Dilema crucial, por Teodoro Petkoff
¿Existe en el gobierno una verdadera disposición a sentarse con sus adversarios para una franca discusión del grave dilema nacional y explorar salidas democráticas y prácticas a la crisis que nos agobia? La respuesta a esta pregunta es capital. El gobierno es el actor principal en el escenario político y de él depende básicamente el que se pueda entablar un dialogo serio. Porque la última tentativa en tal sentido fue frustrada por el diseño francamente absurdo de la llamada Comisión para el Diálogo. Una comisión en la cual Chávez escogió con pinzas a sus interlocutores, en lugar de convocar a los factores políticos que lo adversan, no podía terminar en nada. Así fue.
La primera condición para abrir juego es que el gobierno reconozca la legitimidad política del variado mundo opositor. El revolucionario -y Chávez se define como tal- tiende a concebirse a sí mismo como la encarnación de la Verdad, la Justicia y la Historia. «Brizna de paja en el huracán revolucionario», se siente agente de las fuerzas históricas e imagina a todos los que lo adversan no como simples opositores a su política sino como enemigos nada menos que de la Verdad, la Justicia y la Historia. De una vez los descalifica: son «contrarrevolucionarios». ¿Qué revolucionario que se precie de tal dialoga con la contrarrevolución? En las dictaduras revolucionarias, a los enemigos se les fusilaba. Chávez los fusila verbalmente, y se ha negado a reconocerlos como actores legítimos del juego político. Eso explica aquella chimbísima Comisión para el Diálogo.
Si esa conceptualización de la oposición no cambia, entonces la coyuntura que podría abrir la presencia de la OEA será otra jugada mediática sin destino. El gobierno tiene que estar dispuesto a sentarse con una oposición donde, aun con contradicciones, se afirman criterios democráticos e institucionalistas pero en la cual el tema de la salida de Chávez del gobierno es el tema. Ahora bien, es con esa oposición, tal como ella es, con sus diversas corrientes y concepciones políticas y las distintas organizaciones, no sólo partidistas, que la componen, con la cual el gobierno tiene que mostrar una voluntad de discutir incluso ese tema.
Desmontar la bomba de la violencia, desactivar la lógica infernal del golpe-contragolpe, implica explorar, en clave democrática, alternativas a las soluciones extraconstitucionales. El gobierno tendría que estar dispuesto a aceptar ese desafío. Aceptarlo no significa que deba acoger necesariamente la óptica de la oposición sino mostrarse dispuesto a considerarla, aunque sea para refutarla. Así se engranan las negociaciones. De la confrontación democrática van surgiendo las soluciones. ¿Está dispuesto el gobierno a hacerle frente al reto de un diálogo verdadero, que no excluya ningún tema? La misma pregunta cabría para la oposición. ¿Está dispuesta a discutir como opción el referendo revocatorio en agosto de 2003? Si esto fracasa, digámoslo una vez más, podría estarse abriendo la puerta a la violencia y a la dictadura, de uno u otro signo. Porque de allí en adelante sólo se podrá gobernar a punta de pistola.
