Dos en uno, por Simón Boccanegra
1 El Director de este diario conversó con el fiscal a propósito de la grabación que difundió el canal 8. Isaías dijo que no podía hacer nada porque ese es un delito de acción privada. Sin embargo, en la «Ley sobre protección a la privacidad de las comunicaciones» se dice, en su artículo 9, que «se procederá de oficio (¿quién sino la Fiscalía?) si el presunto autor es o era en el momento de la interceptación: funcionario o empleado público (…) funcionario o empleado de los cuerpos policiales o de seguridad del Estado». Se equivocó el fiscal, pues. Ahora, dice que la Sala Electoral sobrepasó los límites de una medida cautelar y se pronunció sobre el fondo del asunto. El fiscal sabe que para motivar una medida cautelar y explicar su racionalidad es indispensable referirse al fondo del asunto. Se equivoca de nuevo. La Fiscalía es como los restaurantes, que en las cuentas nunca se equivocan a favor del cliente.
2 La mejor muestra estadística de que las firmas para el RR sobraron la da el enorme número de despidos de empleados públicos acusados de haber firmado. Si en el relativamente reducido universo de empleados públicos tanta gente firmó, imagínese cuántos no habrán firmado entre quienes no estuvieron sometidos a la amenaza de despido.
