Dólar paralelo domina el mercado a un año de “derogada” la Ley de Ilícitos Cambiarios (I)
Los intentos del Gobierno de liberar la economía y de generar confianza en la población que maneja divisas para que acuda al mercado oficial no han tenido éxito. El mercado paralelo, que el Ejecutivo pretendía desaparecer, sigue rigiendo en Venezuela, país petrolero dolarizado de facto por el ciclo hiperinflacionario en el que se encuentra desde noviembre de 2017
Los intentos de Nicolás Maduro de liberar la economía para hacer desaparecer el “dólar criminal” e incentivar a las personas a que transen divisas en el mercado oficial no han logrado generar confianza en los agentes económicos, que durante 16 años vivieron un férreo control cambiario impuesto por el fallecido Hugo Chávez, bajo las amenazas de una Ley de Ilícitos Cambiarios que establecía sanciones económicas y penas de prisión hasta de quince años.
La desconfianza en el nuevo sistema cambiario implementado por el Gobierno es una de las razones por las cuales un año después de “derogada” la norma -por decisión de la inconstitucional Asamblea Constituyente que, como otras medidas tomadas, carece de valor jurídico-, que castigaba a quienes realizaran operaciones al margen de la ley, el paralelo sigue rigiendo en Venezuela, país dolarizado de facto por el ciclo hiperinflacionario en el que se encuentra desde noviembre de 2017, que según la Asamblea Nacional (AN) durante los siete primeros meses de 2019 llegó a 1.579%.
“La mayoría de los agentes económicos siguen transando dólares en el mercado paralelo”, asegura el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica.
Según la firma, las mesas de cambio apenas mueven 5% de lo que se negocia en el mercado paralelo, lo cual evidencia que todavía es un esquema que no ha calado en la economía.
“La mayoría de los agentes aprendió en estos 16 años de control a hacer operaciones rápidas, anónimas y de alguna manera fáciles en el mercado paralelo, y no siente la confianza suficiente para irse a un esquema de mesas de cambio, donde de alguna forma quedarían retratados, y hay gente que no quiere quedar retratada”, asegura Oliveros.
Cesar Atencio, presidente de Zoom Casa de Cambio, indicó que cada vez que una persona compra un dólar, la operadora cambiaria debe notificarle al Banco Central de Venezuela (BCV) el nombre, la cédula de identidad, el monto y la tasa de cambio.
El ente emisor exige el reporte para verificar si el usuario es uno de los sancionados de la época de Cadivi, que no pueden participar en el sistema, y para evitar que exceda el límite diario, lo que además demuestra que aún no se puede hablar de un mercado cambiario libre, pues se trata de una restricción. “Si no, el cliente podría ir después a Italcambio y al Banco de Venezuela y pasarse del límite”.
Las mesas, un esquema cambiario que permite a la banca pública y privada facilitar la compra y venta de divisas por parte de personas tanto naturales como jurídicas, ha sido uno de los intentos de la administración de Maduro en el último año para liberar la economía, estrategia que según expertos inició con el decreto derogatorio de la Ley de Ilícitos.
Adiós a la ley
En agosto de 2018, el constituyente Jesús Faría, exministro de Comercio Exterior, aseguró que la “derogación” de la norma le ponía punto final al mercado paralelo, y que abría la puerta a la implementación de una libertad cambiara que generaría confianza e impulsaría la producción.
El 2 de agosto de 2018, una semana después de que Maduro pidió a la ANC “eliminar las barreras de ilícitos cambiarios y entrar en un nuevo tiempo que permita el libre flujo de inversión que necesita el país”, Tareck el Aissami, vicepresidente del Área Económica, presentó ante la oficialista Asamblea Constituyente el decreto “derogatorio” de la Ley de Ilícitos Cambiarios.
La norma condenaba de tres a siete años de cárcel a quienes usaran divisas en fines no declarados, de siete a doce años a quienes fijaran precios a tasa no oficial, y de diez a quince años a las personas naturales o jurídicas que difundieran “vía electrónica, televisión, radio o comunicación de cualquier tipo” información “falsa” sobre el tipo de cambio.
El pasado 2 de agosto de 2019 se cumplió un año desde que la ANC aprobó el decreto, publicado en la Gaceta Oficial 41452. Sin embargo, la Constituyente –considerada ilegítima por la oposición, más de medio centenar de países e instancias internacionales como la Unión Europea– no está facultada para cambiar las leyes de la República sino únicamente para reformar la Constitución. Solo el Parlamento y el presidente de la República tienen potestad de derogar una ley.
No obstante, economistas sostienen que la anulación de la norma fue el comienzo de la liberación de la economía venezolana, la cual acumulaba una contracción de 52,3% desde que Maduro asumió el poder en 2013, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV); cifra que según la AN aumentó a 63,4% en el primer trimestre de 2019.
