Economía criminal, por Bernardino Herrera León
Twitter: @herreraleonber
Por “economía criminal” se entiende la sustitución progresiva de la economía abierta —léase lícita — por actividades delictivas a una escala masiva y desde el Estado, a tal punto, que el botín obtenido por la delincuencia termina imponiéndose como la principal fuente de riqueza de una nación.
Todos los países, casi sin excepción, sufren del mal de la “criminalidad económica”. Las economías abiertas invierten considerables esfuerzos por establecer vigilancia y controles contra el nocivo impacto de los capitales mal habidos. Es inevitable que el dinero proveniente del crimen termine intoxicando a la economía sana, provocando distorsiones monetarias, inflacionarias, su ruina y hasta el colapso. Pero, al mismo tiempo, el crimen depende de las economías legales para existir.
El delito denominado “legitimación de capitales” solo es posible mediante grupos de delincuencia organizada, capaces de esconder, disfrazar o desviar los orígenes delictivos del dinero.
Se ha fortalecido como una industria criminal muy rentable, de relativo bajo riesgo, aunque nunca exenta de peligros en términos de violencia delictiva, como lo supone por ejemplo el narcotráfico.
La mayor fuente de los capitales delictivos proviene del tráfico de drogas. Se agregan la corrupción (referido a la esfera pública), el fraude (referido a la esfera privada), la venta ilegal de armas, el tráfico de órganos, la trata de personas, la clonación de tarjetas de crédito y débito, el secuestro y muchos delitos más. Requieren de una organización global y de un puñado de Estados-naciones cómplices.
Pero, ni siquiera aquí se alcanza el nivel de “economía criminal”, aunque sus delitos graviten en modalidades tales como: delitos financieros, cometidos en o desde los bancos; evasión tributaria, fuga ilícita de capitales al exterior, lavado de bienes y activos, abusos de funcionarios públicos, sobornos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y muchos otros.
La línea que separa a la corrupción de la criminalidad económica es delgada. Ambas prácticas perversas suelen cruzarse y confundirse con frecuencia.
Pensemos, por ejemplo, en el caso típico de criminalidad económica como el de Odebrech. Su oscura red se extendió por 12 países e involucró a importantes personalidades de la vida política de los mismos. Su modalidad fue simple. Consistió en crear una caja paralela, no declarada, cuyos fondos se usaban para el soborno y financiamiento selectivo de algunos políticos. Financiaban secretamente hasta a dos o más candidatos para un mismo cargo. A cambio, la empresa constructora obtenía contratos para obras de grandes dimensiones, que solían consumir varias veces el presupuesto inicial, bajo artimañas, pero abaratándolas con materiales y acabados de muy mala calidad. Los políticos apadrinados se hacían cargo de aprobar tantos presupuestos como fuera posible para una misma obra. En ocasiones la empresa, simplemente, abandonó las obras sin terminarlas, como lo hizo en el caso de Venezuela.
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Este procedimiento corrupto-delictivo tampoco es suficiente para alcanzar la escala de “economía criminal”. La corrupción es un mal que arrastran todas las sociedades humanas, sin excepción. Pero en muchos países la corrupción se comporta como esas enfermedades que se instalan en sus víctimas para vivir de ellas sin matarlas.
De algún modo la intensidad de la corrupción logra una especie de equilibrio que le permite existir en el lado oscuro de la economía, pero cuando se excede produce impredecibles crisis políticas, solo en las sociedades democráticas o semidemocráticas, claro está.
Los regímenes totalitarios gozan de mayor impunidad para delinquir, aunque estén obligados a guardar las apariencias y ordenar el fusilamiento de algún “corrupto” de vez en cuando.
La corrupción funciona estable mientras se mantenga agazapada e inadvertida. Pero cuando estallan los escándalos, como con el caso de los “Papeles de Panamá”, el mundo político se estremece, obligado a implementar medidas para restaurar la confianza o las apariencias del sistema. Nunca se sabe cómo termina un escándalo.
La criminalidad económica no se limita a la corrupción pura y simple. Abarca también empresas legales, forzadas al soborno y a evadir la legalidad para existir en un hostil escenario delictivo creciente. Pero tampoco logra llegar al concepto de economía criminal.
Una economía se convierte en criminal cuando el comportamiento delictivo y su mentalidad se transfiere al Estado mismo, cargando con la conducción de toda una nación y corroyéndola. Alguien podría alegar que esta definición se parece más bien al “Estado forajido”, un término que aún no logra formalizarse en el entramado institucional internacional. Ciertamente, se parecen.
El Estado forajido aplica a los gobiernos cuya trayectoria destaca por las constantes violación de los tratados internacionales, además de la agresión permanente al Estado de derecho, a los derechos humanos, entre otras prácticas políticas y sociales corrosivas. Pero, por muy forajido que sean, son gobiernos que viven y conviven en una economía abierta. Viven de los impuestos que pagan las empresas y los ciudadanos honestos.
La diferencia entre un Estado forajido y un Estado de economía criminal estriba en que este último se sostiene casi por completo de la actividad delictiva. Sus economías internas —las lícitas— colapsan o van hacia el colapso. En esos países la economía legal es una ficción.
Venezuela se ha convertido en un caso representativo de esta barbárica forma de gobernar. Sus gobernantes no son políticos, son delincuentes en toda forma. El socialismo y demás “causas sociales” que habitan en sus retóricas, son solo puestas en escena. Utilerías discursivas.
El propósito es delinquir, esta vez, desde el Estado. El bienestar del resto de la sociedad les tiene sin cuidado. Las demandas populares les molestan. Aunque hasta con eso de los subsidios alimenticios practican el fraude como negocio.
La pregunta de cómo fue posible que la histórica principal industria venezolana haya quebrado tan inexplicablemente, ya tiene una respuesta: economía criminal.
Volveremos la semana que viene sobre este importante y crucial tema.
Bernardino Herrera es Docente-Investigador universitario (UCV). Historiador y especialista en comunicación.
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