Diputado Robert Alcalá acusa al gobierno de Maduro de masacre en Acarigua
TalCual
Publicado mayo 25, 2019
El Presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional señaló que el motín que dejó 30 presos fallecidos también es producto de la corrupción del sistema carcelario
Desde el Parlamento responsabilizan al gobernante Nicolás Maduro del motín en el comando policial de Acarigua, estado Portuguesa, que dejó un saldo de 30 detenidos fallecidos y 19 policías heridos.
El presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, diputado Robert Alcalá, afirmó que en los comandos de policías municipales y estadales, que se han convertido en cárceles paralelas, se violan los derechos humanos, donde hay hacinamiento y carecen de funcionarios capacitados para atender a los privados de libertad.
La instancia parlamentaria abrirá una investigación sobre la masacre y elevará la denuncia a los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los derechos humanos. Según Alvarado, en el motín de Acarigua se demostró una vez más que el gobierno de Maduro nuevamente se constituye «en un régimen forajido violador de los derechos fundamentales».
«Esta nueva masacre ocurrida en Acarigua, también es producto de la corrupción que hay en el sistema carcelario. Es inaceptable que el régimen con sus corruptos permitan la entrada de armas a los centros penitenciarios y luego aplaquen los motines masacrando a la población penal”, aseguró Alvarado este sábado 25 de mayo.
El diputado responsabilizó de los hechos, ocurridos el 24 de mayo, al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, organismo que, a su juicio, «ha propiciado que los comandos policiales se conviertan en centros penitenciarios sin ningún tipo de control».
Asimismo, destacó que la Comisión que preside ha alertado sobre las malas políticas carcelarias implementadas por el régimen de Nicolás Maduro son las que han producido el hacinamiento en Centros Penitenciarios Transitorios. Cuestionó que estas sedes se hayan convertido en cárceles permanentes y sin el espacio físico necesario para albergar el gran número de privados de libertad que albergan.