Complementos
El economista Víctor Álvarez señala que tras derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios, el Gobierno tomó otras medidas para liberar y reactivar la economía a fin de que le genere los ingresos fiscales que ya no le aporta el petróleo, entre ellas la publicación del Convenio Cambiario N° 1, que permite la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio; y de la Resolución 1905-01 del BCV, que autoriza la libre compraventa de divisas entre privados a través de la banca.
Un año atrás, El Aissami aseguró que tras la entrada en vigencia del decreto derogatorio, los actores económicos quedaban facultados para dirigirse a las casas de cambio autorizadas por el Ejecutivo para hacer cualquier operación cambiaria “de manera transparente, legal y segura”.
“Es un nuevo comienzo en el campo económico que acompaña la construcción de un programa de crecimiento y prosperidad. Entra de manera formal a partir del 20 de agosto con la reconversión monetaria, ya ampliamente debatida e informada”, dijo entonces.
Pero fue nueve meses después, el pasado 6 de mayo, cuando realmente el Banco Central autorizó a la banca pública y privada la compra y venta de divisas a través de mesas de cambio. El 13 de mayo iniciaron formalmente las operaciones, medida que, según la resolución N° 19-05-01 emitida por el BCV, representa una profundización de “las bases de la flexibilización cambiaria dispuesta en el Convenio Cambiario N°1 a fin de dinamizar las operaciones de compra y venta de monedas extranjeras a través de los operadores especializados”.
Expertos advirtieron días antes de que las instituciones financieras iniciaran las operaciones del nuevo sistema de mesas de cambio, que la medida tomada por el BCV no generaba la confianza suficiente como para que el intercambio de divisas entre personas tanto naturales como jurídicas se traslade del mercado paralelo al oficial. Señalaron que la mayoría de las transacciones en moneda extranjera se realiza en el paralelo porque ese mercado no lo cubre “tanta burocracia, restricciones y rezago al momento de hacer efectivo el monto pactado”.
Además de la falta de confianza, las sanciones internacionales impuestas al gobierno de Maduro, particularmente la medida que en abril el presidente Donald Trump tomó contra el BCV, también complican la operatividad de las mesas de cambio y el avance de la apertura cambiaria. Los bancos corresponsales, a través de los cuales los clientes venezolanos transferían sus divisas hacia cuentas en el exterior, dejaron de operar con la banca privada luego de las sanciones que aplicó Washington al BCV.
“Los bancos que están operando se cuidan demasiado de las transacciones que procesan, y eso también hace que el sistema no sea ágil ni rápido”, indica el director de Ecoanalítica.
Oliveros agrega que el funcionamiento de las mesas de cambio también se ve comprometido por la propia situación de la banca, que tiene unos costos operativos importantes y está en unas condiciones bastantes difíciles dada la situación del encaje legal.
“A eso hay que sumarle que el sector privado venezolano, que está operando a 20% de su capacidad y que tiene seis años arrastrando una profunda depresión, tiene muy poca capacidad de generar divisas para poder venderlas en el sistema por esta vía. Todos estos factores hacen que la mayoría de los agentes económicos siga transando dólares en el mercado paralelo”.
Medidas insuficientes
Según Álvarez, la flexibilización del mercado cambiario ha sido una larga exigencia de los inversionistas extranjeros, particularmente de los socios de Pdvsa en las empresas mixtas. Obligados a cambiar sus divisas a la desventajosa tasa de cambio oficial, la cantidad de bolívares que recibían no les alcanzaba para pagar las nóminas de personal calificado, ni los costos domésticos que aumentan a razón de 50% mensual.
El economista indica que, en el actual contexto hiperinflacionario, el freno que el Gobierno impone a la evolución de la tasa de cambio obliga a los inversionistas extranjeros a traer más divisas para poder cubrir los crecientes costos nacionales, y eso castiga la rentabilidad de la inversión, contrario a lo que Maduro pidió en julio de 2018 a la ANC: “Entrar en un nuevo tiempo que permita el libre flujo de inversión”.
Sin embargo, despenalizar, flexibilizar y finalmente liberar el mercado cambiario son incentivos necesarios más no suficientes. «Lamentablemente, esta decisión se toma en el marco de una economía colapsada que genera pocas divisas y de un sistema bancario sin posibilidades de cumplir con su papel de intermediador financiero, debido a que prácticamente todos los bolívares que capta del público los debe depositar en el BCV como encaje legal, que prácticamente ha dejado a los bancos sin liquidez para cubrir las operaciones del mercado cambiario”.
«Para comprar divisas se necesitan bolívares, y para pagarlas también. Al elevar al máximo el porcentaje de captaciones del público que los bancos no pueden mover, se limita el otorgamiento de créditos en bolívares para la producción y el consumo, añade Álvarez, exministro de Industrias Básicas y Minería.
