Dos expertos de la Misión ONU sobre Venezuela presentan renuncias y alegan «dificultades»

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, en sus diversos informes orales ante el Consejo de Derechos Humanos, ha planteado el recortado financiamiento que reciben, así como las dificultades para acceder y evaluar la situación venezolana dentro del territorio y entrevistarse con las autoridades
Patricia Tappatá Valdez y Francisco Cox Vial, dos de los tres expertos de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentaron sus renuncias al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En sus escritos, alegaron «dificultades» para el cumplimiento de sus labores, en referencia a los recortes que enfrenta el organismo multilateral por falta de financiamiento.
El primero en presentar su renuncia el pasado 23 de septiembre fue Francisco Cox, abogado penalista chileno quien también trabajó en un Grupo de Expertos para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa (México).
En el escrito, el experto chileno dijo que su renuncia tendrá efecto a partir del 31 de octubre, y señaló que se debe a «otras obligaciones profesionales junto con la convicción de que he cumplido mi función» dentro de la Misión Independiente.
Asimismo, señaló que «nuevos ojos pueden contribuir mejor al cumplimiento del mandato de la FFM, sumadas a las condiciones en las que hemos tenido que trabajar durante este año han determinado esta decisión».
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Mientras que la defensora de DDHH Patricia Tappatá, quien integra la Misión desde 2021, afirmó en su carta que su decisión esta basada en «las continuas dificultades con que la Misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad».
La ONU atraviesa una crisis financiera debido a las demoras e impagos de los Estados miembros, entre ellos Venezuela, así como la falta de financiamiento externo, lo que ha obligado al recorte de programas de ayuda humanitaria, Grupos de Expertos y otros mecanismos independientes del organismo multilateral para atender situaciones de violaciones de derechos humanos alrededor del mundo.
Tappatá indicó que esta «precariedad» va en contra del trabajo de la Misión de Determinación sobre Venezuela, creada en 2019 y que depende de un «equipo profesional con conocimientos especializados y dedicación».
«La trágica y apremiante realidad venezolana exige no solo energía renovada, sino también mayor responsabilidad a los Estados que otorgan mandatos a las comisiones de investigación y a quienes deben asegurar la viabilidad y el funcionamiento de estos procedimientos especiales», sentenció la experta argentina.
Recordó además que durante su período se ha entregado «información cierta y precisa» sobre graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad. «Asimismo, cuando fue posible, documentamos las responsabilidades que le caben a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las violaciones (…) que tanto padecimiento provocan al pueblo» de Venezuela.
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La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, en sus diversos informes orales ante el Consejo de Derechos Humanos, ha planteado el recortado financiamiento que reciben, así como las dificultades para acceder y evaluar la situación venezolana dentro del territorio y entrevistarse con las autoridades.
Ambos expertos agradecieron al Consejo de Derechos Humanos por sus nombramientos, al igual que a su colega Marta Valiñas, quien preside el grupo, y el resto del equipo que integra este mecanismo independiente. También hicieron un «reconocimiento especial a las víctimas, personas anónimas y ONG de derechos humanos de Venezuela que continúan trabajando para documentar la situación venezolana en las condiciones más duras».
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