarios de la Dgcim de la vivienda, Joel García denunció que durante la pesquisa los agentes de ese cuerpo de seguridad se llevaron algunos pasaportes, teléfonos inteligentes y laptops.
“Ya Juan José Márquez fue sembrado en del Aeropuerto y no nos extrañaría que en el allanamiento de su casa vinieran a completar esa vil acción (en referencia a siembra de evidencias). Se hicieron acompañar por dos personas que no son vecinos del sector; que supuestamente son obreros, pero en realidad son funcionarios disfrazados de obreros”.
Detalló que el allanamiento fue ejecutado por ocho funcionarios de la Dgcim que no se identificaron y por la Fiscal 22 del Ministerio Público, con competencia nacional; tenían una orden de allanamiento emanada por el Tribunal 3 ero. del estado Vargas que conoce de la causa.
García dijo que al momento de la llegada de los efectivos de la Dgcim, que además estaban encapuchados y portando armas largas; los hijos de Juan José Márquez de 12 y 5 años, estaban en el apartamento.
“Los niños estaban aterrados, uno de ellos decía que se iban a quedar huérfanos porque su papá está preso y se iban a llevar a su mamá (Romina Botaro de Márquez). Tuvieron que ser sacados por una vecina”, explicó según una nota de prensa.
El recuento
La+ detención de Juan José Márquez el pasado 11 de febrero fue confirmada por el presidente de la impuesta asamblea constituyente, Diosdado Cabello, quien asegura haber «recibido información» de los cuerpos de seguridad que le detuvieron por ingresar «material explosivo» al país.
De acuerdo con Cabello, el presunto «material de naturaleza explosiva» se traduce en los químicos presentes en un frasco de perfume y en unas baterías. Las investigaciones que estarían realizando las autoridades pertinentes adelantan que dichos materiales podrían utilizarse para crear explosivos C4.
Posteriormente, el abogado Joel García, informó que tras 28 horas desaparecido, Juan José Márquez, fue presentado en horas de la noche ante tribunales del estado Vargas y le dictaron medida privativa de libertad.
García calificó este hecho como una «simulación de audiencia» y resaltó que pasada la medianoche, la Juez tercero de control Elffy Yaurit Vicenti y la Fiscal Hayshel Huanire, levantaron el proceso contra Márquez y ordenar posteriormente su traslado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.
En una rueda de prensa, García señaló que dentro del expediente existe «una única acta policial suscrita por funcionarios de la Dgcim donde dice que tenía una actitud sospechosa y podría cometer un acto terrorista, por lo que fue sometido a revisión. Juan Márquez venía de Lisboa y allá fue sometido a una revisión exhaustiva».
Insistió que dentro del expediente contra Juan Márquez no existen pruebas más allá de lo que dicen unos funcionarios de la Dgcim y Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y presidente de la ANC, sobre supuesta tenencia de material explosivo, «porque en el expediente no existe ninguna prueba que confirme que lo incautado era C4».
En días pasados, el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Christopher Figuera, alertó que “esta gente del Dgcim es capaz de cualquier cosa contra el tío de Juan Guaidó. El mundo debe tener los ojos muy abiertos en este caso”, haciendo referencia a las torturas recibidas por el Capitán Rafael Acosta Arévalo y el concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, quienes fallecieron mientras estaban en custodia de los cuerpos de seguridad del Estado.
Aseveró que esta acción «se trata de un secuestro» porque no hubo elementos de ley para justificar su detención, así como tampoco se informó a los familiares sobre su ubicación cuando «fue llevado por la fuerza» a los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
