Diputado Martínez reitera que Ley de Zonas Económicas Especiales calca modelos asiáticos
El diputado opositor de la AN del 2020 Luis Eduardo Martínez señaló que la Sala Constitucional del TSJ, con ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la mencionada ley, sancionada por la AN el pasado 30 junio de 2022
Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, reiteró que la Ley de Zonas Económicas Especiales, aprobada por el Parlamento el 30 de junio, permitirá reproducir en la nación el «exitoso» modelos económico asiático.
En entrevista a Globovisión, recordó que la Zona Económica Especial es una delimitación geográfica en las que se darán facilidades a empresas nacionales, extranjeras e inversionistas para desarrollar proyectos de turismo, tecnología, y otros.
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Indicó, el parlamentario de la fracción de Acción Democrática intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en estas zonas habrá un régimen especial para lo tributario, lo laboral y se garantizarán empleos de calidad para captar talento humano, dar garantías a inversionistas, captación de capitales.
La Asamblea Nacional (AN) dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela dio luz verde a la Ley de Zonas Económicas Especiales. El articulado, aprobado por la mayoría calificada del Parlamento, permitirá al gobernante Nicolás Maduro crear o suprimir «espacios de inversión productiva».
Desde el propio legislativo, las Zonas Económicas Especiales fueron definidas como «la delimitación geográfica que cuenta con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, destinado al desarrollo de actividades económicas de inversión pública, privada, mixta y comunal, en cuyas poligonales se ejecutan proyectos de desarrollo de actividades sectoriales específicas que responden a los más altos intereses de la Patria, cuya producción local impacta favorablemente en el desarrollo socio productivo del país con beneficios a escala subregional».
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El instrumento jurídico establece la obligatoriedad de crear una Superintendencia de las Zonas Económicas Especiales. El organismo es definido como una institución de carácter técnico especializado, con persona jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Vicepresidencia de la República.