Día del abogado en ruinas, por Esperanza Hermidas
Twitter: @espehermida
Las condiciones en que realizan su labor en Venezuela han variado ostensiblemente. En especial, desde que se rinde homenaje a las personas profesionales del derecho, dedicándoles una fecha para conmemorar su esfuerzo. No obstante, la modificación de su entorno laboral está muy lejos de representar una mejora. Al contrario, es una más de las profesiones precarizadas en la falsa revolución bolivariana del siglo XXI.
Fue en 1972 cuando se decretó al 23 de junio como día nacional del abogado. Representa una conmemoración también del natalicio de Cristóbal Mendoza, primer presidente de la Venezuela independiente. Ahora bien, para identificar las condiciones actuales en las que se ejerce esta profesión, es importante la historia de su evolución.
Fue en 1969 cuando se constituyó el extinto Consejo de la Judicatura, figura establecida en la constitución de 1961 para brindar soporte organizacional al Poder Judicial en Venezuela. No obstante, no fue sino hasta 1980 cuando se promulgó la Ley de Carrera Judicial, instrumento regulador del proceso de ingreso y permanencia de jueces y demás personal de la administración de justicia.
Ni el Consejo de la Judicatura y menos aún la Ley de Carrera Judicial, cumplieron con la misión que les fue asignada en el papel. Quienes detentaron el poder en Venezuela durante los siglos XIX y XX, tenían razones de carácter político, ideológico y, por tanto, económico y presupuestario, que mantuvieron –desde la primera república– una estructura tribunalicia caracterizada por su falta de independencia respecto del ejecutivo nacional, de los partidos políticos y de los intereses financieros nacionales y foráneos.
Sobre la ola de la justificada crítica popular a la corrupción judicial imperante, la propuesta contenida en la constitución de 1999 se erigió como una ilusión óptica, que buscaría la depuración y transformación del carácter de la administración de justicia. Concretamente, creó la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, sustituyendo al Consejo de la Judicatura y a la Corte Suprema. Un maquillaje al estilo de Hollywood: perfectamente falso.
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Hoy, 23 años después de la promesa constitucional bolivariana, la contabilidad es como sigue: menos personal judicial frente al aumento tendencial de la población. Naciones Unidas establece una ratio de jueces por habitantes que en Venezuela está muy por debajo de las probabilidades de garantizar los estándares internacionales de acceso a la justicia: ¡1.400 tribunales para 28 millones de personas! Las instalaciones tribunalicias están destartaladas, sin agua, ni papel higiénico, con fallas de electricidad y, por ende, carentes de sistemas computarizados idóneos.
Su infraestructura es similar, en su abandono, a los hospitales y escuelas públicas. Los sueldos del personal judicial, exceptuando altos magistrados, son un insulto a la inteligencia, no sólo por el deterioro general del poder adquisitivo de cualquier salario en Venezuela debido a la inflación, sino porque más de la mitad de la retribución al trabajo no incide en las prestaciones, ya que se trata de bonos y bolsas de comida.
En el Poder Judicial, hay escasez de todo: celeridad, eficacia, inmediatez, y lamentablemente, probidad. Los males que se denunciaban durante los tiempos en que se hacían huelgas judiciales en Venezuela, –período donde tantas compañeras y compañeros abogados se formaron, lucharon y trabajaron–, quedan pálidas al lado del caos que exhibe la administración de justicia en la actualidad.
El caso de Rodney Álvarez, es una prueba fehaciente de esa podredumbre. Se trata de un obrero preso el 8 de junio de 2011, durante el gobierno de Chávez. Un hombre inocente que, al fin, fue absuelto el 18 de mayo de 2022. Un trabajador injustamente sometido al calvario carcelario de Venezuela, durante once largos y tenebrosos años. Once años es casi la mitad del tiempo que tiene vigente la constitución bolivariana. Su única responsabilidad fue participar en una asamblea para elegir la comisión electoral del sindicato de le empresa donde trabaja, Ferrominera del Orinoco.
Rodney tuvo que transitar el viacrucis de múltiples audiencias fallidas y un sin número de cambios de jueces y de tribunales penales que se pelotearon entre sí para conocer, inhibirse, manipular y finalmente, concluir su expediente con una absolución porque no hubo jamás una prueba que lo incriminara. Una detención política.
Tal vez lo peor de esta situación es que no es la única. Defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, estudiantes, luchadores sociales, militantes de diversos partidos políticos de la oposición de derecha y de izquierda, así como disidentes del proceso bolivariano, han probado la cárcel y la persecución que se ha orquestado desde los tribunales penales de Venezuela, brazo ejecutor de la represión a la protesta popular y al pensamiento crítico, decidida –sin rubor– por el gobierno del supuesto presidente obrero.
Desafortunadamente para el país, la dependencia del Poder Judicial a los designios de Miraflores no se queda en el ámbito penal. Todo está penetrado por las mafias de la corrupción y cada fase de cualquier proceso judicial, en cualquier materia, en cualquier lugar de Venezuela tiene un costo en dólares, entregados en efectivo, preferiblemente. Si quiere una copia, pague. Si la quiere para mañana pague doble. Si la necesita para hoy, pague el triple. ¿Necesita una sentencia? Depende… Esa es la realidad a la que se enfrentan miles de profesionales del derecho en Venezuela, donde la palabra justicia es una quimera. Un saludo a su valentía por luchar contra la ruindad judicial bolivariana.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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